El último jueves de cada mes, la Plaza del Ayuntamiento de Santander acoge una concentración de rechazo a la violencia de género y de apoyo a las víctimas, en la que se recuerdan los casos que se han producido cada mes (en mayo, ha habido asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en …. ) La cita coincide con el Pleno municipal, lo que hace que se suspenda durante unos minutos para que baje toda la Corporación, lo que le da mas empaque. Es una fórmula a la que se llegó en conversación con los colectivos feministas y que estaba funcionando.

Hasta este mes, en el que se ha conocido que un asesor municipal –Francisco Javier Gallego Gamucio, un policía local nombrado por libre designación coordinador de eventos para la Concejalía de Barrios, en otros momentos para Festejos, con el correspondiente complemento económico- ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander a dos delitos de violencia de género.

Condenado un asesor del Ayuntamiento de Santander por dos delitos de violencia de género

Desde la Comisión 8 de Marzo han tenido que recordar esta semana al Ayuntamiento la incoherencia que supone acudir a estas concentraciones y a la vez mantener en un cargo público a una persona con una condena por violencia de género, por lo que avisaron de que si se le mantenía en el cargo, la concentración sería diferenciada y con mensajes pidiendo el cese.

Y así ha sido. Un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género común, pero con dos filas, una frente a otra. En una, los ediles del PP y del equipo de Gobierno, y en la otra, el movimiento feminista, ciudadanos a título particular y representantes de la oposición, que han coreado lemas como «el silencio es complicidad».

Durante la concentración, agentes de policía local se han dirigido a varias de las participantes para pedirles que retiraran las pancartas críticas, señalando que lo hacían por indicación municipal. En los días previos, el Ayuntamiento había llegado a sugerir que la concentración crítica no contaba con permiso expreso para ese fin (las concentraciones no se autorizan, se comunican), mientras otros daban parte de los asistentes.

Desde que trascendió el caso, el domingo, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna decisión ni se ha pronunciado en público sobre el tema.

Dado que no podían desmentir la sentencia, su defensa argumental a puerta cerrada ha sido que el condenado no es un asesor, sino un funcionario con funciones especiales, cuando lo cierto es que es, efectivamente, un policía local, pero al que se le ha nombrado por libre designación, es decir, a dedo, para unas funciones específicas ligadas a la gestión política, con presencia pública en medios y complementos económicos que elevan sus ingresos hasta aproximadamente 50.000 euros.

El Ayuntamiento intenta reducir el papel del asesor condenado por violencia de género al de un “funcionario con delegación de funciones”

La otra línea argumental, aparte de la tentación de minimizar el impacto de los delitos o matizar que es un asunto complejo, es que la sentencia no es firme aún, ya que cabe recurso, lo que en todo caso encamina al Ayuntamiento -y a la ciudad- al bochorno de que lo acaba confirmando una sentencia firme.

El silencio quedará roto esta misma tarde en el Pleno municipal, ya que el portavoz de Izquierda Unida, Keruin Martínez, realizará una batería de preguntas.

LAS VÍCTIMAS

La primera de las mujeres, de 55 años, fue asesinada presuntamente por su pareja en Huelva mientras que la segunda, de 35 años, lo fue por su pareja en La Rioja.

La tercera mujer, de 38 años, fue asesinada este mismo martes en Cáceres por su pareja y tenía un hijo menor de edad. En ninguno de los tres casos existían denuncias previas.

Con estas tres muertes, el número total de mujeres asesinadas a consecuencia de la violencia de género este 2025 es de 12. Desde que se empezaron a contabilizar estos crímenes en 2003, la cifra de mujeres asesinadas en España llega a 1.306.

«NO QUEREMOS MALTRATADORES EN NINGÚN CARGO PÚBLICO»

En la concentración, la Comisión 8 de Marzo ha señalado que «el minuto de silencio no bastaba» ya que tenían que señalar que «en este Ayuntamiento se tolera que una persona condenada por violencia de género siga ostentando un puesto de libre designación”: “Nos parece inadecuado que esté en el Ayuntamiento. No es una empresa: representa a la ciudadanía. No queremos maltratadores en ningún cargo público”.

La Comisión 8 de Marzo recuerda al Ayuntamiento de Santander que “el compromiso con la erradicación de la violencia machista se demuestra con hechos, no con gestos vacíos”

“Nos ha costado mucho este minuto. El Ayuntamiento tenía que haber dado ejemplo, y no lo ha hecho”, concluyeron desde el movimiento feminista, que ha solicitado una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Igualdad municipal para abordar el tema.

Además, expresaron su preocupación por el hecho de que el condenado sea agente de Policía Local, plaza a la que tendría que volver si es cesado del cargo de libre designación que ocupa.

Desde el PSOE, su portavoz Daniel Fernández, ha hecho hincapié en esa petición de la Policía de retirar los carteles críticos, mientras que desde Izquierda Unida, su portavoz Keruin Martínez ha enfatizado que «las convicciones se demuestran con acciones y ha pedido al equipo de Gobierno que no «mire a otro lado» y «tomen cartas en el asunto de manera contundente y ejemplar», apuntando a las responsabilidades tanto de la alcaldesa, Gema Igual, como de las concejalas de Barrios, Lorena Gutiérrez, e Igualdad, Zulema Gancedo.

«No se puede salir a condenar públicamente cada asesinato machista y luego mantener en el cargo a una persona condenada por violencia de género»

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