Hace un montón de décadas, el padre y la madre de Antonio se fueron de Santander a trabajar a París. El niño que era entonces Antonio creció y conoció a su mujer, hija de miembros de la resistencia francesa contra los nazis.

Décadas después, un verano de 2026, Antonio —lo que llamaríamos un señor mayor— volvió a Santander de vacaciones, salió a correr temprano y tuvo que cruzar para averiguar qué estaba pasando enfrente, en la calle Antonio López.

Allí, desde muy temprano, estaba un piquete del Sindicato de Vivienda de Cantabria intentando frenar el desahucio de Blanca y su hija, vecinas de toda la vida de la zona de Castilla-Hermida —uno de sus conocidos de siempre les guardaba los enseres en su garaje—, a manos de una casera que no encaja en el molde que se dice siempre a modo de parapeto, el pensionista que complementa su pensión con un alquiler, y que es otro perfil más conocido por cualquiera que vea o sufra la crisis de vivienda: el multipropietario (hasta 14 viviendas le contabilizan desde el activismo).

Antonio comenta con quienes están allí el fuerte impacto, pero también el importante grado de organización que está alcanzando, en el lugar donde vive, Niza, la respuesta frente al impacto del turismo en la vivienda, con expulsiones masivas y compras casi a granel de edificios para un boyante negocio —como recordaba alguno de los lemas, el rentismo sí es un negocio, pero, desde luego, no un trabajo—. Les sonaba.

Los desahucios madrugan sea la estación del año que sea. Los de verano son aún más solitarios que los desahucios de invierno, oscuros y fríos. Un desalojo de julio se vuelve extemporáneo, con la vida gritando, entre vacaciones, fiestas y posmundiales, que nadie está libre, basta una mala racha o la enésima crisis, de acabar abandonando su portal con maletas sin ruedines.

Mientras, en el centro de la ciudad todavía quedaban los restos de la fiesta inacabada de anoche. La marea de pantalones blancos, crema o del tono exacto que fuera convivía con los primeros trabajadores de la limpieza, que intentaban poner orden en el caos de papeles y botellines.

Son las siete de la mañana, casi todo ha cerrado y, para tomarse un café, hay que irse al entorno de las estaciones, una mezcla de gente de fiesta y de quienes despiertan la ciudad.

Todavía no han abierto los negocios y la ciudad aún no desprende el característico olor a lejía y pis que queda impreso cada Semana Grande en las baldosas -cada es menos santanderinas- que rodean los bares. Parte de la ciudad no ha dormido, y otra no ha despertado.

Madrugaron los activistas, madrugó Blanca para sacar a pasear al perro antes de la tormenta —la vida cotidiana asomando incluso hoy— y madrugó la Policía para acometer el desahucio en la que era la segunda fecha, tras un primer aplazamiento.

Hubo un inédito cordón policial en medio de la acera que acordonó a los propios piqueteros del Sindicato, que sumaron la sorpresa por el cierre del espacio público a los momentos tensos vividos minutos antes, cuando el dispositivo policial los sacó a la fuerza de la puerta del portal. Una de las activistas denunció la agresión y el tirón de pelo sufridos. Quien más y quien menos se preguntaba si esto era el «limpiar las calles» que apuntaba el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en un acto esta semana en Torrelavega.

Teléfonos en mano, para documentar lo sucedido y contactar con las instituciones, activistas con experiencia iban pensando en entidades que pudieran disponer de una vivienda de emergencia, la carencia histórica que arrastra Cantabria. Al final, todo acaba pasando por los servicios sociales municipales, en este caso los de Santander, donde la precariedad de medios —no todo es tan grande como su Semana— lleva a una competición entre vulnerables: o ir al Princesa Letizia, que, en todo caso, es una solución para unos días, u optar a la Red Enlace, en la que se prioriza a quien tenga hijos pequeños.

Desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria lo han vivido como «una derrota para todas,  tanto para Blanca, su hija y perro, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo», si bien advertían que «la violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras».

El poco habitual cordón —no lo hemos visto en otras ocasiones, aunque sí otras técnicas: todos se acuerdan de cuando echaron a Jennifer tras bloquear directamente la pequeña calle entera— provocó escenas que rozaban el surrealismo: desde un encuentro, uno a cada lado, entre un activista y un antiguo profesor de instituto a las portavozas haciendo declaraciones a través de él a los medios que iban llegando y quedaban fuera de la barrera invisible que parecía marcar el acceso desde el lugar libre de conflicto

Pasaron las horas, llegó la comitiva judicial, llegó el cerrajero —llegó más Policía— y unos y otros se fueron entre gritos de «¡Vergüenza!», mientras la ciudad empezaba a despertar. Para cuando Blanca y su hija ya estaban en la calle, denunciando su indefensión general, el precinto que señalaba el lugar de los hechos había provocado más surrealismos cotidianos, como la petición de permiso para acceder de los trabajadores y usuarios del gimnasio del portal de al lado. Un centro que esgrimía, a esas horas, un extrañísimo «Recupera» en el nombre y una apelación entre sus servicios al *wellness*, el bienestar. Como resumía Antonio, el corredor, militante del Partido Comunista Francés: «Uno no puede estar bien si los demás no están bien».