Luis Acayro Sánchez sabe de sobra lo que es la resistencia:  le vemos nadar en varios momentos del reportaje de Salvados emitido este domingo en La Sexta, en el que demuestra la capacidad de aguante que ha tenido que desarrollar a lo largo de estos años.

Primero, ante la complejidad de las investigaciones sobre las múltiples tramas de corrupción urbanística en Castro Urdiales, localidad a la que algún medio nacional llegó a llamar «la Marbella del norte»; después, ante las presiones que asegura haber sufrido y los procedimientos judiciales que terminaron con su inhabilitación como magistrado durante diez años. Entrevistado por Gonzo, Acayro reconstruye una trayectoria que comenzó persiguiendo posibles delitos y acabó con él en el banquillo de los acusados, sin poder ejercer su profesión y con una confianza en la Justicia que ya no es la misma.

Cuando llegó a Castro Urdiales, en 2007, se encontró con una sucesión de procedimientos que afectaban a responsables políticos, funcionarios, arquitectos y empresarios. «La ratio de implicados en corrupción por habitante era muy alta», recuerda. Las investigaciones avanzaron, pero también comenzaron las presiones contra quienes las impulsaban. Acayro denuncia que pasó de investigar posibles irregularidades a convertirse él mismo en el protagonista de numerosas noticias: «El caso era yo, el titular era yo, la foto era la mía», lamenta, señalando expresamente el tratamiento informativo de El Diario Montañés. Critica que se publicaran denuncias contra él sin informar después de su archivo, y recuerda que llegó a ser denunciado por detenciones ilegales sin haber dictado ningún auto de detención.

La sensación de desprotección la comparte José Ramón Pérez, el guardia civil que trabajó junto a él y que aporta uno de los testimonios más reveladores del programa. «Estábamos tocando fibra sensible», recuerda sobre unas investigaciones en las que, según explica, llegaron a descubrir 243.000 euros escondidos en unas carpetas y a sospechar de posibles avisos previos a los investigados. Pérez relata que a Acayro llegaron a crearle perfiles falsos en redes sociales con contenido pornográfico, mientras que a él le retiraron el complemento de productividad de la nómina «cuando hacía más horas que un tonto». También recuerda las dificultades para justificar sus investigaciones ante sus superiores. «El paraguas que yo tenía era Acayro, pero él no tenía sujeción. Jugaba sin red», explica.

Acayro terminó dejando Castro Urdiales y trasladándose a Santander, donde esperaba recuperar una vida judicial más tranquila. Durante la pandemia impulsó la modernización tecnológica de los juzgados y celebró, en mayo de 2021, una vista telemática integral, una experiencia que aparece en el reportaje como ejemplo de su apuesta por adaptar la Justicia a nuevas herramientas.

«Van a cambiar los juicios tal como los entendemos ahora»

También aspiró a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, compitiendo con José Luis López del Moral, con quien ya había mantenido un enfrentamiento judicial: en 2015 había sido condenado por revelación de secretos en una causa vinculada a su actividad en Castro, pero el Supremo revocó aquella condena al año siguiente. Acayro recurrió posteriormente el nombramiento de López del Moral al considerar que no se había valorado adecuadamente el cumplimiento de sus anteriores compromisos. Cuando se presentó una nueva querella contra él, fue precisamente López del Moral quien presidió la sala que decidió admitirla a trámite. «Era la misma persona con la que yo estaba compitiendo la plaza», recuerda el exmagistrado, que considera que debería haberse abstenido.

Aquella querella estaba relacionada con una actuación aparentemente rutinaria: Acayro había reclamado documentación que faltaba en un expediente administrativo vinculado a la contratación de un abogado por una administración local. «Cuando falta un expediente, la obligación es pedirlo. Ni siquiera fue un error, fue cumplir la legalidad», defiende. El abogado era José María Real del Campo, experto en urbanismo y habitual en la asesoría jurídica de varios ayuntamientos cántabros.

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Luis Acayro Sánchez (Acayro no es apellido, sino parte del nombre) fue condenado por prevaricación judicial a cinco años de inhabilitación mediante una paradójica sentencia que apreciaba una atenuante de error al mismo tiempo que consideraba que había cometido un delito doloso, es decir, actuando deliberadamente a sabiendas de que dictaba una resolución injusta. Prácticamente una contradicción de términos.

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Recurrió al Tribunal Supremo esperando que se corrigiera aquella contradicción, pero ocurrió lo contrario: se anuló la primera sentencia, se eliminó la atenuante de error, se mantuvo el dolo y la condena aumentó a diez años, modificando la relación de hechos probados. «Quitamos el error y mantenemos el dolo», resume Acayro. La decisión contó con dos votos particulares discrepantes entre los cinco magistrados, que cuestionaron la modificación de los hechos probados. Acayro denuncia que se le atribuyó una intención que no había quedado acreditada.

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JOAQUÍN URÍAS: «LOS JUECES ESPAÑOLES NO SABEN DEJAR FUERA DE LA SALA SU IDEOLOGÍA»

El constitucionalista Joaquín Urías, que participa en el reportaje, considera «inquietante» lo ocurrido. «Cuantos más datos conozco, más me quedo con la duda de qué hay detrás», cuestionando especialmente que el Supremo modificara la valoración de los hechos sin practicar nuevas pruebas y recuerda que «el Supremo es un tribunal de revisión», no uno encargado de celebrar nuevamente el juicio. «El Supremo hace cosas que, si las hiciera un juez de instancia, todo el mundo diría: “¡Qué barbaridad!”», afirma. Urías amplía además la reflexión al conjunto del poder judicial, cuyos nombramientos, controles internos y mecanismos disciplinarios considera afectados por un excesivo corporativismo. «Los jueces españoles no saben dejar fuera de la sala su ideología, su sesgo político», denuncia, antes de plantear una pregunta sobre los límites de ese poder: «¿Quién vigila al vigilante?».

FUERA DE LA CARRERA JUDICICIAL

Mientras tanto, Acayro intenta reconstruir su vida fuera del Derecho, la profesión a la que se había dedicado desde joven y que ahora no puede ejercer, ni siquiera como abogado, debido a sus antecedentes penales, a lo que se suma la reclamación de la prestación recibida estos meses, una compensación convertida en una deuda.

Su experiencia ha erosionado profundamente su confianza en las instituciones judiciales, y aú así evita generalizar: «Sería injusto decir que no se puede confiar de forma general», explica, aunque tampoco considera posible hacerlo «al cien por cien». «A veces la Justicia da confianza y a veces da miedo», reflexiona.

Al acabar, el reportaje vuelve a mostrarlo nadando, esta vez lejos de la seguridad de una piscina, en lo que los nadadores llaman aguas abiertas. Una nueva prueba de resistencia, esta vez en un campo abierto y desconocido.