“Lo único que quiero es trabajar y vivir dignamente como cualquier persona”. Con esa idea resume Natalia Méndez, ciudadana colombiana residente en Cantabria, un recorrido de varios años marcado, según relata en una entrevista concedida a EL FARADIO, por incidencias administrativas, retrasos, cambios normativos y dificultades para regularizar plenamente su situación en España.

Su historia comienza en 2010, cuando llegó a Madrid con un visado de estudiante para cursar formación en producción cinematográfica y fotografía digital. Durante aquella primera etapa, explica que pudo renovar su documentación sin incidencias mientras compaginaba los estudios con trabajos esporádicos relacionados con el deporte y la fotografía.

La situación cambió tras su regreso en 2017. Según cuenta, al iniciar los trámites para obtener la documentación vinculada a su nuevo permiso de estancia recibió indicaciones contradictorias sobre su Número de Identidad de Extranjero (NIE). Ese proceso derivó, afirma, en una sucesión de problemas que terminaron afectando incluso a su continuidad académica.

Méndez asegura que contrató a una persona para gestionar su expediente, pero tiempo después descubrió que el procedimiento no se había iniciado. Según su relato, perdió dinero, tiempo y la posibilidad de continuar los estudios previstos. “Todo se ha ido desarrollando por los documentos”, resume al recordar aquella etapa.

Paralelamente, desarrolló una carrera deportiva de alto rendimiento y continuó formándose en distintas disciplinas. Sin embargo, sostiene que las promesas de ayuda para resolver su situación administrativa nunca llegaron a materializarse, pese a representar a España en competiciones deportivas y obtener resultados destacados.

Posteriormente inició un procedimiento de protección internacional que también acabó siendo denegado. Méndez explica que la resolución le obligaba a abandonar el país y que recurrió la decisión con asistencia jurídica. Más tarde optó por acogerse a la figura del arraigo para la formación, una vía que le permitió continuar regularizada mientras cursaba una especialización en yoga incluida entre las formaciones admitidas por la normativa vigente.

No obstante, relata que incluso ese itinerario estuvo condicionado por los tiempos administrativos. La demora en la expedición de certificados y las prórrogas necesarias para mantener la documentación en regla retrasaron nuevos pasos hacia su regularización definitiva.

Cuando decidió instalarse en Cantabria para impulsar un proyecto profesional propio como instructora de yoga, se encontró, según explica, con nuevas exigencias. Entre ellas, la elaboración de un plan de viabilidad, informes externos, acreditación de recursos económicos y diversa documentación adicional para solicitar una autorización por cuenta propia.

“Te piden un montón de papeles que una persona española cuando se da de alta como autónoma no tiene que presentar”, sostiene. En su opinión, esas diferencias generan una sensación de desigualdad para quienes buscan emprender y contribuir económicamente mediante su actividad laboral.

La solicitud terminó siendo denegada, al igual que el recurso posterior, según explica. Aun así, continuó buscando alternativas para estabilizar su situación administrativa, entre ellas la solicitud de la nacionalidad española por residencia.

Uno de los episodios que más preocupación le genera es el relacionado con la Agencia Tributaria, después de recibir un requerimiento para presentar obligaciones fiscales correspondientes a una actividad económica que asegura no haber podido ejercer legalmente.

Al acudir a solicitar explicaciones, afirma que descubrió que existía un alta censal vinculada a su identidad que ella no había tramitado. Según relata, los funcionarios comprobaron que figuraba dada de alta pese a que carecía de autorización efectiva para desarrollar la actividad.

Ante esa situación, decidió presentar una denuncia por una posible utilización indebida de sus datos personales. Explica que desconoce quién pudo realizar ese trámite y sostiene que nunca autorizó a ninguna persona para hacerlo.

Más allá de su caso particular, Méndez considera que existe una falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas en los procesos migratorios. “Extranjería regula una parte y Hacienda otra, pero parece que no hablan entre ellas”, afirma. A su juicio, esa desconexión provoca situaciones difíciles de comprender para quienes intentan cumplir todos los requisitos legales.

Durante toda la entrevista insiste en una idea recurrente: asegura que nunca ha buscado depender de ayudas públicas ni acceder a atajos administrativos, sino disponer de autorización para trabajar, cotizar y desarrollar su actividad profesional. “No estoy pidiendo otra cosa que trabajar y aportar”, resume.

Su testimonio pone sobre la mesa las dificultades que algunas personas migrantes describen en los procesos de regularización y emprendimiento, especialmente cuando confluyen cambios normativos, procedimientos prolongados y gestiones que dependen de distintas administraciones.

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