Fue el 19 de mayo de 2022, cuando encontraron muertas a las dos hermanas vecinas de la calle Burgos.

Para ese día estaba fechado su desahucio.

Un desahucio que se había suspendido temporalmente, pero nadie en el Ayuntamiento se encargó de avisarlas.

El concejal al cargo, Lavín, declaró intentando parecer apesadumbrado:

“Hemos llegado tarde”.

Como quien entra al cine con la película ya comenzada.

La vida sigue —no la de ellas, evidentemente—, pero sigue su curso.

Si acaso resulta que la vida tiene un curso.

Desde entonces hasta hoy, en Cantabria se han producido, según datos del Poder Judicial, 673 desahucios.

Sin contar los producidos este año, aún sin contabilizar.

Cientos de dramas más.

Y también hay en los juzgados 10 demandas por ocupación, presentadas el año pasado.

Esas que tanto le preocupan al consejero nada aconsejable Roberto Media.

Otro al que no le preocupa lo más mínimo llegar cientos y cientos de veces tarde.

Mientras tanto, el precio de la vivienda se ha encarecido un 14% en Cantabria en el último año.

Bastante por encima de la media estatal, que ya de por sí es escandalosa.

Mientras tanto, según publicaciones recientes, el número de viviendas dedicadas al fraude insostenible del alquiler turístico se ha visto multiplicado por 10 en los últimos años, comenzando a contar desde el fin de la pandemia.

Preguntas:

¿Es lícito dedicar viviendas en comunidades de vecinos al alquiler para turistas, cuando se autorizó su construcción con un permiso en base a un proyecto de uso residencial?

Cuando tanto se habla de sostenibilidad…

¿Es sostenible socialmente el desalojo forzado que están sufriendo los vecinos que durante décadas han habitado zonas que están siendo acaparadas y encarecidas por la práctica especulativa que es el alquiler turístico?

¿Con qué argumentos se permite que sigan operando esos especuladores sin que tengan la documentación en regla?

¿Por qué el Gobierno de Cantabria ha permitido, en el Decreto Regulador de vivienda turística, que entren en el negocio grandes tenedores y fondos?

¿Por qué se sigue premiando a los caseros que cobran rentas indecentes y que han incrementado ese 14% el precio, solo en el último año, con exenciones fiscales en el IRPF?

¿Acaso no se considera a esas exenciones una PAGUITA?

Exenciones a cambio de nada. Sin ningún tipo de contraprestación por su parte.

¿Por qué no hay una fiscalía dedicada a investigar en profundidad la conexión existente entre bancos, fondos de inversión y empresas inmobiliarias dedicadas a la comercialización de viviendas procedentes de desahucios?

¿Por qué no se explica en qué ha venido consistiendo la promoción y construcción de vivienda pública, y cómo se ha regulado?

Cuando se habla de vivienda pública, de lo que se está hablando es de la VENTA DE VIVIENDA de protección oficial.

Es decir, una promoción que lo que tiene de público es la subvención que se lleva el promotor, en ocasiones privado, para que venda pisos a manos particulares.

A cambio, solo tiene que vender a un precio marcado por ley, que es cada vez más próximo al precio de mercado.

Si no se lo creen, consulten los precios del Alisal, por poner un ejemplo.

Unas viviendas que al de unos años han sido “liberadas”, pudiendo sus propietarios revenderlas en el mercado libre o dedicarlas al alquiler turístico, por poner un ejemplo.

Ante las voces que estamos levantando, exigiendo que las VPO se concedan siempre en alquiler y a precios asequibles, el PP, en su propuesta de ley de vivienda, se prepara para dar el PELOTAZO DEL SIGLO.

Y es exactamente lo que pretende que dure.

Todo este siglo.

El PP de Buruaga y Roberto Media ha preparado un artículo concreto en su ley, según el cual constructoras podrán edificar en suelo público viviendas que luego gestionarán en régimen de alquiler, a un precio nada social, y por un periodo de 75 años.

¿Quién cree que esto no es un pelotazo de campeonato? ¿Quién cree que hay muchas posibilidades de que haya que rescatar a esas empresas, transcurridos unos años, como se han rescatado, por ejemplo, autopistas de peaje?

¿Quién cree que esto supone una herencia inasumible?

¿Qué interés general hay en ceder una gestión que debe ser pública a empresas privadas?

Y mientras escribo estas líneas señalando lo que consideramos el camino correcto, caigo en la cuenta de que nuevamente me he liado con lo mundano.

Olvidando que los bancos y fondos buitre desahucian sin ningún tipo de escrúpulos por las tragedias que ocasionan.

Como lo está intentando hacer La Caixa, vendiendo a un fondo de inversión con sede en Luxemburgo más de cien viviendas que fueron construidas para ser puestas en alquiler asequible en la calle Hermanos Calderón de Santander.

Un fondo que tiene la intención nada disimulada de hacer caja con el alquiler turístico, tan del agrado de este Gobierno.

Un Gobierno para quien prohibir especular con la vivienda no es un artículo de la Constitución que deba tenerse en cuenta.

Me he desviado de señalar que los desahucios, en gran medida, son producto de esa especulación que nos asfixia, amparada por quien tiene la obligación de combatirla.

Me he desviado del propósito inicial de señalar que los desahucios matan.

He olvidado que, en mayo de 2022, dos vecinas septuagenarias de la calle Burgos de Santander, María Mercedes y María Ángeles, no vieron más salida, se les nubló la mente y se quitaron de en medio.

Hoy, cuatro años después, no son ni un recuerdo.

Somos culpables de olvidar.