La asociación Héroes de la República y la Libertad ha reclamado la retirada completa del monumento a Luis Carrero Blanco en Santoña y ha rechazado la posibilidad de “resignificar” el conjunto, planteada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del municipio como alternativa para cumplir la Ley de Memoria Democrática.

En un comunicado, la entidad sostiene que “no hay punto medio” entre mantener un símbolo vinculado al franquismo y cumplir la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática. El colectivo defiende que el monumento debe desaparecer del espacio público y considera que su conservación, aunque se modifiquen elementos o denominaciones, no responde al sentido de la decisión administrativa.

El monumento fue incorporado el uno de septiembre de 2026 al Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, con el código CAT-1-2026. La resolución estatal determina su retirada del espacio público y requiere al Ayuntamiento de Santoña, titular del conjunto, que ejecute la medida en un plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la notificación.

El expediente recoge que la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática concluyó en mayo que el conjunto resulta contrario a la memoria democrática y que no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para mantenerlo. La resolución también recoge las alegaciones de Héroes de la República y la Libertad, que ya defendió durante el procedimiento que el monumento ensalza a una figura central de la dictadura y afecta a la memoria y dignidad de las víctimas.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, considera contrarios a la memoria democrática los elementos situados en la vía pública que supongan exaltación de la sublevación militar, la Dictadura, sus dirigentes o quienes participaron en el sistema represivo. El artículo 36 establece, además, un catálogo estatal en el que deben incluirse los elementos que hayan de ser retirados o eliminados.

Héroes de la República y la Libertad rechaza el planteamiento de la resignificación  y lo califica de “gatopardismo”, al entender que supondría aparentar un cambio sin modificar el fondo de la cuestión. La asociación contrapone esta posición a la que atribuye al Partido Popular (PP), Vox y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), formaciones a las que acusa de mantener resistencias más directas frente a la aplicación de la legislación memorialista.

La entidad memorialista figura como parte interesada en el procedimiento. En su comunicado insiste en que la Administración debe confirmar y ejecutar lo resuelto, y vincula la retirada del monumento con la educación en derechos humanos, la defensa de la democracia y la memoria histórica.

El conjunto dedicado a Carrero Blanco fue promovido por el Ayuntamiento de Santoña durante el final de la dictadura y concluido en 1976. La resolución estatal recuerda que Carrero Blanco ocupó cargos de máximo nivel en el régimen franquista, fue vicepresidente del Gobierno desde 1967 y presidente del Gobierno en 1973. El Ayuntamiento, durante la tramitación, defendió que el monumento estaba ligado a su condición de hijo predilecto de Santoña y a su trayectoria como marino –lo que desmonta el otro argumento, de que es por su condición de víctima de un atentado de ETA–, además de destacar el valor artístico de la obra de Juan de Ávalos.

La resolución, sin embargo, concluye que la finalidad conmemorativa del conjunto y la trayectoria política de Carrero Blanco lo sitúan dentro de los supuestos previstos por la Ley de Memoria Democrática y ordena su retirada del espacio público. Si el Ayuntamiento incumple el plazo fijado, podrá iniciarse el procedimiento contemplado en el artículo 37 de la ley.  El monumento, además, fue impulsado antes del asentamiento de la transición, cuando todavía no había instituciones democráticas, es decir, fue un símbolo propagandístico del franquismo impulsado por el propio franquismo.

En el comunicado, Héroes de la República y la Libertad cita como precedentes la retirada de referencias franquistas en otros puntos de Cantabria, como el cambio de denominación del actual Paseo de Altamira en Santander o la desaparición de un monumento a los caídos con yugo y flechas en San Roque de Riomiera. La asociación cierra su posicionamiento reclamando el “cumplimiento de la resolución y no resignificación” y defendiendo que “sin memoria no hay democracia”.

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