La Red Antidesahucios de Cantabria reclama protección para familias en riesgo de desahucio

Concentración frente a la Delegación de Gobierno en Santander para rechazar la actuación policial en los casos de la familia de Jennifer y la de Héctor, que acabaron fuera de sus casas pese a las acciones antidesahucios convocadas
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Los movimientos antidesahucios han decidido unir fuerzas en Cantabria para intentar defenderse mejor ante los lanzamientos hipotecarios que se siguen produciendo en plena crisis. Tanto la PAH de Santander, el colectivo Stop Desahucios y la asociación Juntas Lo Paramos Todo han formado la Red Antidesahucios de Cantabria, y este mediodía han acudido a la Delegación de Gobierno para poner el foco sobre la situación que viven las familias que pueden verse expulsadas de su vivienda.

El mejor ejemplo de ello son los casos de Jennifer y Héctor, una en Santander y el otro en Gama. Pese a que contaron su caso y estos colectivos acudieron a la convocatoria antidesahucios para defenderles, eso no ha sido suficiente y han terminado siendo desahuciados.

En el comunicado que han leído en la concentración, la Red Antidesahucios exponía lo siguiente:

En los dos últimos meses, la policía ha perpetrado, por orden judicial y por la acción u omisión de esta Delegación de Gobierno, el desalojo de dos familias vulnerables en Santander y en Gama. Las familias de Jennifer y de Héctor han quedado en la calle gracias a la absoluta connivencia de esta Delegación de Gobierno y a la extremada pericia de sus policías con las órdenes judiciales que ejecutan desahucios, saltándose a la torera precisamente las leyes aprobadas por el propio Gobierno de España.

Por eso, hoy nos reunimos aquí, el día de los inocentes, para denunciar que las últimas acciones policiales se han dirigido precisamente contra familias inocentes en riesgo de pobreza y exclusión social.

Nos referimos a los dos últimos casos de desahucios que se han producido en Cantabria, tanto en Santander como en Gama, donde el fuerte dispositivo policial impidió la acción de los ciudadanos que tratábamos de impedir los desahucios, logrando que se culminaran los desalojos de dos familias «en situación de extrema vulnerabilidad».

Los lanzamientos de Jennifer y Héctor han significado “un antes y un después” en Cantabria. Un cambio de tendencia que puede tener funestas consecuencias para las personas en situación de riesgo de desahucio en nuestra comunidad.

En el caso de Jennifer, el dispositivo antidisturbios de la policía nacional acordonó la zona desde primeras horas de la madrugada para desahuciar a una madre víctima de violencia de género y a sus dos hijas pequeñas, como si se tratara de un peligroso grupo terrorista. Algo que no había ocurrido hasta ahora en la ciudad de Santander. El objetivo, al parecer, era entregar la vivienda a los hermanos Díaz, propietarios a su vez de la empresa Ascan.

El lanzamiento de Héctor y de su madre enferma, en Gama, fue producto de la estafa de un prestamista asturiano. En este desahucio actuó el grupo antidisturbios de la guardia civil de Laredo con “inusitado entusiasmo”, utilizando sus escudos como cuña contra las personas congregadas y abusando de técnicas violentas para impedir el tapón que se formó en la entrada de la vivienda. Además, el afectado, Héctor, fue detenido y castigado con la retención ilegal en las dependencias de la benemérita durante 24 horas, a pesar de ser liberado sin cargos posteriormente por un juez. La actuación de la guardia civil es un claro caso de abuso de autoridad y de incumplimiento flagrante de la puesta a disposición judicial del detenido.

Los ciudadanos y las plataformas que formamos la Red Antidesahucios mostramos nuestra preocupación tanto por la “escalada policial”, que “reincide en la criminalización de las víctimas», como por la responsabilidad de la Delegación de Gobierno, que en su «papel de dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cantabria» ha mostrado una “negligencia política y una falta de ética dignas de resaltar”.

Asimismo, por último, queremos llamar la atención sobre el papel de los servicios municipales y autonómicos a la hora de proteger las situaciones de vulnerabilidad y precariedad, la insuficiente red de viviendas de emergencia habitacional y los incumplimientos flagrantes del Decreto de suspensión de los desahucios aprobado por el Gobierno central desde la pandemia y renovado en el día de ayer.

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