La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, que desde hace una década atiende a personas desahuciadas o en riesgo de desahucio,  lamenta que la forma en que se aborda la vivienda en el pacto alcanzado la semana pasada para la futura ley estatal entre los partidos de Gobierno y del bloque de investidura (PSOE y Unidas Podemos, ERC y Billdu) siga considerando pisos y casas como un “producto de consumo”, ,en lugar de entender que la vivienda “sólo debe servir para satisfacer una necesidad vital y universal para todos los españoles”.

Para el colectivo antidesahucios, el acuerdo “puede suponer una gran patada en la cara para los millones de españoles afectados por el problema de la vivienda”. “Será un desastre, si lo llevan así al BOE. Que no lo lleven.  Así no”, apuntan, instando a las formaciones a que “aprovechen el tiempo que queda , y queda suficiente, para solucionar y subsanar algunas de las graves carencias que ese acuerdo tiene”.

Tal y como reivindican, el texto “debe consagrar el carácter social de la vivienda,  supeditando su uso a ése fin , y evitar e impedir que se utilice para especular”. Que es lo que se consigue, recalcan, “ manteniendo miles de viviendas vacías y sin uso, con el fin de que el resto suba de precio”, algo que pasa tanto en venta  , como en alquiler “haciendo imposible el acceso a la vivienda de miles de personas” aunque trabajen y dispongan de una nómina.

Asimismo, recuerdan que el artículo 47 de la Constitución proclama el derecho a la vivienda,  si bien objetan que “ese derecho no puede ser considerado como tal si quienes no pueden ejercerlo tampoco pueden reclamar ante los tribunales”, porque “en gran parte de España un ciudadano puede ser desahuciado , pero no puede reclamar a los responsables , poderes públicos,  por no poder acceder al uso de una vivienda, por no recibir una alternativa habitacional”.

Del mismo modo, critican que el acuerdo “tampoco protege a personas vulnerables frente a desalojos forzosos”, ya que “tan sólo alarga los plazos para ser desahuciado,  pero ni se impide  ni garantiza una alternativa habitacional”.

ELECTORALISMO

Y además llaman la atención sobre el “marcado carácter electoralista” de la “puesta en escena” del acuerdo, recordando que las competencias en la materia están transferidas a las comunidades autónomas.

También ven electoralismo en el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de destinar a alquileres asequibles 50.000 viviendas de la SAREB, el banco malo: “¿qué ha cambiado para que ahora el sr. Sánchez acepte y anuncie una medida que la PAH Santander reclamó hace ya 5 años?”. “Las elecciones del 28 de mayo”, evidencian.

SIN LEY EN CANTABRIA

Finalmente, concluyen que “tampoco disponemos aún de una ley de vivienda para Cantabria” (la elaboró y aprobó el Gobierno, pero no fue aprobada en el Parlamento  y la legislatura, en lo relativo a la tramitación legislativa, ha finalizado

Al hilo, señalan que recientemente se produjeron comparecencias parlamentarias  para que diversas asociaciones,  partidos políticos,  sindicatos y la propia Dirección General de Vivienda defendiesen su postura y alegaciones.

La PAH recalca que ellos también presentaron sus alegaciones y sin embargo no se la invitó a defenderlas.

“¿Se imagina alguien que para hablar de medicina,  se invitase a las farmacéuticas,  pero no a los médicos, sanitarios y pacientes?”, comparan.

LA AGENDA DE LA PAH PARA LA CAMPAÑA

La PAH ha mantenido reuniones con partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas y municipales, en concreto con PSOE, PODEMOS-IU, CANTABRISTAS y CIUDADANOS, y están a la espera de que les conteste el PRC.

A ellos les han planteado un documento con tres apartados diferentes:

– 14 puntos concretos que  debe incluir la ley de vivienda para Cantabria.

– Un protocolo antidesahucios y de emergencia habitacional,  a desarrollar por todos los pueblos de Cantabria,  individual o de forma mancomunada, en función de necesidades.

– Una serie de medidas de choque para hacer frente a una verdadera situación de emergencia.