La Plataforma de Pensionistas de Santander, integrada en la Coordinadora Cántabra por unas Pensiones Públicas y Dignas, ha denunciado ante la Policía Nacional las trabas que tuvieron el pasado mes de octubre para ejercer algo tan rutinario para ellos como la concentración semanal que llevan realizando cada lunes desde hace cinco años, y que desembocó en una sanción económica después de, tal y como vienen relatando, que la concejala del PP Lorena Gutiérrez les exigiera que la suspendieran y se marcharan de la plaza.

El relato de la edil ante los medios tras conocerse la sanción no ha hecho sino encender los ánimos, por lo que la Plataforma le insta a retractarse públicamente y, en ese caso, retirarán la denuncia.

En el relato de los hechos que viene en la denuncia reiteran lo que vienen contando estas últimas semanas: ese día su concentración semanal (cada lunes a mediodía desde hace cinco años) coincidió con otra, el minuto de silencio por la guerra de Ucrania.

Si bien las concentraciones se comunican a Delegación de Gobierno (se comunican, no se pide permiso para ella), el Ayuntamiento de Santander era conocedor de la existencia de ambas citas: la de los Pensionistas porque la tienen cada lunes enfrente, la de la guerra de Ucrania porque la respaldan cada vez que se produce.

Sin embargo, al ver ambas citas, la edil se dirigió a varios de los pensionistas, a quienes pidió que retiraran la pancarta y abandonaran la Plaza. (Más allá de problemas de orden público, el Ayuntamiento de Santander no tiene competencias ni sobre la Plaza, que es la calle y no puede pedir a la gente que la abandone, ni tampoco sobre una manifestación o concentración).

Uno de los pensionistas se negó a ello y entonces la concejala volvió ya acompañada de un policía local –el que controla los accesos al edificio del Ayuntamiento—y les instó a que retiraran las pancartas que habían enganchado a las barandillas de la entrada. Lo hicieron y pasaron a sostenerla con las manos, continúa la denuncia.

Lo que no hicieron fue marcharse de la plaza ni suspender la concentración (algo que no se les puede pedir desde una administración, mucho  menos desde la municipal, en todo caso hubiera sido la estatal, y, si acaso, la Policía Nacional, pero si se estuviera dando algún tipo de problema de orden público, extremo que no se produjo ni se ha producido en los cinco años que vienen concentrándose, como corroborará cualquier paseante santanderino por el centro). Eso les valió un aviso del agente. Días después les llegaría una sanción, ante el traslado policial de esta circunstancia.

En su denuncia, se ven obligados a recordar la obviedad de que una concentración, una manifestación, son cuestiones que suponen un elemento básico e importante en las sociedades democráticas, clave en el pluralismo político que caracteriza a las democracias, y por eso las protegen los derechos y libertades de reunión, expresión o participación.

Por eso consideran la orden de la concejala un “ataque” y “limitación injusta” a su libertad y a este derecho, y lo denuncian ante la Policía para que inicie diligencias.

El relato de la concejala en medios ha tratado de minimizarlo y negarlo, por lo que los pensionistas le responden que sus declaraciones “ no se ajustan a lo ocurrido, y no nos queda más remedio que actuar por la vía penal en defensa del derecho fundamental de reunión y del bien hacer de los y las pensionistas cada vez que nos manifestamos en defensa de las pensiones públicas y dignas y de todos los servicios públicos”, advierten.

Y añaden que si se retracta, la Plataforma “está dispuesta a renunciar a esta denuncia”. “No tenemos más interés que el comentado anteriormente”, apostillan, ya que su único interés es “defender unos derechos que son necesarios y fundamentales para que la vida de las y los pensionistas sea digna”.