La situación de Acayro llega a la Comisión Europea tras la emisión de Salvados: Sumar pregunta por la imparcialidad del tribunal y la actuación del Supremo
La situación del magistrado Luis Acayro Sánchez llega a la Comisión Europea. La eurodiputada de Movimiento Sumar Estrella Galán, integrante del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, ha presentado una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que plantea dudas sobre las garantías judiciales en el procedimiento que terminó con la expulsión de la carrera judicial del magistrado que investigó numerosas causas de corrupción urbanística en Cantabria, especialmente en Castro Urdiales.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, llega después de que el programa ‘Salvados’, emitido por laSexta, abordara el caso de Acayro Sánchez, condenado por prevaricación judicial en un procedimiento que ha estado marcado por las controversias sobre la imparcialidad de los tribunales y la interpretación de los hechos que dieron lugar a su condena.
En concreto, Galán plantea tres preguntas a la Comisión Europea relacionadas con el derecho a un tribunal imparcial, las garantías de un proceso equitativo y la duración razonable de los procedimientos judiciales.
La primera se refiere a si resulta compatible con los estándares europeos de imparcialidad judicial que un magistrado juzgue a otro con quien mantiene un litigio pendiente.
Esta cuestión conecta directamente con una de las circunstancias que han acompañado al procedimiento contra Acayro Sánchez. El magistrado José Luis López del Moral, que presidió el tribunal que lo juzgó y fue ponente de la sentencia condenatoria, había competido con él por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Pero la relación entre ambos no se limitaba a aquella competencia profesional. Acayro había recurrido el nombramiento de López del Moral y el litigio seguía pendiente cuando este intervino en la admisión de la querella que dio origen al procedimiento penal y, posteriormente, en su enjuiciamiento.
Una condena agravada por el Tribunal Supremo
La segunda cuestión trasladada a Bruselas se centra en la actuación del Tribunal Supremo, que elevó de cinco a diez años la condena de inhabilitación impuesta inicialmente a Acayro Sánchez, lo que supuso su expulsión de la carrera judicial.
La eurodiputada pregunta expresamente si es compatible con el derecho a un proceso equitativo que un tribunal de última instancia modifique hechos probados en perjuicio del acusado sin celebrar una audiencia.
Este asunto constituye uno de los principales puntos de discrepancia jurídica que ha dejado el procedimiento.
La primera sentencia, dictada en 2022, recogía que Acayro Sánchez creía estar actuando en cumplimiento de sus obligaciones profesionales. Sin embargo, acabó siendo condenado por prevaricación judicial, un delito cuya modalidad dolosa exige que el juez dicte una resolución injusta a sabiendas.
La contradicción entre ambas apreciaciones fue uno de los aspectos examinados en los recursos posteriores.
El Tribunal Supremo agravó la condena al considerar que concurría la actuación dolosa, pero su resolución no fue unánime.
Los magistrados Antonio del Moral y Leopoldo Puente formularon votos particulares en los que defendieron la absolución de Acayro Sánchez y cuestionaron la valoración realizada por la mayoría de la Sala.
Los magistrados discrepantes consideraron que la resolución alteraba aspectos esenciales de los hechos fijados en la instancia en perjuicio del acusado, una cuestión que ahora aparece reflejada en la segunda pregunta dirigida a la Comisión Europea.
Los votos particulares que defienden la absolución del magistrado Acayro Sánchez
La mayoría del Supremo, por su parte, defendió la legalidad de su actuación y rechazó que hubiera modificado indebidamente los hechos probados.
Una querella surgida de un procedimiento urbanístico
El origen del caso se encuentra en las actuaciones desarrolladas por Acayro Sánchez en un procedimiento relacionado con el Ayuntamiento de Castañeda y la solicitud de documentación sobre contratos e informes vinculados a asuntos urbanísticos.
La querella fue promovida por el abogado José María Real del Campo, especializado en urbanismo , que había intervenido en defensa del Ayuntamiento, y por el Colegio de la Abogacía de Cantabria.
El procedimiento urbanístico había terminado con una resolución favorable al Ayuntamiento. Sin embargo, las actuaciones del magistrado para obtener determinada documentación dieron lugar a la querella por prevaricación judicial.
El Faradio también ha informado de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había examinado previamente una queja relacionada con aquellas actuaciones sin apreciar motivos para una intervención disciplinaria.
El caso adquirió especial relevancia por la trayectoria de Acayro Sánchez en la investigación de procedimientos de corrupción urbanística, especialmente en Castro Urdiales, donde instruyó numerosas causas relacionadas con la actuación de responsables públicos y promotores inmobiliarios.
Cinco años de procedimiento judicial
La tercera pregunta formulada por Estrella Galán se refiere a la duración de los procedimientos.
La eurodiputada solicita a la Comisión Europea que explique qué medidas prevé adoptar para abordar las dilaciones excesivas y garantizar que los procesos judiciales se resuelvan dentro de un plazo razonable.
En su escrito sitúa el desarrollo del procedimiento contra Acayro Sánchez entre 2021 y 2026, un periodo durante el que se sucedieron la querella, la sentencia inicial, los recursos ante el Supremo y las actuaciones posteriores.
Tras la condena definitiva, la defensa del magistrado acudió al Tribunal Constitucional, que inadmitió a trámite el recurso de amparo mediante una resolución de junio de 2026.
Posteriormente, Acayro Sánchez llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una vía distinta de la iniciativa parlamentaria presentada ahora por Galán.
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