Una empresa investigada por la UDEF y Hacienda obtuvo 225 contratos con la Administración en menos de siete años
El Gobierno de Cantabria se acaba de encontrar con una presunta trama de corrupción en la Consejería de Obras Públicas. La persona detenida es el Jefe del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, Miguel Ángel Díez. Fuentes expertas en esa Consejería consultadas por El Faradio confirman que el trabajador que esta mañana no acudió a su puesto de trabajo, como contaba el consejero José Luis Gochicoa, es el detenido por las fuerzas del orden.
Una mañana de mucha tensión por los registros que se han practicado en la sede de Obras Públicas, pero también en varias empresas de Cantabria, donde se han producido, al menos, otras siete detenciones más. Los nombres que han aparecido publicados en prensa son los de Rucecan, La Encina y Api.
En el portal Contratos de Cantabria, puesto en marcha por el ingeniero Jaime Gómez-Obregón, se pueden consultar los contratos suscritos por estas empresas con distintos estamentos de la Administración regional.
La promotora y constructora Rucecan, con sede en Torrelavega, es la que más contratos habría obtenido de entre esas tres empresas. Entre el último trimestre de 2014 y el primero de 2021 ha recibido 225 contratos, que suman una cuantía económica de más de 17,5 millones de euros. Y hubo otros 78 concursos a los que se presentó, pero que no consiguió ganar.
Llama la atención el año 2019. Fue, con diferencia, el año en que más contratos consiguió, y con unas cuantías muy superiores a lo habitual. Fueron 62 contratos y más de nueve millones de euros.
Aunque son varias las Consejerías del Gobierno con quienes ha suscrito acuerdos, destaca de manera evidente su relación con Obras Públicas, pues con ella ha logrado 181 contratos en ese periodo inferior a siete años que se puede comprobar en dicho portal.
En el último periodo que se puede consultar, el primer trimestre de 2021, fueron cinco las adjudicaciones que obtuvo, cuatro de ellas con Obras Públicas, aunque el más cuantioso fue con la Consejería de Educación, al hacerse cargo de las obras de ampliación de un colegio público de Penagos, por un valor de más de 466.000 euros.
Api Movilidad es una empresa especializada en la señalización de carreteras, que tiene sede en Madrid, pero también una delegación en el Polígono de Raos. Tiene relación con varios ministerios y multitud de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En su caso, desde el inicio de 2015 hasta el primer trimestre de 2021 consiguió 131 contratos con el Gobierno de Cantabria (frente a 41 concurso donde no lo consiguió), por un total de casi 14,9 millones de euros.
En este caso también ha habido relación contractual con varias Consejerías, pero de nuevo son mayoría los suscritos con Obras Públicas, 108 de los 131 . Y en el primer trimestre de 2021 fueron seis las adjudicaciones que consiguió, todas con la misma pata del Ejecutivo. Curiosamente, en este caso también destaca 2019 como el año donde hubo más actividad, con 44 contratos y más de 6,6 millones.
Por lo que respecta a La Encina, si se suman los contratos en los que figura sencillamente con ese nombre y los que están a nombre de Centro de Jardinería La Encina, tenemos un total de 45 contratos conseguidos a través del Gobierno de Cantabria, entre el último trimestre de 2015 y el primero de 2021. De los 45, 42 fueron con Obras Públicas.
Esta empresa tiene su sede en Puente Arce, y también ha sufrido los registros de UDEF y Agencia Tributaria. En su caso, las adjudicaciones durante más de cinco años suman un valor de cerca de 4,7 millones de euros. En este caso resalta más que sólo ha habido cinco concursos a los que se presentó la empresa y no los consiguió.
El dato que más ha trascendido de esta investigación es que Miguel Ángel Díez está al frente de esta presunta trama, por el dinero, 400.000 euros, que se habría encontrado en su domicilio, y por los 10 años de contratos que se han estado investigando y donde han sido numerosas las irregularidades.
— Gobierno Cantabria (@cantabriaes) February 22, 2023
