Hace poco más de dos meses se produjo el desahucio de Roberto Mazorra en Santander. Un activista de largo recorrido en temas de vivienda y que no pudo evitar, pese a la convocatoria de Stop Desahucios que hubo para que otros activistas acudieran.

Esta misma semana le ha llegado a Javier González de Soto una multa de 600 euros por estar allí. La Policía Nacional identificó a otros activistas, por lo que se teme que no sea la única sanción resultante de lo que se vivió aquella mañana.

Este activista se reivindica como alguien que lucha por cosas que cree que no son justas, pero lo hace de una manera pacífica. Y en una cuestión como un desahucio, piensa que es mejor defender a alguien a quien van a echar de su casa que no a inversores o especuladores que buscan un lucro económico, aunque eso conlleve someter a personas en situación de vulnerabilidad a una situación de máximo estrés.

Este es un caso que sensibiliza aún más a González de Soto, por ser Mazorra alguien que ha ayudado a muchas personas que tenían ante sí la amenaza de un desahucio.

Este activista cuenta que el simple hecho de «ayudar a alguien a sacar sus enseres al portal es duro» y ver cómo esa persona va vaciando su vivienda por si se produce el peor desenlace «es algo que estremece», como refleja en una entrevista concedida a EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM.

También se queja del trato que recibe la persona o la familia con la fecha de lanzamiento y los activistas que acuden a darles su apoyo. «La comitiva hace su trabajo sin mucha sensibilidad». Y la Policía se emplea a fondo, algo que están advirtiendo los colectivos antidesahucios desde hace algún tiempo. Dispositivos cada vez más grandes y que cada vez llegan antes a la dirección marcada, en un intento de evitar que varios activistas accedan a la casa antes que ellos.

«Somos pacifistas, no vamos pegando a nadie», dice González de Soto. Sin embargo, aquella mañana veraniega de julio, se encontró con unos modos muy agresivos. Relata que «me fui escaleras arriba para que no me pegaran. Un agente me dijo que bajara, me metí las manos en los bolsillos y obedecí. Cuando llegué a su altura me enganchó del cuello de forma bruta para hacerme daño y me agarró del brazo con la misma intención. No sé por qué a un ciudadano que te está obedeciendo hay que hacerle daño».

Precisamente por haber visto esta actuación, cree que la Delegación de Gobierno debería dedicar más recursos a la formación de los agentes, tanto en temática de derechos humanos o en el trato a la ciudadanía. «Tienen que aprender a distinguir cómo tratar a un delincuente y cómo tratar a un ciudadano», reivindica.

Piensa que con este tipo de comportamientos es difícil que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consigan tener una buena imagen en la sociedad, por mucho que se insista en el mensaje de que todo lo que hacen ellos está bien y lo que hacen las personas que protestan está mal.

En el caso concreto de la vivienda, lamenta el relato que se construye entorno a la ocupación, no ya sólo porque se exagere el problema, sino porque se insiste en la necesidad de «tratar con mano dura a los ocupas y se trata como ocupas a todo el mundo».