Ecologistas en Acción dice en una nota de prensa que se reserva la posibilidad de iniciar acciones judiciales penales contra la Alcaldía y los funcionarios responsables, dada la extrema gravedad de la situación de pasividad administrativa ante una actividad que carece de licencias municipales y de una evaluación ambiental de su afección en el medio ambiente y en los vecinos colindantes y próximos.

El 25 de febrero de 2016, como relata la asociación ecologista, el Ayuntamiento de Piélagos declaró clandestina la actividad de molienda y clasificación de áridos, así como la actividad de extracción en la cantera, de la empresa Laherrán S.A., así como la clausura de la actividad, hasta el momento de su legalización, y ordenó la incoación de expediente sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística grave.

Este acuerdo municipal ha encontrado numerosos recursos de la empresa, que han sido rechazados durante estos nueve años por diferentes tribunales de justicia.

Entre las muchas sentencias que han confirmado la validez del acuerdo municipal de febrero de 2016, con fecha 30 de abril de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cantabria, ya rechazó la pretensión de la empresa Laherrán de anular la resolución municipal de cierre de las actividades, al carecer de las licencias municipales de actividad y obra». La misma Sala, en fecha más reciente, el 19 de noviembre de 2020, recuerda que ya dictó sentencia en 2011 convalidando la exigencia de evaluación ambiental a esta actividad,

Ecologistas en Acción le recuerda al alcalde que es conocedor de todos los procedimientos judiciales iniciados por Laherrán con posterioridad y, más recientemente, en los años 2023 y 2024, todos con sentencias desestimatorias, y sin que a fecha de hoy exista ninguna medida cautelar vigente que invalide las sentencias ya dictadas.

A pesar de ello, Ecologistas en Acción denuncia que Laherrán sigue con su actividad ilegal en Piélagos, y creen que esa actividad se debe a la Alcaldía, cuya inactividad, en orden a adoptar medidas efectivas de clausura de las actividades de Laherrán es absoluta.

La asociación ecologista afirma que le consta a la Alcaldía, por las innumerables denuncias de los vecinos, que el precinto de las instalaciones no ha servido para nada, pues la empresa lo destruyó, y que las actividades dentro del recinto son diarias, lo cual les causa «un enorme estupor, que, como autoridad, el alcalde no sea capaz de detener las actividades, ni que haya adoptado ninguna de las medidas que le permite la Ley del Suelo, como son el corte de suministros, precinto, e imposición de multas, y que no se estén comunicando estos hechos delictivos, a diario, a la Fiscalía o al Juzgado».

Esta situación es para Ecologistas en Acción insostenible e inadmisible, por lo que entienden que, como alcalde, puede estar incurriendo también en una conducta delictiva al permitir la desobediencia a la autoridad por parte de Laherrán. Están convencidos de que la Alcaldía de Piélagos tiene al alcance numerosas medidas legales que no está utilizando y con eso se permite la violación diaria del precinto y las órdenes de clausura por parte de Laherrán.