Cosas tan básicas como que no te dejen entrar a una farmacia, que te quedes fuera de una oferta de trabajo, que tu hijo vaya con miedo al colegio o que siempre se esté preocupado por la presencia policial, además de incontables consecuencias sobre la vida social y la propia estigma y, al final, la propia agresión física que es adonde conduce el camino que comienza con una palabra, un insulto.

Son las consecuencias, más que comprobadas y documentadas a lo largo de la historia, del discurso de odio, aquel que se dirige contra los colectivos más vulnerables por el mero hecho de serlo.

Los agentes sociales y organizaciones del tercer sector lo tienen claro y ya el año pasado decenas de ellas firmaron a nivel estatal un Pacto social contra los discursos de odio que reivindican que se convierta en un Pacto de Estado contra los discursos de odio, es decir, involucrando a los partidos e instituciones en un gran consenso contra la discriminación y la violencia.

Una reivindicación que llevaban este lunes directamente al Congreso de los Diputados, en una jornada organizada desde la FLGTBI celebrada esta tarde en la Sala Ernest Lluch, que lleva el nombre de quien fuera ministro de Sanidad y rector de la UIMP, con sede en Santander, asesinado en atentado terrorista.

Entre las participantes, la cántabra Carmen Martín, coordinadora de ACCAS, la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida, que participaba como representante de CESIDA, la confederación estatal que agrupa a las entidades que trabajan con las personas con VIH.

Carmen Martín interviene en el Congreso en nombre de CESIDA

Una enfermedad, es decir, una cuestión relacionada con la salud, que tuvo un estigma desde el principio, cuando se llegó a denominar el “cáncer rosa” o la “peste gay”.

Las décadas que han pasado desde entonces, con más conocimiento científico o una evolución sanitaria que ha conseguido que la carga viral sea indetectable (y si es indetectable, es intransmisible) no han impedido que “estos discursos vuelvan a la sociedad”.

Así, ha repasado episodios recientes de serofobia como una pintada en Granada con un “Fuera maricas y VIH” o una manifestación en Madrid en la que se coreó “Fuera sidosos de Madrid”.

En su intervención en el congreso, Martín ha apelado a la responsabilidad “social y política” hacia estos mensajes, que “atentan contra libertades y derechos”,

Porque, ha recordado, “el discurso de odio es la antesala de los delitos de odio” y esas palabras al final “se convierten en agresiones tanto físicas como verbales”, además de los efectos sobre la salud mental, como el “miedo, la ansiedad, depresión o angustia” de las personas afectadas y sus familias.

Teléfonos delitos de odio

Durante todo la tarde, representantes de colectivos sociales han expuesto las consecuencias del discurso de odio: desde Secretariado Gitano advirtieron sobre como los bulos de la pandemia señalándoles como propagadores del coronavirus hicieron que tuvieran problemas para entrar en farmacias, por ejemplo; desde SEDOAC , que agrupa a trabajadoras de servicio doméstico hicieron hincapié en el racismo y la xenofobia o en el problema de la regularización y la incertidumbre que suma a sus vidas y trabajos; además del carácter de la lgtbifobia y los insultos que se producen en redes y calles, o incluso los ataques a la participación sindical.

También ha habido una mesa redonda con representantes de partidos, al que no acudieron formaciones invitadas como PP o Podemos. Desde el PSOE Sonia Guerra y desde Sumar la saharaui Tesh Sidi reflexionaban sobre la extensión de estos mensajes desde las propias instituciones desde partidos como Vox o la legitimación que de ellos hace el PP con sus pactos de gobierno, así como por el papel de los medios y los algoritmos de las redes sociales premiando el discurso de odio.

También hubo participaciones del público, que alertaron sobre el incremento de los mensajes de odio entre adolescentes, la necesidad de una ley antirracista o la importancia de extender el consenso político. Desde el PSOE  se apeló a la «presión social» para lograr que el PP se sume, ante la constatación de que su expectativa de rentabilidad política le lleve a distanciarse de iniciativas del Gobierno de coalición en general.

El Pacto Social ha sido firmado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; Fundación ONCE; CERMI; Cesida; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; CEAR; HOGAR SÍ; Fundación Secretariado Gitano; CCOO y UGT. Estas entidades piden que ese pacto social crezca hasta ser un Pacto de Estado.