«Nuestra casa es pública». Con estas palabras, Ricardo Fernández, integrante de No Name Kitchen, respondió a la publicación de informaciones que señalaban el domicilio de la organización en Ceuta como un supuesto «piso franco». Una expresión que resume parte de la intervención que protagonizó en el Centro Social Smolny de Santander, donde participó en un encuentro organizado por El Faradio junto a representantes de otras tres entidades que trabajan con personas migrantes: 14 Kilómetros, Fundación Cuin y Pasaje Seguro. Se celebró el pasado 2 de octubre.

Fernández relató cómo No Name Kitchen se convirtió en objetivo de una campaña de desinformación que comenzó con la difusión de acusaciones falsas sobre un supuesto reparto de espray de pimienta. Según explicó, la secuencia arrancó con una publicación de un medio vinculado al entorno de la ultraderecha y un vídeo de un influencer ceutí en el que aparecían tres integrantes de la organización por la calle. Se les señalaba como responsables de distribuir ese material, pese a que, según Fernández, en las imágenes no aparecía ningún espray.

En apenas 48 horas, la organización recibió más de 3.000 mensajes con insultos y amenazas. «Os vamos a matar», «parásitos» o expresiones de violencia sexual formaban parte de los contenidos que llegaron a sus redes sociales. A continuación, se difundieron nuevas acusaciones que vinculaban a No Name Kitchen con la supuesta compra de productos para fabricar explosivos y atacar a policías y militares.

El relato, según explicó, se apoyaba en la fotografía de una botella de plástico con un líquido y burbujas, sin que se hubiera realizado ningún análisis que acreditase su contenido. La organización tuvo que responder a las consultas de medios de comunicación y participar en espacios de televisión para desmentir las informaciones. También recordó que Mercadona tuvo que emitir un comunicado para aclarar que no había denunciado ninguna compra masiva de esos productos ni tenía constancia de los hechos que se le atribuían.

La campaña continuó con la publicación de una fotografía de la vivienda de la organización, presentada como un supuesto centro clandestino. Fernández explicó que el espacio es un domicilio abierto a personas y colectivos que acuden a colaborar durante unos días en las tareas de apoyo. «Nuestra casa es pública», insistió, al tiempo que denunció la exposición que supuso divulgar su ubicación en un contexto de amenazas.

La situación llegó a generar miedo físico entre las personas que integran el equipo. Fernández explicó que no disponían de medios para garantizar su seguridad y que el clima de hostigamiento provocó un debate interno sobre la continuidad de la actividad. Siete personas abandonaron el equipo, mientras otras decidieron permanecer y reforzar su compromiso, conociendo los riesgos que ello implicaba.

Además de los mensajes, se produjeron episodios de violencia contra quienes participaban en las tareas de apoyo. El representante de No Name Kitchen mencionó disparos de balines desde balcones, lanzamiento de huevos y también de ladrillos. Pese a ello, defendió que la organización había salido reforzada y destacó el papel del humor como mecanismo para afrontar las amenazas y evitar que el miedo condicionase toda su actividad.

Fernández vinculó estos episodios con un contexto político más amplio, marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y la normalización de discursos racistas. También expresó su preocupación por las propuestas normativas que, según explicó, plantean limitar el principio de no devolución cuando se considere que una persona supone un peligro para el orden público o la seguridad nacional. A su juicio, esa formulación puede abrir la puerta a que se cuestione el derecho a solicitar protección internacional.

Frente a ese escenario, defendió una visión optimista sobre la convivencia y la diversidad cultural. Recordó que la presencia de personas de distintos orígenes forma parte ya de la vida cotidiana y consideró que los discursos que presentan la migración como una amenaza no pueden detener esa realidad.

Acogida, derechos y autonomía

El encuentro permitió conocer también el trabajo que desarrolla en Santander la asociación 14 Kilómetros, que nació en 2017 para acompañar a personas migrantes en sus procesos de regularización, integración y acceso a recursos básicos. Javier Merino explicó que la entidad ofrece clases de español, alojamiento, alimentos, orientación laboral y apoyo educativo, además de talleres de cocina, costura y artesanía.

