El juicio contra las participantes en una acción antidesahucios en Astillero en 2020 será el 14 de noviembre
En el verano de 2020 se produjo un desahucio en Astillero y para evitarlo se convocó un STOP Desahucios, una acción en la que ciudadanos tratan de frenar la expulsión de la vivienda. Ese día, frente a la tónica habitual en esos momentos, el desahucio se consumó, y además varios participantes fueron detenidos. Para apoyarles y denunciar las dos circunstancias, el desahucio y la represión, surgió la plataforma ‘Juntas lo paramos todo. Ni desahucios ni represión’
Tras un largo período previo, ya se conoce la fecha para el juicio: será el 14 de noviembre, según ha avanzado la plataforma, que añade que la Guardia Civil pide dos años de cárcel para cada uno y, por su parte, la Fiscalía pide un año y 8 meses.
Acusados de tirar vallas, provocar lesiones en la mano de un Guardia Civil o romper un casco, cuando, según recalcan, el miembro del colectivo fue “arrastrado por la fuerza por la Guardia Civil hacia dentro del portal”, esto es donde no se podía “ver lo que pasaba”, donde, añaden, fue agredido e insultado, sin que la denuncia que él interpuso como víctima fuera aceptada. Al respecto, critican el “trato desigual” que han sufrido frente a sus denunciantes, que pudieron declarar por escrito. Lo que plantean es que la acción de tirar la valla, que causó lesiones a un agente según se plantea, no tuvo la intención de hacer daño.
Desde el colectivo ponen el acento en lo que originó todo, los desahucios, la dificultad del acceso a una vivienda y de afrontar el pago cada vez más elevado de alquileres e hipotecas, así como el “chivo expiatorio” de la ocupación –estadísticamente irrelevante en Cantabria- para “desviar la atención” de las prácticas de expulsión de vecinos por parte de fondos de inversión o entidades bancarias.
Según recuerdan, aquel día de julio de 2020 se consumó el desahucio al impedirse el acceso a las personas al portal, algo que veríamos después que volvería a pasar en 2022 con los desahucios de Jenni o Héctor, en Gama.
Asimismo, inciden en que estas convocatorias para frenar desahucios son el “último recurso” para “impedir lo que a veces no es posible conseguir previamente con otras formas de presión y denuncia”, recordando que los colectivos de vivienda, como la PAH o STOP DESAHUCIOS, realizan un trabajo cotidiano de apoyo y asistencia a afectados en momentos de extrema preocupación.
“Cuando no quedan más opciones, no queda más remedio que acudir a portales y puertas para impedir ese hecho tan violento como es dejar a gente sin casa habiendo tantas casas sin gente”, señalan.
En cualquier caso, abogan por no ver lo sucedido como “un hecho aislado”, sino que lo enmarcan en una “hostilidad permanente” contra el movimiento de vivienda y sus integrantes: sin ir más lejos, recientemente se ha conocido la sanción de 600 euros a uno de los participantes en la acción para tratar de frenar el desahucio del activista Roberto Mazorra.
Y advierten: “estos lanzamientos se van a seguir dando por muchas leyes de vivienda que se aprueben parcheando las consecuencias de este sistema económico, puesto que el problema radica en la consideración de las viviendas y los hogares como una mercancía y no como un derecho o necesidad que cubrir para todas las personas”.
La represión, apuntan, es la otra cara del problema, que persigue “abocar a las personas que la sufren a tirar la toalla y apartarse poco a poco a través del aislamiento y la desilusión”.
Por tanto, animan a trabajar en el apoyo y los cuidados mutuos en las organizaciones, así como a la participación en la lucha contra injusticias.