En su escrito, la PAH propone modificaciones y adiciones clave que reorienten el enfoque del texto legal hacia la garantía efectiva de derechos, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Entre las principales propuestas se encuentran las siguiente:

1) Reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda como exigible ante la administración y los tribunales, incluyendo la prohibición expresa de desalojos sin alternativa habitacional.

2) Revisión de las políticas frente a la ocupación, eliminando calificativos penales anticipados como «ocupación ilegal» y reformulando el fenómeno como una manifestación de la emergencia habitacional.

3) Garantía del uso residencial de las viviendas, proponiendo limitar su conversión en oficinas, pisos turísticos u otros usos no habitacionales en zonas tensionadas.

4) Introducción de mecanismos económicos subsidiarios, como prestaciones cuando no haya viviendas disponibles, y la posibilidad de actuación inmediata ante riesgos sanitarios derivados de la falta de alojamiento.

5) Redefinición del acceso a ayudas públicas, centrando la acción en las personas en situación de emergencia habitacional en lugar de priorizar exclusivamente a los rentistas.

Desde la PAH Santander se subraya que estas medidas se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos y buscan una ley que no solo reconozca
formalmente el derecho a la vivienda, sino que lo convierta en una realidad operativa y protegida jurídicamente.

La plataforma hace un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los grupos parlamentarios a incorporar estas mejoras, con el fin de asegurar una normativa avanzada, garantista y centrada en las personas. No se puede construir una ley de vivienda ignorando la realidad de quienes sufren desahucios, infravivienda o sinhogarismo. La ley debe dar respuestas reales a la emergencia habitacional que vivimos.

Podemos presenta alegaciones a 157 de los 172 artículos del proyecto de Ley

Podemos Cantabria ha registrado alegaciones a 157 de los 172 artículos del proyecto de Ley de Vivienda impulsado por el Gobierno autonómico. La formación considera que el texto actual no garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada, no da respuesta a la emergencia habitacional que vive la comunidad y mantiene una visión especulativa y mercantilista del acceso a la vivienda.

«La ley tal y como está redactada protege más los intereses de los grandes propietarios que los derechos de la ciudadanía», ha denunciado Mercedes González, coordinadora autonómica de Podemos. Según ha explicado, las alegaciones presentadas por la formación abordan aspectos fundamentales como: el control de precios del alquiler en zonas tensionadas, la ampliación urgente del parque público de vivienda, la protección contra los desahucios sin alternativa habitacional, la definición y garantía del uso social de la vivienda.

«La vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado. Es un derecho humano fundamental que las instituciones tienen el deber de garantizar», ha subrayado González, criticando también la «falta de ambición social» del texto presentado por el Ejecutivo regional.

Por su parte, Pablo Gómez, responsable de medio rural y defensa del territorio, ha calificado el proyecto como «una ley vacía que se presenta como un avance, pero que en realidad blinda el modelo especulativo que nos ha llevado a esta situación de emergencia». En sus palabras, «esta ley no aporta soluciones, criminaliza la pobreza y olvida a quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas».

Desde Podemos Cantabria han concluido que «Cantabria necesita una ley de vivienda valiente, útil y justa, a la altura de la emergencia habitacional que sufrimos. Y vamos a seguir trabajando para conseguirlo».