Preocupación entre los activistas tras la ejecución de dos desahucios en menos de un mes

Tras más de 10 años impidiendo la ejecución de los desahucios gracias a la presión social, los activistas creen que es necesario reorganizarse y reforzar las acciones de protesta para evitar nuevos lanzamientos.
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Tras el desahucio de Héctor en Gama, los activistas no ocultan su preocupación.  El de esta semana es el segundo que se produce en menos de un mes. El 27 de octubre, Jennifer y sus hijos eran desahuciados en Santander, después de que el despliegue de un cordón policial impidiera el acceso de los activistas convocados para frenar su desalojo.

En ese caso, la mujer, víctima reciente de violencia de género, se enfrentaba a su segundo lanzamiento de desahucio por el fondo de capital riesgo TISAD-VID,S.L., una entidad relacionada con el Grupo SADISA y su empresa ASCAN. La PAH denuncia la existencia de redes de alquileres falsos en la que ha caído Jennifer.

El caso de Héctor, en Gama, era distinto, pues  el origen del desahucio, según explica Roberto Mazorra, activista de Stop Desahucios, » tiene su origen en una compraventa fraudulenta de 31.000 euros por parte de una persona que ya ha sido denunciada por otros damnificados. La persona afectada pensó que estaba firmando un préstamo en forma de retroventa cuando era una compraventa normal y corriente».

Mazorra llama la atención sobre el hecho de que ayer, en Gama, el grupo que acudió para intentar frenar el desahucio, no superaba las 30 personas, «así es imposible impedir un desahucio ante un grupo numeroso de antidisturbios bien pertrechados».

Considera, además, «una vergüenza» que Héctor tuviese que pasar la noche en un calabozo cuando «estamos hablando de un delito leve, como es resistencia a la autoridad».

«O NOS PONEMOS LAS PILAS O NO PARAREMOS NINGÚN DESAHUCIO MÁS»

Mazorra lleva más de 10 años luchando contra los desahucios y reconoce que gracias a la presión ciudadana y a la convocatoria de las plataformas, siempre se había conseguido paralizar estas acciones. Sin embargo, el desahucio de Jenifer y sus hijas y ahora el de Héctor, presentan un panorama diferente que él achaca, entre otras cosas, a que la capacidad de convocatoria se ha reducido y a que «hay personas y colectivos que se deben creer que los desahucios se paran solos». Reconoce que también ha cambiado la estrategia en los juzgados «y en la Delegación del Gobierno», por lo que hace un llamamiento para que este tipo de respuesta ciudadana se realice de forma «más seria, organizada y mejor preparada».

Por todo ello, plantea la necesidad de convocar una reunión urgente con las plataformas, colectivos y todo aquel que quiera apoyar en estas acciones.

 

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