Recientemente, la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno central, Sira Rego, miembro de Izquierda Unida, visitaba Cantabria, donde participó en un acto abierto en el Centro Social Smolny en el que respondió a preguntas de los asistentes sobre la agenda del Ministerio.

De la que también hablamos en una entrevista con EL FARADIO, en la que avanzó medidas para la protección de la infancia (desde un futuro protocolo para la acogida a menores migrantes hasta acciones para protección frente a la violencia, con atención a los entornos digitales seguros o a la violencia vicaria –la violencia de género que se ejerce no sobre las mujeres, sino que recae, fundamentalmente, sobre sus hijos–, atendiendo también a la propuesta de ampliar la edad de voto a 16 años o a cuestiones de actualidad, como el genocidio en Gaza y la petición de mayor contundencia contra la corrupción a raíz del estallido del caso Koldo.

Aunque las competencias existían, al igual que referentes de las políticas juveniles como el INJUVE, el Ministerio como tal es de nueva creación. Suponemos que buena parte de los esfuerzos han sido en crear esa estructura, pelear por recursos suficientes, echarla a andar, crear dinámicas… ¿Qué tal se recibió entre los interlocutores del mundo juvenil la creación del Ministerio?

Un ministerio de nueva creación siempre abre caminos, porque pone en la agenda política una nueva cuestión y marca una prioridad para el Gobierno. En este caso, el Ministerio de Juventud e Infancia representa a más de 14 millones de personas menores de 30 años que cuentan con casuísticas generacionales que deben ser abordadas de forma concreta. Por eso, la creación del ministerio, aunque las competencias ya existían en otros niveles, era una muestra clara de una intención de dar resolución a los problemas que tienen niños, niñas, adolescentes y jóvenes, generalmente relegados a un segundo nivel de atención en la agenda política.

Desde el inicio, el ministerio tuvo como una de las líneas prioritarias escuchar a la infancia, a la adolescencia y a la juventud del país. Son incontables las reuniones y los encuentros que hemos mantenido con organizaciones que representan a miles de personas jóvenes, que han encontrado en el Ministerio de Juventud e Infancia un aliado y un espacio en el que saben que sus opiniones y sus propuestas son tenidas en cuenta y aplicadas en las políticas públicas que desarrolla el departamento. Por ello, el mundo juvenil ha recibido el ministerio como una oportunidad y con muchas esperanzas en situar sus demandas históricas en la agenda pública.

Hace unos meses teníamos por aquí a la directora del INJUVE y hablábamos de la Ley de Juventud. ¿En qué estado se encuentra, de tramitación y novedades en cuanto a contenidos?

Precisamente el desarrollo de la Ley de Juventud es un ejemplo de esa importancia por escuchar a las personas más jóvenes. El proceso de participación que hemos llevado a cabo para desarrollar la norma nos ha llevado a recorrer todos los territorios del país y nos hemos reunido con más de un centenar de entidades y organizaciones que representan a más de 50.000 personas. Esto nos ha permitido reunir más de 400 páginas de propuestas que, actualmente, estamos traduciendo al formato jurídico de ley. En cuanto este trabajo esté hecho, comenzará el tracto en el seno del Gobierno.

Por todo ello, la Ley de Juventud la han elaborado los y las jóvenes de nuestro país, y el ministerio ha sido un catalizador y un vehículo para recoger sus propuestas. Las novedades son múltiples: vamos a abordar cuestiones como el empleo juvenil, el acceso a la vivienda y la protección social; a fomentar la implicación de los jóvenes en los procesos democráticos y en la toma de decisiones; vamos a incidir en la cuestión de la salud mental y el bienestar emocional de la juventud; y vamos a garantizar un entorno sostenible y justo para las próximas generaciones.

«No han sido las personas de 16 años las que han metido a 33 diputados y diputadas de ultraderecha en el Congreso»

Y van a incluir la ampliación del voto a los 16 años

Eso es. En el seno de todas esas medidas para fomentar la implicación de las personas jóvenes en los procesos democráticos se encuentra la ampliación del voto a los 16 años, que es una de las reclamaciones y peticiones que nos hemos encontrado durante el proceso participativo de la ley. Porque se acusa a la juventud de no estar politizada, de ser apática, y a menudo el argumento que más se utiliza para atacarla es su baja participación electoral. Pero no es cierto. La juventud está organizada y lo demuestran, por ejemplo las marchas por el clima, las acampadas en solidaridad con el pueblo palestino…

En aquellos países en los que se ha ampliado la edad de voto se ha podido observar una mayor participación en eventos electorales y una mayor activación de la juventud en los procesos democráticos. Por todo ello, y porque estamos en el Gobierno para ampliar derechos, vamos a proponer en el borrador de la Ley de Juventud que las personas jóvenes puedan votar a partir de los 16 años, porque es una cuestión de justicia y ensancha la democracia.

Se habla mucho de cierta derechización juvenil, del lenguaje de odio, si bien es cierto que tiene un componente más masculino que femenino. ¿Es para tanto? ¿Qué se puede hacer? ¿Han cambiado las dinámicas tanto de participación juvenil como de comunicación?

