Blanca y su hija vuelven a enfrentarse a un desahucio en Santander. Después de que el lanzamiento previsto para el pasado 29 de junio quedara aplazado por la presentación de recursos judiciales, el procedimiento tiene ahora una nueva fecha, fijada para el miércoles 22 de julio, a las 08:00 horas, en la calle Antonio López de la capital cántabra, según ha informado el Sindicato de Vivienda de Cantabria en una convocatoria difundida a través de sus redes sociales.

La organización ha convocado una concentración a esa misma hora para tratar de impedir el desahucio y mostrar apoyo a Blanca y a su hija. En el cartel de la convocatoria puede leerse el lema «Blanca se queda», junto a un llamamiento a la participación ciudadana con el mensaje «Mañana puedes ser tú. ¡Ven a apoyar a tus vecinas!».

El Sindicato de Vivienda sostiene que el objetivo del lanzamiento es dejar «a Blanca y a su hija en la calle» y vuelve a reclamar que se garantice una alternativa habitacional antes de ejecutar cualquier desalojo. En el mensaje que acompaña a la convocatoria recuerda que «la vivienda es un derecho» y anima a la ciudadanía a acudir para «defender a tus vecinas frente al rentismo y la especulación».

El caso ya había movilizado a decenas de personas a finales de junio, cuando estaba previsto el primer lanzamiento. Entonces, el sindicato logró un aplazamiento cautelar tras presentar un nuevo recurso amparándose en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitió suspender temporalmente la ejecución mientras el juzgado resolvía la petición de una prórroga. La organización advirtió entonces de que no se trataba de una suspensión definitiva, sino de un aplazamiento, por lo que el procedimiento podía volver a señalarse, como finalmente ha ocurrido.

Tal y como contó previamente EL FARADIO, Blanca reside en esa vivienda desde que tenía 12 años y convive allí con su hija. Según trasladó el Sindicato de Vivienda de Cantabria, ambas quedaron expuestas al procedimiento después de la desaparición de la moratoria extraordinaria que protegía a determinadas familias vulnerables frente a los desahucios, al no prosperar su convalidación en el Congreso de los Diputados.

La organización sostiene que el propietario del inmueble es un gran tenedor con propiedades en Cantabria y Cataluña y denuncia que pretende recuperar la vivienda sin que exista una solución residencial para la familia. En ese contexto, el sindicato considera que el caso refleja las consecuencias del fin de las medidas excepcionales de protección y denuncia que la vivienda continúa tratándose «como un negocio y una herramienta para la especulación».

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Además, el Sindicato de Vivienda de Cantabria ha vuelto a cuestionar el procedimiento seguido en la promoción de 32 viviendas protegidas de Soto de la Marina, en el municipio de Santa Cruz de Bezana. En una nueva publicación difundida en redes sociales, la organización sostiene que la promoción incumplió las obligaciones de publicidad recogidas en la Ley de Cantabria 5/2014, de Vivienda Protegida, al asegurar que durante los dos años que duró la construcción no existió cartelería informativa en la obra ni se difundió la promoción a través de páginas web o redes sociales.

Según el sindicato, esa ausencia de publicidad habría impedido garantizar el principio de concurrencia e igualdad de oportunidades para acceder a las viviendas protegidas, al limitar, a su juicio, el conocimiento de la promoción a un grupo reducido de personas. En este sentido, contrapone esa situación con las referencias posteriores a la transparencia realizadas desde las administraciones implicadas y sostiene que lleva dos años denunciando la falta de información pública sobre el proceso.

EL FARADIO ya informó de las críticas planteadas por el Sindicato de Vivienda de Cantabria en relación con esta promoción, después de que denunciara que las 32 viviendas protegidas habían sido adjudicadas sin un procedimiento abierto de difusión que permitiera a cualquier persona interesada presentar su solicitud. La organización reclamó entonces explicaciones tanto al promotor como a las administraciones con competencias en materia de vivienda y urbanismo, al considerar que la promoción debía haber contado con mecanismos de publicidad suficientes para garantizar la igualdad de acceso.

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