El Gobierno de Cantabria ha presentado este martes su Ley de Vivienda, cuyo texto tiene un marcado sesgo argumental hacia las ocupaciones como origen de la elevación de precios, en un sesgo que se ha repetido en la presentación.

EL GOBIERNO, «AL LADO» DE LOS DUEÑOS DE SEGUNDA VIVIENDA

“Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”, ha sentenciado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, quien ha detallado que entre las medidas se incluyen prevención, protocolos de desalojo inmediato, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad “real”.

El Gobierno “está al lado de miles de cántabros que poseen una segunda vivienda y que son parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler”, añadía el consejero Roberto Media, quien insistía en que “la mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios”, ha afirmado el consejero Media.

Ese diagnóstico sobre la ocupación como uno de los problemas del aumento de precios de la vivienda refleja algunas carencias: no distingue entre las usurpaciones –el acceso a viviendas directa—o los allanamientos, elementos que sí diferencia la Ley.

Y legitima el discurso pro-rentista por el que cualquier retraso en el pago del alquiler mes a mes convierte a quien se retrase en un ‘inquiokupa’ -sic- (paradójicamente, pese a que el rentismo convierte la vivienda en un bien empresarial del que obtener ingresos, no actúa como una empresa al uso: cualquiera que tenga una empresa o sea autónomo conoce los retrasos en los pagos de facturas que pueblan la economía real). El diagnóstico obvia el impacto de la vivienda turística al reducir el número de viviendas en alquiler, incluso las nuevas que se construyan, no sujetas a moratoria alguna, por tanto, susceptibles de no acabar en alquiler para familias cántabras.

Consecuencia de ese sesgo, La preocupación por la ocupación, sea usurpaciones de vivienda o sea retrasos en los pagos, convierte en colectivo vulnerable a los caseros (algunos son personas particulares, otros son rentistas multipropietarios y en cualquier momento llegarán los fondos), y, en consecuencia, medidas como las ayudas previstas procederán de Fondo de Emergencia Habitacional, teóricamente concebido para ayudar a vulnerables (las familias que pueden perder su vivienda), que compartirán status y fondos con quienes tienen más de una vivienda.

Cantabria usará el fondo de emergencia habitacional para dar ayudas a caseros afectados por ocupaciones

MOVILIZAR VIVIENDAS VACÍAS

También se habla de movilizar el parque de viviendas vacías –cerca de 50.000, el 14% del parque residencial edificado- con programas de incentivos, ayudas y garantías públicas para los propietarios. Difícil tarea, toda vez que el consejero Medio ha declarado en varias ocasiones que esas viviendas no están disponibles para el alquiler por el miedo a la ocupación y a la falta de respuesta. Todas . Las 50.000.

El consejero obvia otras realidades que conoce cualquier agente inmobiliario como los conflictos entre herederos por sus bienes, los pisos que sólo están operativos un mes o dos al año por ser segundas residencias o los que llevan décadas de abandono y su estado no les permite salir el mercado.

La nueva Ley de Vivienda de Cantabria abre la puerta a vigilancia pública sobre viviendas vacías para evitar ocupaciones

De paso, el mensaje de falta de respuesta que transmite ignora no sólo las cifras reales, sino el trabajo en los juzgados, donde cada trimestre se gestionan decenas de desahucios de inquilinos –ergo, sí se puede expulsar a inquilinos de viviendas cuando no pagan- y parece confiar en poder tomar medidas sin actuar en la legislación estatal a la que culpa o los refuerzos de policía o juzgados que son, claro, competencia estatal.

El trimestre de la vivienda en Cantabria: 67 desahucios y dos ocupaciones

MÁS MEDIDAS

La ley eleva los umbrales para acceder a vivienda protegida –se podrá acceder con más renta, pensando en determinados profesionales sanitarios u otros públicos que tienen problemas de acceso a la vivienda—y se apoyará para fijar incentivos o garantías en el precio del mercado, más elevado.

Otro de los puntos más cuestionados es la apuesta por la colaboración público-privada. La ley permite que suelo público se ceda a empresas privadas o fondos durante hasta 75 años para que construyan y gestionen viviendas de alquiler, con posibilidad incluso de venta posterior a inquilinos.

Empresas privadas podrán gestionar suelos públicos por concesión durante 75 años

«NO NOS RESIGNAMOS»

“En Cantabria no nos resignamos. Este Gobierno no se resigna y nos negamos a dar por bueno que este problema no tenga solución”, ha asegurado la presidenta, que ha presentado a Cantabria como “la alternativa” a la gestión del Gobierno de España con políticas que “funcionan”.

Para facilitar la financiación de los particulares a la hora de acceder a la vivienda, la presidenta ha recordado la mejora y la ampliación de las ayudas directas a la compra y el alquiler, y los avales públicos de hasta el 20% del precio de la vivienda destinados a personas de hasta 45 años para facilitar el acceso a una hipoteca que estarán operativos desde 2026. Cuando estas medidas de avales públicos o ayudas se han anunciado desde el Estado, han sido criticadas por suponer ayudas indirectas a caseros o bancos y por contribuir a la subida de precios al contar con ellos quienes tienen o financian viviendas.

VIVIENDA RURAL

Entre las medidas, ha subrayado la modificación de la ley del Suelo para favorecer la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico -“en muchas ocasiones, la mejor vivienda social”, aunque sus usos estén evolucionando a viviendas turísticas, puro mercado-, y la rebaja de los impuestos que gravan la vivienda tanto en venta como alquiler,

La nueva Ley de Vivienda se refiere también al Parque Público de Vivienda, y, en aplicación de Ley de Simplificación Administrativa, se extiende la figura de la declaración responsable basada en “la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas”. También se reforzará el servicio de inspección y supervisión.

Otra de las innovaciones es la incorporación del medio rural como eje vertebrador de la estrategia de vivienda, con la creación de la figura de la vivienda rural protegida y del Plan de Vivienda Rural.