El proceso de licitación y adjudicación de una obra no es sencillo: de las conversaciones que está contando EL FARADIO entre el funcionario Miguel Ángel Díez, detenido e investigado por la adjudicación de obras a empresas en base a sus informes (API, RUCECAN, LA ENCINA) se desprende que los intentos de influir en el proceso requieren una serie de conocimientos más técnicos y también sobre los propios procesos de contratación, razón de muchas de sus conversaciones.

A lo que se suma la acumulación de problemas tecnológicos para poder incorporar o subir toda la documentación necesaria requerida en los pliegos (el documento en el que la Administración marca las condiciones que debe cumplir una empresa que quiera hacer una obra).

El funcionario, en su condición de jefe de Servicio de Carreteras, estaba pendiente durante el proceso de cualquier incidencia que pudiera afectar a la adjudicación final.

Así, en el complejo contrato que dieron en llamar actuaciones urbanas, comprobó que faltaban papeles por parte de RUCECAN, una constructora adjudicataria recurrente en ese área de la Consejería de Obras Públicas.

En concreto, el contrato se denominaba formalmente “Conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos anexos a las carreteras autonómicas, de urbanización, ornamentales y de protección en diversas carreteras autonómicas dependientes de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo’, por un importe de 4,8 millones de euros a 4 años.

Y en una de las transcripciones incluidas en el sumario, al que ha tenido acceso EL FARADIO, el Díez avisó al de RUCECAN de que cuando se puso con el informe final, la empresa no había subido la memoria de la zona centro.

Y tampoco tenían el plan de calidad, en ninguna de las zonas (documento que supondría 10 puntos a sumar a la adjudicación), dándole instrucciones concretas de que lo comente con Contratación y de que lo mire en el Registro

“YO TE VOY A PUNTUAR LO OTRO ALTO (…) A VER SI UNA U OTRA TE LA PUEDES QUEDAR»

En cualquier caso, el funcionario se plantea el Plan B, («vamos a pensar en que no está, que esto son 10  puntos»), y le pregunta más detalles de lo presentado de cara a conocer cómo comportarse cuando haga el informe.

“¿Qué baja le cascaste tú?”, le pregunta a Elías de RUCECAN, que no lo recuerda en ese momento.

La baja, es decir, una rebaja de las cantidades económicas que plantea la empresa frente a lo propio que marca la administración, suma puntos porque el diseño de los concursos mira también cuál es la opción más económica para la institución.

Por tanto, jugar con la baja  permite compensar problemas de la oferta más técnica, si bien, de ahí muchas de las conversaciones, con el riesgo de que la baja fuera tan alta que al hacer la obra perdieran dinero –de hecho RUCECAN preguntó en otro contrato si podía haber modificados, es decir, sobrecostes, o que alguna empresa no prevista en los acuerdos –lo que los investigadores llaman conciertos o concertación-  fuera con una baja mayor).

“Yo te voy a puntuar lo otro alto, lo otro lo tienes, pero claro, hay 10 puntos del plan de calidad (…) Esto es la polla bendita, a ver si una u otra te puedes quedar, ¿vale?”, tranquiliza Díez al de RUCECAN, que en otra conversación le pregunta si «habrá algo que hacer o no habrá nada que rascar», ya que el funcionario veía que «estaba complicado».

Miguel Ángel tiene claro de que el asunto tiene sus complicaciones, y que él no puede «no puede meterse en ese lío porque no les interesa a ninguno», que «a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra». A lo que Elías le dice que no, que complicaciones cero.

En sus conversaciones ambos hablan abiertamente de que un error al no enviar correctamente la documentación que faltaba por adjuntar.

El funcionario le advierte de que «da igual de quien sea el error», porque los dueños son ellos y los que pierden son ellos. Con todo, ve «probable» que se quede con alguna, pero no la Occidental: esa será para API, que logró los 26 puntos que hubiera tenido RUCECAN «si se hubieran hecho las cosas bien». «Ni tan mal» si se consiguen quedar con la Sur, apunta Elías.

RUCECAN,EXCLUIDA E INCLUIDA OTRA VEZ

Y lo que sucedió al final, lo que reflejan los papeles, es que durante el proceso, que atraviesa varias fases, se excluyó a varias empresas por no cumplir las condiciones.

En concreto, fueron CUEVAS GESTIÓN DE OBRAS y la propia RUCECAN, que iba en UTE (Unión Temporal de Empresas) con ASFALTOS DE CAMARGO.

Pero, posteriormente, en una reunión de la Mesa de Contratación se procedía a abrir uno de los sobres, pero también a realizar una serie de correcciones.

Así, se rectificó la exclusión de la UTE RUCECAN, S.L.- ASFALTOS DE CAMARGO S.L debido a que se entendió que la huella electrónica que había presentado era válida y a que no es que se hubiera presentado la documentación duplicada, sino que había enviado la documentación por separado en dos archivos.

El concurso luego experimentaría problemas con el recurso de los constructores, que desató las cábalas sobre que empresa en concreto estaría detrás.