El Juzgado Nº 1 de Santander ha emitido una nueva sentencia condenatoria contra la empresa de repartos de productos Amazon en Cantabria. El magistrado condena en esta ocasión a AT Operalia a indemnizar con 6.250 euros a USO y a facilitar los acuerdos de empresa entre la mercantil y Areatrans.

En esta ocasión, los servicios jurídicos de USO Cantabria, dirigidos por Eduardo Porcelli, interpusieron demanda por vulneración de derechos fundamentales al no recibir información solicitada.

Según la sentencia, ha quedado acreditado que el delegado sindical solicito hasta en 3 ocasiones información sobre un acuerdo de empresas que suponía una reducción de actividad y una afectación de la situación económica de la empresa, la evolución de la actividad y el empleo.

El magistrado firmante de la sentencia concluye que la empresa “negó al delegado sindical de USO su derecho de información de forma continuada en el tiempo, de manera que no se trata de un hecho puntual, sino de una continuada actuación que vulneró su derecho fundamental de libertad sindical” en su vertiente de información.

Estos hechos han sido catalogados por el ponente como “falta grave” y condena en su grado máximo a la empresa, que intentó argumentar que la información debía darse a los delegados exclusivamente y no al sindicato en general (al Juzgado le resulta indiferente, y además recalca que quien lo solicitó era delegado en esos momentos), además de invocar argumentos relacionados a que los acuerdos con otras empresas eran de carácter económico y no laboral.

La empresa de reparto de Amazon en Cantabria viene acumulando sentencias en contra  que tienen como denominador común la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores.

Así., AT Operalia ya fue condenada por los despidos de 2 sindicalistas de USO en los momentos previos a la celebración de elecciones sindicales. En total más de 10 sentencias condenatorias en los últimos 2 años.

AT Operalia ha reducido plantilla tras una nueva política de subcontratación, teniendo un número cercano a los 70 trabajadores en la actualidad. La sentencia es recurrible en suplicación ante el TSJC.