El próximo lunes 29 de junio estaba previsto el lanzamiento de la vivienda en la que vive Blanca desde que tenía 12 años. Ella y su hija se veían abocadas a un desahucio inminente sin alternativa habitacional tras haber agotado todas las vías después de la derogación de la moratoria estatal que protegía temporalmente a muchas familias vulnerables. El propietario, un gran tenedor con múltiples propiedades tanto en Cantabria como en Cataluña, «las quiere fuera para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria de otras», interpretan desde el Sindicato de Vivienda.

Sin embargo, Blanca y su hija han ganado ahora algo de tiempo, en espera de si se decreta una nueva fecha. El propio Sindicato había convocado una acción el lunes, a las 8:00, para trar de evitar que esta familia monomarental se viera en la calle. «Con este caso queda demostrado una vez más que la vivienda sigue tratándose como un negocio y una herramienta para la especulación. No podemos normalizarlo. La vivienda es el elemento básico estructurado de la vida, no un bien de mercado», denunciaban días atrás desde la organización por el derecho a la vivienda. «Mientras unos pocos acumulan viviendas para obtener beneficios y acumular riqueza, personas como Blanca y su hija se enfrentan a la incertidumbre de no saber dónde dormirán dentro de unos días», afirmaban.

Desde la asamblea del sindicato han insistido en la necesidad de dejar de normalizar la tenencia masiva de viviendas y el uso de estas para la especulación, y de construir alternativas a través de la organización colectiva: «Tenemos la especulación que toleramos. Y ya hemos tolerado bastante. Blanca y su hija llevan toda la vida en esa casa y la tiranía de la propiedad privada no puede dejarlas en la calle». Manifestaban la intención de parar este desahucio igual que se consiguió con José, la semana, pasada, en Muriedas.

Suspendido el desahucio de José en Muriedas

Desde los tiempos de la pandemia, un decreto había logrado que casos de familias en situación de vulnerabilidad sortearan las órdenes de desahucio decretadas contra ellas. Nunca se convirtió en una herramienta definitiva, sino que era un decreto que se iba renovando periódicamente, pero necesitaba contar con la aprobación del Congreso. En febrero de este año no pasó el corte, dejó de tener esa validación.

El significado de esa votación es que ahora los jueces no tienen por qué tener en consideración la vulnerabilidad de una determinada familia, incluso aunque haya un informe del departamento de servicios sociales de un Ayuntamiento, para evitar que una familia se quede en la calle.

Esto mismo se pudo comprobar la pasada semana en Muriedas. José y su familia tenían decretado su desahucio el pasado día 19 de junio, y la comitiva judicial acudió al domicilio para ejecutar el lanzamiento. La presencia de decenas de activistas por la vivienda fue lo acabó haciendo cambiar de opinión a los funcionarios de justicia, que pretendían desahuciar a una familia de cinco miembros, uno de ellos menor de edad y otro con una discapacidad del 84%.