El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 12 situadas en Cantabria. Entre sus principales conclusiones, destacan:

Durante 2022 la calidad del aire en Cantabria ha empeorado respecto a los años 2020 y 2021, con un aumento significativo de los niveles de ozono y más matizado de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2), aunque sin alcanzar estos dos contaminantes las concentraciones habituales en años anteriores a la pandemia.

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2022 a la totalidad de la población cántabra, así como a los 3.500 kilómetros cuadrados de la Cantabria Interior, el 67 % del territorio.

Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las recomendaciones de la OMS, no habría población que respiró aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los límites legales. Si bien las partículas PM10 excedieron dichos límites legales en la estación del puerto de Santander.

Cuatro de cada diez cántabros respiraron en 2022 un aire que incumpliría los nuevos estándares legales propuestos por la Unión Europea para 2030, en el proceso de revisión en curso de la normativa de calidad del aire, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la futura legislación.

El año 2022 fue muy seco y el más cálido en España desde al menos 1961. La estabilidad atmosférica activó los episodios de contaminación por partículas, en su mayor parte procedentes del norte de África. El extremado calor estival contribuyó al aumento del ozono, en especial durante las olas de calor de junio, julio y agosto. El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire.

No obstante, el factor esencial para explicar el repunte de la contaminación atmosférica durante 2022 es la recuperación de la movilidad motorizada y de la actividad económica previas a la pandemia de la COVID-19.

La contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, cada año fallecen prematuramente 25.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 10.000 de ellas en episodios de alta contaminación, según el Instituto de Salud Carlos III. El empeoramiento de la situación en 2022 es en este sentido una pésima noticia.

Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan según el Banco Mundial 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

La información a la ciudadanía por las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El Eurobarómetro sobre la calidad del aire de abril de 2022 revela que el 61 % de los españoles se consideran mal o nada informados.

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. El Ayuntamiento de Santander carece de un protocolo frente a episodios de contaminación como los que periódicamente afectan a la ciudad, en situaciones meteorológicas estables.

La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio. También es necesario promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, designar un área de control de las emisiones del transporte marítimo en el Atlántico Noreste, y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas.

Vencido hace medio año el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, pocas han cumplido esta obligación legal, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para ello. Ecologistas en Acción pide a los nuevos alcaldes que prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados.

La crisis sanitaria de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales. El repunte en 2022 de la contaminación del aire es un indicio preocupante de que no hemos aprendido lo suficiente de la dramática experiencia vivida durante la pandemia.