EN LUCHA

«El proceso de regularización para una persona migrante no es el final, es el principio»

El secretario ejecutivo de UGT Cantabria, Gustavo García, defiende la regularización extraordinaria de personas migrantes como una herramienta para garantizar derechos laborales y sociales y desmonta los principales argumentos utilizados contra este proceso. Conversamos con él en la sección 'En lucha', en colaboración con el propio sindicato
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La regularización extraordinaria de personas migrantes que impulsa el Gobierno de España a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) representa, para UGT Cantabria, una oportunidad para sacar de la invisibilidad a miles de personas que ya viven y trabajan en el país. Así lo sostiene el secretario ejecutivo del sindicato, Gustavo García, quien insiste en que este proceso no supone un privilegio, sino el acceso a derechos básicos para quienes ya forman parte de la sociedad española.

En una entrevista concedida a El Faradio, García recuerda que la defensa de la regularización no es una posición nueva dentro del sindicato. «A un sindicato como UGT un proceso de regularización no le coge de nuevas», explica, al recordar que comenzó a trabajar en el ámbito de las migraciones en los años noventa, cuando el fenómeno migratorio todavía era incipiente en España.

Desde entonces, señala, la organización siempre ha abordado la inmigración desde una perspectiva laboral. «Siempre entendimos que una persona migrante es un trabajador. No era un turista ni un viajero: venía a trabajar». Esa visión, afirma, llevó al sindicato a defender que la regularización administrativa constituye la puerta de acceso tanto a los derechos laborales como al resto de derechos de ciudadanía.

En este sentido, García destaca además el origen ciudadano de la propuesta. La regularización extraordinaria nace de una Iniciativa Legislativa Popular, una herramienta de participación democrática impulsada por centenares de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos que logró reunir cientos de miles de firmas para llevar la propuesta al Congreso. Para el dirigente sindical, ese respaldo transversal hace «más incomprensible» la oposición que ha despertado el proceso desde determinados sectores políticos y sociales.

Uno de los mensajes que más repite durante la conversación es que detrás del debate sobre inmigración existen personas concretas. «Queríamos que vinieran trabajadores, pero lo que vinieron fueron personas», recuerda, citando una reflexión escuchada durante unas jornadas organizadas por el sindicato.

Por ello, rechaza que el debate se reduzca únicamente al mercado laboral. Muchas personas migrantes, recuerda, llegan huyendo de conflictos armados, persecuciones políticas, discriminación por orientación sexual o situaciones de extrema pobreza, a las que se suman ya los desplazamientos provocados por la crisis climática. Para García, mantener a estas personas en situación administrativa irregular solo incrementa su vulnerabilidad. «Una persona sin documentos ya es una persona vulnerable», afirma.

Desde la perspectiva de UGT, la falta de autorización administrativa dificulta el acceso al empleo, favorece situaciones de explotación laboral y empuja a muchas personas hacia la exclusión social. «Regularizar es permitir que una persona salga de una situación de vulnerabilidad y darle una herramienta para desarrollarse personal y laboralmente», resume.

Frente a uno de los argumentos más utilizados por quienes rechazan este tipo de medidas, el denominado «efecto llamada», el secretario ejecutivo de UGT recuerda que la propia regulación establece que únicamente pueden acogerse quienes ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, por lo que, sostiene, «ese temor queda completamente descartado».

También rechaza la identificación entre inmigración e inseguridad. A su juicio, precisamente la irregularidad administrativa favorece situaciones de exclusión que dificultan la integración social. «Cuanto más derechos tenga una persona, más posibilidades tendrá de desarrollar una vida normalizada», sostiene.

En la entrevista dedica también un espacio a desmontar otros bulos habituales. Recuerda que la regularización no implica la obtención automática de la nacionalidad española, ya que esta exige años de residencia legal y un procedimiento completamente distinto. Asimismo, señala que muchas personas de origen migrante ya poseen la nacionalidad española y forman parte plenamente de la sociedad, aunque continúen siendo percibidas como extranjeras.

Además de la dimensión social, García subraya la importancia económica de la inmigración. Recuerda que buena parte del crecimiento del empleo en España se está apoyando en trabajadores de origen extranjero y que sectores como la pesca, la construcción o determinados servicios presentan importantes dificultades para encontrar mano de obra. En una sociedad cada vez más envejecida, considera que la incorporación de nuevos trabajadores resulta también fundamental para sostener el sistema público de pensiones y el conjunto de la Seguridad Social.

Durante las últimas semanas, UGT Cantabria ha mantenido abierta una oficina de asesoramiento para ayudar a las personas interesadas en tramitar la regularización extraordinaria. Según explica, la mayor parte de las consultas han estado relacionadas con la acreditación de la situación de vulnerabilidad o con la obtención de documentación procedente de los países de origen. No obstante, asegura que en Cantabria el procedimiento está desarrollándose con normalidad y con cifras inferiores a las de otras comunidades autónomas debido al menor volumen de población extranjera residente.

Una de las principales novedades del procedimiento, destaca, es que la admisión a trámite de la solicitud ya permite acceder al mercado laboral sin necesidad de esperar a la resolución definitiva, además de autorizar el trabajo en cualquier sector económico.

Sin embargo, García insiste en que la regularización no debe entenderse como la meta del proceso migratorio. «El proceso de regularización para una persona migrante no es el final, es el principio», afirma. A partir de ese momento, explica, comienza una nueva etapa marcada por la inserción laboral, la cotización y el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores.

El dirigente sindical concluye defendiendo que el reto ya no consiste únicamente en convivir con personas procedentes de otros países, sino en construir una sociedad plenamente integradora. «Primero se hablaba de multiculturalidad; ahora tenemos que empezar a hablar de interculturalidad», sostiene, convencido de que la integración requiere un esfuerzo compartido tanto por quienes llegan como por la sociedad que los acoge.

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