Familias que se van turnando o ingeniándoselas para tirar de coche, como sucede en Liérganes, algunos que han hecho cuentas y acaban tirando de taxi, como pasa en Hoznayo (Entrambasaguas); en Boo de Piélagos y Mortera tienen que ir al Torres Quevedo de Santander sin que haya manera más allá del tren, con las dificultades que eso supone, y para ir desde Castro a Laredo hay que ir incluso en moto.

Son algunos de los ejemplos concretos que pone la Plataforma por el Transporte en la Enseñanza no obligatoria de la distorsión que se está produciendo en el transporte público y en su relación con el acceso a los centros educativos en aquellas partes en las que no se trata de la enseñanza secundaria, donde se garantiza el acceso: hablamos del bachillerato o los módulos de formación profesional.

Miembros de la Plataforma exponían estos problemas en el programa de radio EL FARADIO, en ARCO FM, incidiendo en que se están produciendo no en los accesos a la capital o grandes núcleos de población, sino a sus cabezas de comarca (por ejemplo, Solares respecto a Hoznayo, o toda el área de Cabuérniga, Ruente, etc, respecto a Cabezón de la Sal).

Según explicaban algunos de sus integrantes, confluyen por un lado los problemas del transporte público y sus frecuencias, y por otro, la cobertura o no de las rutas escolares en cuanto acaba la parte obligatoria.

Además, tiene efectos sobre la fijación de población en el territorio (en Piélagos nos ponen el ejemplo de las familias que se han ido a Mortera y que empiezan a notar las desigualdades de transporte según van creciendo los hijos, hasta el punto de abandonar el municipio), pero también de respeto al medio ambiente en un momento en que esto teóricamente se favorece: articular medidas de transporte público o escolar supondría ‘liberar’ las carreteras del tráfico de coches, y, por tanto, de emisiones, que se produce en la actualidad.

La plataforma la han ido conformando miembros de asociaciones de familias en colegios de la zona oriental, Piélagos, Mortera o Entrambasaguas, que han ido contactando entre sí, y que también están trabajando en contacto con las Mesas de Movilidad, con quienes coinciden en la reclamación de articular todo esto en un plan integral, al que debería responder un Consorcio de Transportes a nivel autonómico.

Las soluciones de momento están pasando, aparte de por cómo se las están ingeniando las familias, por el recurso a los municipios (en alguno es el Ayuntamiento el que subvenciona el taxi para que sea más barato), o porque las plazas que queden libres en los autobuses de secundaria se puedan destinar a las enseñanzas no obligatorias.

Y van surgiendo distintas ideas en contacto con las administraciones, como las consejerías de Educación o Fomento (la que tiene las competencias en materia de transportes), después de un primer impulso en que las primeras acciones se centraron en los municipios más pequeños, los declarados en riesgo de despoblación: desde la prueba de transporte piloto para la zona de Piélagos, que podrían usar un centenar de personas; hasta el estudio de viabilidad general que se plantea para unas rutas que, apunta la Plataforma, tienen las concesiones caducadas (es un modelo en el que se tiende a adjudicar el servicio a empresas privadas de transporte), y que teme que el proceso lleve a superar el límite de la legislatura.