En la resaca de las presentaciones de los resultados bancarios (en las que afectan a Cantabria, Unicaja con un beneficio de 260 millones,  y también hemos conocido que cerró 400 oficinas en 2022, lo que supone una disminución del 29,24% ; y el Santander batió su récord de beneficios al ganar 9.605 millones de euros, un 18,2% más que el ejercicio anterior,…, ), la Plataforma de Pensionistas de Santander ha centrado en este sector su mensaje de este lunes en la concentración que tienen cada lunes en la Plaza del Ayuntamiento de Santander (que se produce además tras trascender el incidente con una concejala del PP que desembocó en una posterior, enseguida os contamos).

En el manifiesto,  criticaban la “insolencia” con que bancos y grandes empresas van presentando sus beneficios, en un ejercicio que tachan de “impúdico, impresentable, hasta criminal” e “injusto”.

Y enumeran prácticas como el “desmesurado” incremento de las hipotecas o que se empiece a cobrar por la disposición del  dinero (recientemente también llamaban la atención sobre las dificultades que ponen los bancos para la aprobación de la cuenta básica, es decir, una cuenta para situaciones de vulnerabilidad en la que no se debe, por ley, cobrar ningún tipo de comisión ni concepto económico alguno)

“Les están machacando” y “devastando”, insistían representantes de la plataforma, llamando también la atención sobre los problemas de brecha digital derivados de la atención telemática, por lo que, ante la inminencia del período electoral, el manifiesto de la Plataforma instaba, a los partidos a decir qué piensan al respecto.

La mirada a los bancos se suma a otras reivindicaciones, como que se iguale el salario mínimo con la pensión  mínima, además de la defensa general de lo público, tanto en las pensiones (ante el auge de las pensiones y seguros privados, “bocados muy buenos de negocio”) como en la sanidad.

En general,  y tras recordar que la reciente subida de pensiones no compensa los años de pérdida de poder adquisitivo, reivindican las pensiones como un derecho constitucional, no declarativo,  que critican que se conciba fuera de los presupuestos estatales, así como los intentos de “enfrentar” a los pensionistas con otros colectivos como el resto de asalariados o los jóvenes, en lugar de poner el acento en la necesidad de subidas salariales.

EL INCIDENTE

La concentración se producía tras trascender la semana pasada el incidente con una concejala de la parte del PP del equipo de Gobierno de Santander que acabó desembocando en una sanción.

Según explicaban a EL FARADIO los representantes de la Plataforma, incluido el que sufrió el encontronazo, lo que sucedió es que coincidieron dos concentraciones que conoce el Ayuntamiento de Santander: la de cada lunes de los pensionistas –que conoce porque se viene produciendo cada lunes desde hace cinco años–, y una de las que se convocan en apoyo a la comunidad ucraniana ante la guerra –que conocen porque son parte activa en ellas–.

Al ver ambas concentraciones según relataban, la concejala les pidió no sólo que callaran, sino que abandonaran el espacio y se llevaran la pancarta.

Ellos, recuerdan, no hubieran tenido problema en que ambas citas coexistieran porque llevan coincidiendo y respetando “cantidad de minutos de silencio”, tanto por la causa ucraniana como por otras que también se producen en la Plaza del Ayuntamiento, como las concentraciones ante cada víctima mortal de violencia de género.

Pero al darse el paso de pedirles que se marcharan y negarse, “sacó la artillería” llamando a la Policía, que les instó a irse y, ante la negativa, fue cuando pasó a considerarse un incidente ligado a desobediencia a autoridad que desembocó en la comunicación a Delegación de Gobierno, y la sanción (100 euros), que será recurrida y alegada, sin descartarse otras vías como una denuncia ante la Policía.

En el transcurso del incidente se les llegó a decir que carecían de permiso para estar ahí, algo que, remarcan, revela “desconocimiento”: en realidad, las concentraciones no se autorizan, sino que se comunican a Delegación de Gobierno a efectos meramente informativos, por lo que no sólo es que no se pida permiso sino que ese permiso no es ante el Consistorio que, en cualquier caso, lleva viendo semana tras semana que se produce la concentración sin haber dudado hasta la fecha sobre la existencia del trámite en cuestión.

De modo que el asunto ha acabado evolucionando, advierten, en una cuestión que va ya contra el derecho de reunión.