Hay una criminalización constante de las personas jóvenes a la que llevamos asistiendo desde hace muchos años. Se pretende acusar a la adolescencia y a la juventud de ser los causantes de todos los males del país y eso es injusto. No han sido las personas de 16 años las que han metido a 33 diputados y diputadas de ultraderecha en el Congreso, ni las que les permitieron entrar en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Islas Baleares, País Valencià, Murcia, Castilla y León o Aragón.

La juventud no es más que un reflejo del propio país. Claro que hay polarización, con un componente de género muy importante, como señalabas, pero no es más que la que hay en el país al completo, donde también son los hombres los que, principalmente, han aupado a Vox a las cotas de poder que tiene en estos momentos. Pero, además, en apenas una semana presentaremos el Informe Juventud en España, un trabajo que se elabora cada cuatro años por parte del Instituto de la Juventud y que demuestra que los y las jóvenes son mucho más tolerantes de lo que se piensa.

Sea como fuere, la ampliación de voto a los 16 años llevará aparejado una serie de medidas en el ámbito educativo para mejorar la capacitación de los niños, niñas y adolescentes en valores democráticos y en conocimiento de las instituciones del Estado. Muchas de las personas jóvenes con las que hablamos nos reclaman precisamente esto: mayor conocimiento para poder ir a las urnas con una formación democrática que les permita elegir su voto en libertad.

«La política migratoria del Partido Popular se decide en la Sede Nacional de Vox»

Otras de las cuestiones de actualidad que son competencia del ministerio es la acogida de los niños y niñas migrantes. ¿En qué momento se encuentra este tema? El Gobierno de Cantabria, lejos de mostrarse favorable a la acogida, ha pedido la expulsión de 18 menores tutelados.

La reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería que aprobamos hace unos meses sigue su curso a pesar de los intentos de bloqueo por parte de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. Estamos a punto de llevar a cabo dos hitos de enorme trascendencia: la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que protocoliza la acogida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorios de llegada como Canarias y Ceuta y, además, la Conferencia Sectorial para volver a ofrecer a las Comunidades Autónomas un nuevo espacio de diálogo. Estos dos momentos se van a producir en breves, a finales de este mes o principio del siguiente y van a suponer el final del proceso administrativo ligado a la reforma del Artículo 35, lo que nos permitirá dar comienzo al plan de acogida y, por lo tanto, a los traslados de las personas menores que estén en los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria.

Los intentos de bloqueo por parte del Partido Popular han complicado todo el proceso pero con su colaboración o sin ella vamos a garantizar los derechos de estos niños y estas niñas que llegan solos y solas a nuestro país y, además, vamos a tender la mano a las comunidades de llegada y no vamos a dejarlas solas en esto.

La migración es una cuestión estructural, de país, que requiere, por tanto, de una respuestas de país. El PP no solo niega los derechos de estas personas menores de edad que llegan a España, sino que además abandona territorios como Canarias y Ceuta en los que gobiernan. El señor Feijoo se ha echado en manos de la ultraderecha para seguir garantizando sus apoyos en comunidades en las que necesitan a Vox y ha dado la espalda a su partido en Ceuta o en Canarias. La política migratoria del Partido Popular se decide en la Sede Nacional de Vox.

Además de esto, ¿por qué otros lugares va ahora la agenda del Ministerio?

En el ministerio tenemos varios ejes de trabajo que estamos desarrollando en paralelo. Uno de ellos es la lucha contra las violencias hacia la infancia. Para ello, estamos acometiendo una ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la conocida como LOPIVI, que es una norma muy avanzada pero que creemos que debe ser reformada para incluir determinadas cuestiones que la conviertan en un referente. Entre ellas, queremos que la justicia se vea atravesada por una perspectiva de infancia, que las niñas y los niños no solo estén protegidos, sino que también puedan ser escuchados sin miedo, sean creídos y tengan derecho a una reparación efectiva del daño sufrido. Todo ello sin necesidad de revivir sus traumas y poniendo todas las herramientas posibles en su protección integral.

También queremos generar un marco legislativo sobre violencia vicaria ante unas cifras que son insoportables: desde 2013, 64 personas menores han sido asesinadas. También queremos seguir incidiendo en la prohibición del falso síndrome de alienación parental, el SAP, del cual no existe ninguna base científica que sostenga este concepto y los especialistas señalan que es usado por parte de agresores como una táctica de control y para desestimar las denuncias de violencia de género.

Y otro de los ejes de trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia es la protección de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Desde que creamos el ministerio, entendimos que en el entorno digital impera la ley de la selva y que esto amenaza a la infancia y a la juventud porque perjudica el desarrollo libre y sano de sus vidas. Por ello, de forma decidida, trabajamos en una regulación que sitúe el interés común, colectivo, por encima de los caprichos de magnates y empresarios como Elon Musk.

Ante esto, como Gobierno hemos impulsado la Ley de Entornos Digitales Seguros, que ya está en fase parlamentaria. Una ley pionera que reconoce los derechos de las personas menores a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, a la información veraz, a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados. Una ley que irá acompañada de una Estrategia Nacional para ayudar a familias, entornos socio-afectivos y cualquier acto relacionado con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes para que cuenten con herramientas de protección. Como decía una norma pionera en la que muchos países se van a mirar.

