La plantilla de Digitex se vuelve a concentrar y celebra las medidas cautelares autorizadas por la Justicia

A la espera de lo que pueda recurrir la empresa, el traslado hacia Jaén y Barcelona ha sido paralizado por el Juzgado de lo social nº4 de Santander
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En septiembre se producirá el juicio en el que se valorará la legalidad de la decisión del grupo Konecta de llevarse la actividad laboral de la antigua Unitono de Maliaño hacia el municipio de La Carolina, en Jaén, y hacia el de Viladecans, en Barcelona. Pero, antes de eso, los sindicatos solicitaron medidas cautelares para que el traslado de actividad se detuviera en lo que se celebra ese juicio posterior.

Por eso, la concentración de este viernes por la tarde, frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, junto a la Plaza Porticada de Santander, fue d reivindicación, pero también de celebración por esa decisión judicial, que supone una primera victoria para las trabajadoras de Digitex.

Decenas de personas cortaron la calle Calvo Sotelo para volver a hacer oír su sentir ante la amenaza de perder sus puestos de trabajo. Críticas hacia la compañía por su decisión unilateral, pero esta vez con un poco más de fuerza, la que les da una sentencia que frena las intenciones de Konecta (que se fusionó recientemente con Comdata, quien gestionaba anteriormente ese centro laboral, formando un grupo que tiene la presencia del fondo de inversión británico ICG).

En el auto judicial se reflejan las razones expresadas por la empresa para dar por buena la decisión del traslado a cientos de kilómetros de distancia. La primera que aparece es que la organización del trabajo en numerosas plataformas de pequeño tamaño y dispersas geográficamente supone un problema para la empresa, porque no consigue ser tan eficaz aprovechando sus recursos. Sin embargo, en la propia web del Grupo Konecta aparece un listado de 21 lugares, sólo en España, donde tiene presencia. Cinco de ellos están en Andalucía y dos en Cataluña, las Comunidades a las que pretende mover la actividad de Maliaño la empresa.

El segundo argumento del grupo es querer concentrar su actividad en plataformas más grandes. En Maliaño hay 159 puestos de trabajo y, según Konecta, es sólo uno de los tres lugares de trabajo que tiene por debajo de 200 empleos. Considera que eso les hace tener una desventaja competitiva, pese a que el trabajo que se realiza allí es contact center, contestar llamadas telefónicas.

En tercer lugar, el grupo empresarial esgrime que los dos únicos clientes a los que da servicio en Maliaño son Caixabank y Naturgy, y que ambos piden ese traslado de actividad a los centros de Jaén y Barcelona. También argumenta que no tira de los otros dos centros de menos de 200 trabajadores porque en uno, Aranda de Duero, se trabaja, en parte, en modalidad de teletrabajo, y en otro, Granada, cinco de sus ocho clientes no trabajan para otras plataformas de la compañía. Los sindicatos presentes en Digitex ya han ofrecido también que se puede trasladar el trabajo de Maliaño a otro sitio y que aquí podría venir algún otro servicio, porque ya están acostumbrados a trabajar para muchos clientes a lo largo de casi dos décadas.

Por último, Konecta dice que el propio teletrabajo es un problema (pero lo aplican en Aranda de Duero), a nivel organizativo, para dotar a los empleados de las herramientas necesarias o por la propia motivación de la plantilla. Sin embargo, lo aplicaron durante la pandemia y la plantilla afirma que fue una buena solución. Y tampoco piden que esa tenga que ser la solución completa, sino que puede haber rotaciones para que siempre haya personas que trabaje de manera presencial y otras a distancia.

El cúmulo de explicaciones y argumentos no ha surtido el efecto deseado para la empresa. El juez explica en su resolución que algunos de los argumentos no están suficientemente fundamentados, y estima el perjuicio para la plantilla, con la obligación de mudarse para conservar el puesto de trabajo, y eso conlleva perjuicios, especialmente para quienes tengan familia con hijos en edad de escolarización.

Por eso acepta las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos, y añade que sólo cabe recurso de reposición ante el mismo tribunal, indicando los errores en que pudiera incurrir la sentencia, en un plazo de tres días que empezaría a contar hoy.

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