El próximo lunes 29 de junio estaba previsto el lanzamiento de la vivienda en la que vive Blanca desde que tenía 12 años. Ella y su hija se veían abocadas a un desahucio inminente sin alternativa habitacional tras haber agotado todas las vías después de la derogación de la moratoria estatal que protegía temporalmente a muchas familias vulnerables. El propietario, un gran tenedor con múltiples propiedades tanto en Cantabria como en Cataluña, «las quiere fuera para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria de otras», interpretan desde el Sindicato de Vivienda.

Sin embargo, Blanca y su hija han ganado ahora algo de tiempo, en espera de si se decreta una nueva fecha. El propio Sindicato había convocado una acción el lunes, a las 8:00, para trar de evitar que esta familia monomarental se viera en la calle.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria revela que, el pasado miércoles, la asamblea del sindicato recurrió el lanzamiento de Blanca amparándose en el artículo 704 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Aunque la solicitud fue denegada en un primer momento, un nuevo recurso presentado este viernes ha logrado frenar temporalmente el desahucio. La medida concede un margen adicional a Blanca y a su hija mientras se resuelve si se les otorga el mes de prórroga previsto en la ley. Desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria subrayan que no se trata de una suspensión definitiva, sino de una paralización cautelar a la espera de que el juzgado se pronuncie.

El propietario, gran tenedor de viviendas en Cantabria y Cataluña, pretende el desalojo de la familia «con vocación lucrativa», explican desde el sindicato. «Las quiere fuera para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria de otras». «Hemos conseguido frenar este primer intento de desahucio gracias a la organización colectiva, y en ello encontramos motivos para confirmar y celebrar que el sindicalismo de base es el camino para defender hasta el final los pocos derechos con los que contamos en materia de vivienda, pero no son las mejores noticias. El caso no está cerrado y hacemos un llamamiento a las vecinas y vecinos para que sigan alerta porque habrá un segundo intento», han querido apuntar las militantes del sindicato cántabro.

Desde la asamblea del sindicato han insistido en la necesidad de dejar de normalizar la tenencia masiva de viviendas y el uso de estas para la especulación, y de construir alternativas a través de la organización colectiva: «Tenemos la especulación que toleramos. Y ya hemos tolerado bastante». Recuerdan que «Blanca y su hija llevan toda la vida en esa casa y la tiranía de la propiedad privada no puede dejarlas en la calle». Manifestaban la intención de parar este desahucio igual que se consiguió con José, la semana, pasada, en Muriedas. Y con este, de momento, han logrado lo mismo.

Suspendido el desahucio de José en Muriedas

Desde los tiempos de la pandemia, un decreto había logrado que casos de familias en situación de vulnerabilidad sortearan las órdenes de desahucio decretadas contra ellas. Nunca se convirtió en una herramienta definitiva, sino que era un decreto que se iba renovando periódicamente, pero necesitaba contar con la aprobación del Congreso. En febrero de este año no pasó el corte, dejó de tener esa validación.

El significado de esa votación es que ahora los jueces no tienen por qué tener en consideración la vulnerabilidad de una determinada familia, incluso aunque haya un informe del departamento de servicios sociales de un Ayuntamiento, para evitar que una familia se quede en la calle.

Esto mismo se pudo comprobar la pasada semana en Muriedas. José y su familia tenían decretado su desahucio el pasado día 19 de junio, y la comitiva judicial acudió al domicilio para ejecutar el lanzamiento. La presencia de decenas de activistas por la vivienda fue lo acabó haciendo cambiar de opinión a los funcionarios de justicia, que pretendían desahuciar a una familia de cinco miembros, uno de ellos menor de edad y otro con una discapacidad del 84%.