La semana concluía para las trabajadoras de DIGITEX, el centro de teleoperadoras en Maliaño –la antigua UNITONO, ahora en manos del potente grupo COMDATA, a su vez ligado a fondos financieros-  con la última de las reuniones para negociar el traslado de la actividad a Jaén o Barcelona, lo que aboca al despido a aquellas que no acepten mover toda su vida y familia a otra comunidad autónoma.

La última de las citas de lo que siempre han visto como un ERE encubierto no basado siquiera en malos resultados económicos, sino en una alegada necesidad de concentrar sedes que sólo afecta a una, ha finalizado sin acuerdo entre las partes.

Con todo, la empresa, pese a la falta de acuerdo, ha incluido algunas mejoras en el denominado plan social, las medidas con las que intenta compensar todos los problemas y gastos extra que supone una mudanza: desde extender a todo un año el complemento de 300 euros al mes hasta ampliar los plazos para comenzar todo hasta junio, en cuanto acabe el curso escolar, para que al menos el proceso de traslado no se haga con ese trastorno para las familias.

El sindicato CGT añade en un comunicado que la empresa no se está encargando de mirar cuáles son las posibilidades de las familias que decidieran trasladarse. En el caso de Jaén, son 103 los puestos de trabajo que se mueven hacia allí, y «sin comprobar la oferta de vivienda que hay en La Carolina». Ese es el municipio donde tendrían que moverse, y cuenta con menos de la mitad de población que Camargo (los otros 56 empleos se marchan a Viladecans, en el área metropolitana de Barcelona, municipio más poblado que Torrelavega).

Además, el sindicato añade que la decisión de Konecta afectaría a 96 hijos del personal de Digitex, 60 de ellos menores, y también «sin comprobar que tengan centro educativo donde ir». Por eso acusan a la compañía de «falta de responsabilidad social» y proponen medidas cautelares para «proteger a estos menores que no tendrían oferta educativa».

Será la semana que viene cuando se les notifique la movilidad y cuando la acepten o no. En la plantilla ha cundido el malestar por verse tratadas como “ganado”, como decía gráficamente una de las pancartas de la concentración de apoyo a las puertas del hotel NH en Menéndez Pelayo donde se vienen desarrollando las negociaciones.

PROTESTA ANTE VIVIENDA

En la misma mañana de este viernes, colectivos antidesahucios se concentraban ante la sede de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, en la Rampa Sotileza.

Lo que demandan es que se incrementen las medidas de alternativa habitacional en casos de emergencia, es decir, las viviendas disponibles para alojar a personas que sean víctimas de desahucio.

Asimismo, planteaban el desahucio, la próxima semana, el jueves, del veterano activista por la vivienda, muy implicado en estos colectivos, Roberto Mazorra.

DE LA INDUSTRIA A LOS SUPERMERCADOS

En el resto del panorama laboral, mientras tanto, el consejero de Industria, Javier López Marcano, se reunía  con los representantes de los trabajadores de SIDENOR, un día después de su reunión con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a quienes trasladaba a su vez el contenido de la primera reunión del grupo de trabajo creado con la Dirección de SIDENOR para analizar las inversiones proyectadas por la empresa y su posible encaje en las convocatorias de ayudas que tiene abiertas el Gobierno de Cantabria.

11:00.- Despacho del consejero (PCTCAN). El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, recibe al Comité de Empresa de Sidenor. 11 de mayo de 2023 © Raúl Lucio

Desde la Consejería de Industria se ha venido instando a la empresa a comunicar lo antes posible sus planes inversores al comité, una vez que cuenten con la madurez y el nivel de detalle necesario. Además, López Marcano se ha mostrado favorable a que en caso necesario se promuevan encuentros a tres partes a través de la Mesa de Diálogo Social, con participación de los órganos competentes también de la Consejería de Empleo

Por su parte, los sindicatos UGT y Sindicato Unitario de Cantabria (SUC) y las patronales de Detallistas de Alimentación han suscrito hoy un principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo de los supermercados y tiendas de alimentación de Cantabria con una vigencia de cuatro años (2023-2026), que afecta a más de 4.000 trabajadores y trabajadoras y subidas salariales de un 5,7%, mientras que CCOO anuncia que trabajará por revertir los cambios introducidos sobre categorías y fijos discontinuos.

LAS URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA, MÁS CERCA DE LA HUEGA

El Comité de huelga de CSIF-Cantabria y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que se encuentran a horas de iniciar su primera jornada prevista de huelga, explican que continúan sin noticias de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

A pesar de que el martes han mandado una nueva propuesta pormenorizada con posibles soluciones a sus reivindicaciones, desde el pasado lunes no ha habido ningún tipo de contacto por parte de la Administración.

Esta falta de avances en las negociaciones ha motivado que se vean obligados a suspender una Asamblea que tenían prevista a lo largo de esta mañana en el Colegio de Médicos para comunicar dichos avances y valorar posibles soluciones de cara a evitar la huelga. De este modo, la poca esperanza que tenían de llegar a un acuerdo, a estas horas, es «prácticamente inexistente».

Mientras, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) reclamaban en la equiparación salarial en la dependencia, ya que se trata de un servicio público prestado por entidades privadas, poniendo como ejemplo que un gerocultor de una entidad privada recibe un salario de 1.085 euros frente a los 1.398 que percibe un auxiliar de Enfermería del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, además, trabaja 220 horas menos al año, lo que hace que muchas no quieran trabajar en el sector.

Finalmente, más del 90% del personal de Justicia ha secundado la quinta jornada huelga completa en Cantabria, la cuarta del mes de mayo, convocada por los sindicatos del sector, CCOO, UGT, CSIF y STAJ, que han anunciado que la huelga será indefinida a partir del 22 de mayo si el Ministerio de Justicia no lanza una oferta económica que pueda abrir la negociación.