¿Se puede contar con protocolos de funcionamiento de la Policía Local sin haberlos abordado con los sindicatos policiales, esto es, con los representantes de quienes van a tener que ejecutarlos?

Entre los representantes de los agentes se busca y rebusca en la memoria y no aparece el recuerdo de ninguna reunión en la que se negociaran unas formas de funcionar que inevitablemente tendrían que pasar por los órganos en los que hablan cara a cara la parte laboral y la parte ‘empresarial’ , en este caso, el Ayuntamiento de Santander.  No parece que pueda ser de otra forma –el que los protocolos pasen por órganos de negociación laboral–, teniendo en cuenta las repercusiones de esas formas de funcionar en el día a día de a quienes les corresponda ejecutarlos: horarios, número de efectivos, turnos, medios para llevarlos a cabo…

La existencia de esos protocolos, o de unos protocolos dignos de tal nombre, está en la mesa a raíz de la tragedia en El Bocal: el derrumbe de una pasarela, resto de la fracasada senda costera de Santander, que al ceder causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima, a pesar de que un día antes un vecino había percibido el mal estado y avisado al 112, que a su vez trasladó la llamada a la Policía Local sin que eso se reflejara en una medida, visita o inspección.

El Ayuntamiento de Santander achaca ese fallo en la cadena a un mero error humano de quien cogió la llamada, reduciendo así la responsabilidad municipal a algo que quiere presentar como ajeno al Consistorio, a pesar de que los sindicatos policiales llevan más de una década advirtiendo de sus problemas estructurales de dotación de efectivos y de falta de medios materiales y técnicos, incluyendo la centralita.

Las quejas por los fallos en las comunicaciones de la Policía Local de Santander se repiten desde hace casi una década

De hecho, el propio concejal responsable de Seguridad Ciudadana, de quien depende la Policía,  admitió en su primera referencia pública a la tragedia  –casi un mes después y porque hubo preguntas en el Pleno que había que responder– que cuando la Policía Local tenía su sede en la calle Castilla operaba con cuatro líneas telefónicas integradas en el sistema de grabación. Sin embargo, con el traslado a Peñacastillo se incorporó una quinta línea que no se integró en dicho sistema, lo que impedía que se grabaran, y que esa integración no sucedió hasta el 12 de marzo, es decir, nueve días después del colapso de la pasarela.

El concejal de Seguridad admite en su primera intervención en público tras la tragedia de El Bocal que el sistema de grabación de la Policía Local estaba incompleto

A ello se añade la experiencia directa de agentes, que cuestionan la utilidad real de los llamados “protocolos”, que rebajan a meras hojas de Exce, . Según relatan, estos se presentan en la práctica como opciones dentro de un programa informático antiguo —implantado hace más de dos décadas— que obliga a marcar determinadas actuaciones para poder cerrar incidencias, aunque no se correspondan con la práctica operativa real. Como ejemplo, señalan que en apartados como “deficiencias en parques y jardines” el sistema puede indicar la remisión de diligencias al juzgado, una actuación que, según explican, no forma parte de la práctica habitual en este tipo de casos. Este tipo de desajustes apuntaría a una brecha entre los procedimientos formalizados en el sistema y la actuación efectiva sobre el terreno.

LA JUEZA LE VIENE RECORDANDO AL AYUNTAMIENTO SUS COMPETENCIAS

El Ayuntamiento de Santander intenta trasnmitir una sensación de victoria a raíz de los últimos informes periciales sobre los aspectos más técnicos del desplome de la pasarela, a pesar de que el informe no respalda sus tesis cambiantes, como la del fallo de diseño, rebajado por el informe respecto al problema de mantenimiento y la falta de inspección.

El informe pericial sobre el derrumbe de El Bocal rebaja el peso del fallo de diseño al situar la falta de mantenimiento como causa principal del colapso

En cualquier caso, y pese a los intentos del Ayuntamiento de dirigir la investigación judicial, la jueza no le está ‘comprando’ todo el argumentario: además de cuestionar el rigor técnico de los escritos en los que plasma sus teorías y recordarle que su personación en la causa –lo que le da acceso a toda la documentación– lo es en todo caso en calidad de posible responsable civil, también le ha señalado sus competencias en materia de señalización de peligros –la actual inflación de zonas precintadas- o en la promoción turística que hizo de la senda natural en la que se encontraba la pasarela. 

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

LA JUEZA VIENE PIDIENDO MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PROTOCOLOS QUE EL AYUNTAMIENTO PRESENTA COMO DEFINITIVOS

En el ámbito judicial, la instructora del caso ha requerido al Ayuntamiento la aportación de protocolos de actuación y documentación relacionada con la gestión de avisos. El Consistorio remitió esa información, con amplio despliegue antes y después, trascendiendo el detalle en la prensa. Es decir, la jueza ya tiene acceso a esa documentación, a los protocolos.

Además, la investigadora conoció de primera mano el testimonio de la agente de la Policía Local a la que el Ayuntamiento señala como responsable única de la gestión de la llamada –a diferencia del 112, que respalda y acompaña a su empleada, también investigada–.

Y pese a disponer no sólo del testimonio de la trabajadora sino de los documentos policiales que el Consistorio le ha remitido hace ya semanas, la jueza sigue manifestando dudas sobre el funcionamiento de la Policía, como evidencia que ha continuado practicando diligencias, requiriendo información adicional y citando a mandos de la Policía Local para aclarar el contenido, la aplicación y el funcionamiento real de esos procedimientos, lo que apunta a que por sí mismos no son tan sólidos como los informes periciales.

PROTESTA DE LOS SINDICATOS POLICIALES ANTE EL PARLAMENTO

El debate sobre la gestión municipal ha trascendido además el ámbito institucional y judicial para trasladarse a la calle, en el contexto del conflicto laboral que los policías locales mantienen con el Ayuntamiento desde hace meses precisamente por la falta de respuesta a algunas de sus reclamaciones más básicas.

Este mismo lunes se ha producido una concentración frente al Parlamento de Cantabria, a la que han asistido un centenar de agentes, en la que se ha reclamado la dimisión de la alcaldesa –que es también diputada autonómica, de hecho fue la 2 en las listas–,  que estos días ha respondido a las peticiones policiales sembrando dudas sobre su legalidad –cuando de hecho lo que están haciendo es pedir que se cumpla–.

Convocados por los sindicatos representados en el Cuerpo (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT),  la plantilla de la Policía Local ha denunciado la situación generada tras el acuerdo alcanzado el 9 de abril de 2024 sobre la subida escalonada del complemento de destino, después de que la Intervención General del Estado haya cuestionado la “falta de motivación” del mismo. Los agentes defienden la retroactividad pactada entonces y critican que el Ayuntamiento no esté dispuesto a valorar ni siquiera escuchar las propuestas planteadas posteriormente en el marco de la negociación.

Desde el ámbito sindical se insiste en que la reivindicación pasa por reconocer el acuerdo alcanzado y avanzar en nuevas mejoras, como la consideración de la toxicidad y penosidad del trabajo policial.

Las movilizaciones, además, continuarán en las próximas semanas. La plantilla prevé nuevas protestas, incluida una concentración el 22 de mayo coincidiendo con la festividad de Santa Rita, que se sumará a las acciones mensuales durante los plenos municipales y al mantenimiento de medidas de presión como la negativa a realizar horas extraordinarias o prolongaciones de jornada.