Greenpeace sitúa 14 puntos críticos en la costa cántabra y alerta sobre peces y marisco

La organización ecologista advierte de que la subida del nivel del mar, el urbanismo y los temporales amenazan playas, viviendas y especies pesqueras, mientras señala la restauración de Berria como alternativa al cemento
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Greenpeace ha identificado 14 puntos críticos en los 284 kilómetros del litoral de Cantabria, una franja sometida a la presión urbanística y turística, la subida del nivel del mar y unos temporales cada vez más intensos. El diagnóstico forma parte de ‘Destrucción a toda costa 2026’, el informe con el que la organización ecologista analiza la vulnerabilidad ambiental, social y económica de la costa española.

Según el documento, el 21% de la costa cántabra está artificializada y el turismo representa el doce por ciento del producto interior bruto regional.

El informe centra parte de su atención en las viviendas de uso turístico (VUT): de las cerca de 3.000 registradas en municipios costeros, 529 cumplirían la normativa, 78 habrían sido excluidas por deficiencias técnicas y 2.358 funcionarían con autorizaciones provisionales o sin una inspección definitiva.

Greenpeace vincula esta expansión con el encarecimiento de la vivienda. En Ribamontán al Mar, Noja, Comillas y San Vicente de la Barquera, el alquiler habría subido una media del 73% durante la última década. La organización señala que la presión alcanza también al interior y cita Cabuérniga, donde los precios de algunos inmuebles vacacionales se acercan a los de las calles más caras de Madrid.

En este sentido, el informe contrasta la emergencia habitacional con inversiones dirigidas al turismo, como los 135.000 euros destinados por el Ayuntamiento de Suances a un funicular de acceso a la playa. También recoge los intentos de promover campings de lujo en suelos protegidos del Parque Natural de Oyambre, frenados por la movilización social o trasladados a los tribunales.

Otro de los casos incluidos es la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, construida en dominio público marítimo-terrestre y con una orden de demolición desde 2005. Greenpeace cifra en 151,4 millones de euros la suma de su construcción, el derribo pendiente y la nueva instalación prevista para atender la cuenca del Saja-Besaya.

Las obras rígidas ocupan un lugar central en la crítica. La escollera de La Magdalena, levantada para retener arena en Los Peligros y La Magdalena, habría modificado las corrientes locales y acelerado la erosión en áreas próximas. En El Sardinero, los trasvases de arena con maquinaria pesada se repiten pese a que los temporales del noroeste vuelven a llevarse los sedimentos.

El último invierno agravó el déficit de arena en la bahía. En Loredo, el oleaje socavó el frente dunar y dejó un talud vertical inestable de más de cinco metros. En Somo y Loredo, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) estima una pérdida media de un metro de anchura del arenal cada año, acelerada por los temporales.

Los impactos alcanzan también a la biodiversidad. Las playas de Tregadín y Ris, en Noja, y Berria, en Santoña, reciben grandes acumulaciones de un alga asiática invasora. El documento advierte de que las cribadoras convencionales pueden fragmentarla y liberar esporas, por lo que una retirada inadecuada facilita su expansión por otros puntos del litoral.

El calentamiento del Cantábrico está modificando asimismo las especies de interés pesquero. Greenpeace recoge una disminución del tamaño de la merluza, el bocarte y otros peces de fondo por la menor disponibilidad de oxígeno. El verdel se desplaza hacia el norte, la anchoa adelanta la puesta y los juveniles de bonito del norte cambian el calendario de su migración.

Para el conjunto del mar Cantábrico, el informe añade que las lluvias extremas alteran la salinidad de las rías y pueden causar mortalidades en bancos de almejas y berberechos. Además, el retroceso de los bosques submarinos de grandes algas reduce las zonas de refugio y cría de peces jóvenes, con efectos sobre las capturas de la flota artesanal.

Frente a estas actuaciones, Greenpeace presenta la restauración de Berria como una alternativa. Tras caducar la concesión de un antiguo camping, se retiraron el asfalto y las estructuras que ocupaban la duna, se recuperó el 60% de la parcela y se replantó vegetación adaptada a la arena. Durante los temporales, el sistema dunar absorbió el oleaje y protegió las áreas urbanizadas próximas.

El informe sostiene que esa recuperación permite al viento y a las mareas redistribuir la arena sin aportes artificiales anuales. La organización reclama extender las soluciones basadas en la naturaleza, frenar nuevas construcciones en zonas inundables, planificar la retirada de infraestructuras expuestas y gestionar ríos y embalses para que los sedimentos vuelvan a alimentar las playas.

“Aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado”, afirma María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. La organización pide además que las decisiones sobre el litoral se adopten con criterios científicos, planificación a largo plazo y participación social.

 


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