Los abogados del turno de oficio, que mantienen una convocatoria de huelga por la situación de precariedad económica y de recursos en que desarrollan su trabajo, han criticado que el nuevo decreto anunciado por el Gobierno para regular su situación se esté redactando “a sus espaldas”.

El turno de oficio es como se llama comúnmente a quienes materializan el derecho constitucional de acceso gratuito a la justicia, esto es, a garantizar que quienes no tengan recursos para pagarse un abogado puedan defender sus intereses cuando necesiten recurrir a los tribunales. El gratuito es para el usuario, pero sigue suponiendo trabajo para los profesionales, que se lo restan a otros casos.

Los abogados llevan tiempo advirtiendo de los retrasos en los pagos, de la falta de actualización de las tarifas, y no sólo de los aspectos económicos: ya convocaron concentraciones de protesta a finales de la pasada legislatura y también en esta, además de llegar a una huelga (con servicios mínimos para los casos más urgentes), convocada a nivel estatal por el sindicato Venia.

Para paliar sus problemas, se había anunciado un decreto que, según concretaba ayer mismo la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en quien recaen esas competencias, se aprobará durante 2024 con efectos desde el 1 de enero. Un anuncio que se hacía en una reunión con los  Colegios de Abogados y Procuradores, organismos de representación profesional y colegiación obligatoria para ejercer.

La Plataforma de Abogados del Turno de Oficio en Cantabria critica que, pese a representar a los profesionales del turno de oficio directamente afectados, desconocen el contenido de las conversaciones que se están manteniendo e ignoran “en su totalidad” el contenido del borrador que se está redactando, “sin el concurso de los profesionales que prestan, de forma efectiva, el servicio de Justicia Gratuita”.

Además, esta plataforma advierte “con seria preocupación” de que “se reiteran los errores ya cometidos” con el Reglamento de Justicia Gratuita, aprobado en 2023, la pasada legislatura, y que “pocos meses después, ahora, se revela inútil por ser redactado y negociado, nuevamente, sin recoger las principales reivindicaciones del colectivo y sin nuestra presencia”.

Indican que han solicitado en diversas ocasiones, tanto al Colegio de la Abogacía, como a la Consejería de Justicia reuniones para “participar activamente” en el proceso y “evitar” un nuevo reglamento que “siga sin recoger las dignas y justas reivindicaciones” que les han llevado a la huelga.

Se temen que tanto las reuniones como los grupos de trabajo, “de espaldas al colectivo afectado”, y “por muy bienintencionadas que sean”, “conducirán a un nuevo fracaso legislativo, como el que acabamos de vivir en 2023, con un reglamento que ha de ser sustituido por otro sin tener seis meses de vida”.

Y solicitan la incorporación a la mesa de trabajo constituida para el decreto de representantes del colectivo de Letrados del Turno de Oficio en huelga, para que puedan trasladar directamente sus reivindicaciones e incorporarlas al texto final.

“No podemos, ni debemos seguir siendo ignorados en un asunto que afecta un servicio público fundamental para los ciudadanos de menos recursos y del que formamos parte activa y esencial”, recalcan.