El Ministerio tiene sus competencias, pero a la vez es muy transversal, es decir, que a la juventud le afectan los temas de igualdad, acceso al empleo o la vivienda. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio en estas áreas? Tanto desde dentro como de ‘presionar’ a otros departamentos.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia trabajamos de forma coordinada con otros departamentos y con una convicción clara: las políticas para la juventud no pueden limitarse a hacer actividades para jóvenes, tienen que transformar las condiciones materiales de vida de las nuevas generaciones. Y eso nos obliga a tener una mirada transversal. Porque hablar de juventud es hablar de vivienda, de empleo digno, de salud mental, de igualdad, de participación política y de derechos.

Aunque no tengamos competencias exclusivas en todas esas áreas, sí tenemos algo fundamental, capacidad de propuesta, de impulso y de presión dentro del Gobierno. Lo hacemos por ejemplo, llevando la voz de la juventud a los espacios de decisión, o a través de la aprobación del Plan de Salud Mental para jóvenes, el impulso de un Plan de lucha contra el desempleo joven que se recoge en el Acuerdo de Gobierno progresista, medidas dentro del Pacto de Estado contra las violencias machistas o mediante la Guía de Derechos de las Personas Inquilinas Jóvenes, que presentaremos muy pronto.

En definitiva, desde el ministerio trabajamos para que la juventud no sea una nota a pie de página, sino un eje vertebrador de la acción de gobierno. Y lo hacemos sabiendo que el mayor acto de justicia intergeneracional es garantizar presente y futuro a quienes hoy quieren construir su vida con dignidad.

Y, por supuesto, Gaza, teniendo en cuenta la trayectoria de la ministra y el contacto ahora con temas de infancia y juventud.

En la actualidad, el estado genocida de Israel es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la infancia a nivel mundial. Estamos viendo cómo está seleccionando a niños, niñas, adolescentes como objetivos a batir de una forma clara. Es un auténtico genocidio en directo y el asesinato de personas menores busca acabar con toda una generación de palestinos y de palestinas que puedan defender su tierra. Están llevando a cabo un plan premeditado de exterminio ante la mirada impasible de la comunidad internacional.

En las últimas semanas hemos visto tímidos movimientos que son absolutamente insuficientes. Hace unos días, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que el Gobierno español promovió en apoyo a Palestina. A nivel simbólico es importante, pero no basta ante el nivel de masacre al que estamos asistiendo. En lo que concierne a España, defendemos de forma muy clara la ruptura de todo tipo de relaciones, incluidas las económicas y diplomáticas, con el Estado genocida de Israel, porque no podemos seguir teniendo ningún tipo de lazo con quien asesina a una población indefensa.

Israel tiene un plan claro, que es invadir la Franja de Gaza, pero como hemos visto este fin de semana con los ataques hacia Irán, también tiene intención de escalar el conflicto más allá de las fronteras de Palestina y generar una guerra total con Oriente Medio. Por ello, no podemos utilizar una doble vara de medir: si rompimos las relaciones con Rusia, debemos hacerlo con Israel con urgencia.

«El Gobierno debe acometer un giro radical hacia lo social»

Finalmente, querría preguntarle por el informe de la UCO que apunta hacia Santos Cerdán en un presunto caso de corrupción. ¿Cómo afecta al Gobierno? ¿Es suficiente con las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez?

Mientras los medios de comunicación publicaban las transcripciones de los audios que recoge el informe de la UCO, el ministro Pablo Bustinduy y yo estábamos en Bilbao defendiendo la necesidad de crear una prestación universal por crianza que permita a la infancia de nuestro país salir de los niveles de pobreza y de exclusión social que arrastra desde hace décadas de forma estructural. Por ello es todavía más doloroso si cabe que haya personas que, mientras algunas trabajamos por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, se hayan enriquecido y hayan traicionado de esta forma la voluntad popular.

Además del proceso judicial que tiene que recorrer este caso, desde el Gobierno es imprescindible trabajar en dos líneas. Por un lado, se deben aprobar mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción. Desde IU registramos hace más de un año una propuesta para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción que evite o reduzca la posibilidad de que se produzcan este tipo de casos. También se debe acometer una reforma del Código Penal para endurecer el delito de cohecho o de soborno y aquellas conductas pasivas que permiten, por inacción, los comportamientos corruptos.

Pero, además, el Gobierno debe acometer un giro radical hacia lo social. Si estamos en el Gobierno es para aprobar esa prestación universal por crianza de la que hablaba antes, porque acabar con la pobreza infantil es urgente para un Gobierno progresista. O aprobar ya la reducción de la jornada laboral, que es un acuerdo de Gobierno que beneficia a una inmensa mayoría de la ciudadanía. O derogar la Ley Mordaza y romper relaciones con el Estado genocida de Israel.

En definitiva, medidas eficaces contra la corrupción y una agenda social nítidamente de izquierdas. Ese es el único camino del Gobierno y para eso nos sentamos en el Consejo de Ministros y Ministras.