En su memoria de 2025, la asociación contabilizó 40 personas que recibieron ayuda para alojamiento y 50 que accedieron mensualmente a alimentos. También acompañó a 20 personas en la obtención de su primer permiso de residencia y trabajo, mientras que 12 renovaron autorizaciones anteriores. Las clases de español reunieron a 160 alumnos y otras 20 personas recibieron refuerzo escolar.

La entidad dispone de un local en la calle Cisneros, tres pisos de alquiler, dos habitaciones en viviendas compartidas y otras 12 habitaciones distribuidas en distintos pisos. En el momento de la intervención, estos recursos alojaban a 13 jóvenes y dos familias con menores a cargo.

Merino destacó que la asociación cuenta con unos 220 socios y una estructura basada fundamentalmente en el voluntariado. También puso el foco en el papel de Pilar Bezanilla, fundadora y responsable de buena parte del trabajo cotidiano. Para explicar el sentido de la actividad, defendió que «gente pequeña haciendo cosas pequeñas» puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes llegan.

Por su parte, Pedro Quesada, de la Fundación Cuin, explicó que la entidad trabaja desde hace años en la atención a menores y adolescentes en distintos ámbitos de protección y que recientemente ha abierto tres residencias de acogida de emergencia para menores migrantes.

Quesada subrayó que la atención a estos chicos responde a una obligación de protección recogida en la legislación y en los derechos de la infancia. El trabajo de la fundación incluye proporcionar alojamiento, alimentación, educación y atención, además de acompañar los procesos de documentación, aprendizaje del idioma y formación.

Uno de los principales problemas que afrontan, explicó, es la falta de tiempo para preparar la transición a la vida adulta. Algunos jóvenes llegan a Cantabria cuando están cerca de cumplir los 18 años, lo que obliga a acelerar procesos de aprendizaje, formación y búsqueda de empleo. El objetivo, señaló, es evitar que terminen en la calle cuando abandonen el sistema de protección.

El representante de Cuin defendió también que la integración debe partir del respeto a las culturas de origen. En este sentido, rechazó prácticas que pretendan impedir que los menores hablen sus lenguas o mantengan sus costumbres. Compartir comidas, conocer otras culturas y generar relaciones de confianza forman parte, a su juicio, de una acogida que no debe anular la identidad de quienes llegan.

Quesada explicó que la polémica alrededor de algunos recursos de acogida responde en buena medida al contexto político y mediático. Frente a los discursos que presentan a los menores como una amenaza, describió a jóvenes que atraviesan una etapa de maduración lejos de sus familias y que necesitan acompañamiento para construir un proyecto de vida.

También insistió en que ayudar no significa sustituir la capacidad de decisión de las personas acogidas. El propósito, dijo, es proporcionar herramientas para que puedan desarrollar sus propias capacidades y acceder a oportunidades laborales y sociales.

Frenar la normalización del odio

Javier González de Soto, de Pasaje Seguro, situó el origen del colectivo en torno a 2015 y 2016, en el contexto de la guerra de Siria y de la llegada de personas refugiadas a Europa. Su objetivo es reclamar vías legales y seguras para migrar y defender los derechos humanos de las personas migrantes mediante acciones públicas, concentraciones y denuncias.

Entre las campañas impulsadas por el colectivo destacó la oposición a las concertinas instaladas en el puerto de Santander. Para González de Soto, combatir este tipo de medidas también supone frenar la normalización de un discurso que considera aceptable someter a las personas migrantes a condiciones que no se admitirían en otros ámbitos.

El representante de Pasaje Seguro expresó su preocupación por la extensión de mensajes que presentan a las personas extranjeras como una amenaza y por la utilización política de ese discurso. En este sentido, recordó las movilizaciones contra la presencia de personas migrantes en los barrios y las denuncias trasladadas por el colectivo ante la Fiscalía.

El encuentro en Smolny reunió así distintas experiencias de trabajo social, acogida y activismo que, desde ámbitos diferentes, comparten una preocupación: que los derechos de las personas migrantes no queden subordinados a los discursos de hostilidad ni a las disputas políticas.

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