Vivienda ejercerá presión sobre el fondo que compró los pisos de Caixa en Santander para que se acoja al programa de compra pública
Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, durante un encuentro con los vecinos celebrado en el propio bloque de viviendas en Peñacastillo, en el que también han participado el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, junto a candidatos a las elecciones generales, y el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Santander, Dani Fernández, junto al concejal Javier González de Riancho, especializado en urbanismo.
En el encuentro, Iglesias ha explicado que existe un programa de adquisición pública de viviendas al que podría acogerse Mosaic, lo que permitiría estudiar la incorporación de estos inmuebles al parque público. Ha precisado que la Administración no puede obligar a una empresa privada a vender, pero sí puede ejercer presión institucional para favorecer una negociación.
En este sentido, ha avanzado que solicitará a Mosaic que participe en la convocatoria de compra pública. La propuesta, que se plasmará en un primer paso en una carta, permitiría estudiar una posible adquisición de los inmuebles para mantener su función residencial y las condiciones de alquiler asequible.
La secretaria de Estado ha rechazado que las dificultades jurídicas o las limitaciones de las competencias administrativas sirvan para afirmar que no se puede hacer nada y ha defendido la necesidad de explorar las herramientas disponibles para proteger a las familias.
De La Caixa a Mosaic
El conflicto afecta a las familias residentes en las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón, en el barrio santanderino de Peñacastillo, que fueron promovidas por la Obra Social de La Caixa a través de InmoCaixa como una iniciativa destinada a facilitar el acceso al alquiler asequible.
Los inmuebles fueron adjudicados mediante un procedimiento en el que participó el Ayuntamiento de Santander y durante años han constituido la residencia habitual de familias que accedieron a ellos bajo unas condiciones económicas diferentes de las del mercado libre.
Posteriormente, las viviendas fueron vendidas a Mosaic Propco, una operación que ha generado incertidumbre entre los residentes sobre su continuidad en los inmuebles y las condiciones de sus contratos.
Las familias han reclamado la intervención de las administraciones públicas para evitar que estas viviendas pierdan su carácter asequible y para garantizar que se respeten sus derechos como inquilinas.
Contratos vigentes hasta 2028 y límites a las subidas
Durante el encuentro, la secretaria de Estado también ha abordado la situación de los contratos de arrendamiento, algunos de ellos vigentes hasta 2028, y ha recordado la importancia de respetar los derechos de las personas inquilinas y las posibilidades de prórroga previstas en la normativa.
Además, ha planteado la necesidad de evitar incrementos de las rentas que puedan dificultar la permanencia de las familias en sus hogares.
En este sentido, ha hecho referencia a las actualizaciones de los alquileres, señalando la posibilidad de que no se aplique directamente el índice de precios de consumo (IPC), sino incrementos del cero o del 2%, en función de las condiciones legales correspondientes.
Iglesias también ha abordado la posibilidad de establecer condiciones para las operaciones de compraventa de viviendas, entre ellas que, en determinados supuestos, los inmuebles se vendan vacíos, una cuestión que ha relacionado con la protección de los contratos existentes.
Medidas contra la especulación y la vivienda buitre
Otro de los asuntos tratados ha sido la necesidad de limitar determinadas operaciones especulativas en el mercado inmobiliario, especialmente aquellas que consisten en comprar viviendas por debajo del precio de mercado para venderlas posteriormente a un precio superior.
Iglesias ha explicado que el último decreto en materia de vivienda contemplaba medidas dirigidas a impedir este tipo de operaciones y a definir el concepto de vivienda buitre, vinculado a la adquisición de inmuebles con fines especulativos.
Según ha señalado, estas propuestas formaban parte de las medidas que el Gobierno pretendía impulsar para limitar determinadas prácticas inmobiliarias y reforzar la protección de las personas residentes.
La secretaria de Estado ha relacionado estas iniciativas con la necesidad de intervenir sobre las condiciones del mercado residencial y evitar que las viviendas se utilicen exclusivamente como activos de inversión, al margen de su función como hogares.
La vivienda pública, como la sanidad y la educación
Iglesias ha defendido también la necesidad de cambiar la concepción de la vivienda pública, que, a su juicio, no debe entenderse únicamente como una respuesta para las personas en situación de vulnerabilidad, sino como un recurso dirigido al conjunto de la población.
Para explicarlo, ha establecido una comparación con la sanidad y la educación públicas, que no están concebidas exclusivamente para las personas con menos recursos, sino como servicios accesibles a toda la ciudadanía.
En este sentido, ha defendido que solo si se entiende que la vivienda pública es para todos se defenderá como un derecho para todos.
Este planteamiento está relacionado con la necesidad de ampliar el parque público y garantizar que los inmuebles adquiridos o promovidos con recursos públicos mantengan su función social.
Iglesias también ha hecho referencia a los compromisos electorales del PSOE en materia de vivienda, entre ellos la medida 69, que contempla asistencia jurídica. Ha explicado que algunas de estas propuestas quedaron recogidas en el programa electoral porque no hubo tiempo para desarrollarlas anteriormente.
Casares insiste en que no renuncian a encontrar una solución
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general socialista, Pedro Casares, ha insistido durante el encuentro en que los socialistas no renuncian a buscar una solución para las familias de Hermanos Calderón.
Casares ya había mantenido contactos con los afectados por la venta de los inmuebles y había planteado la necesidad de estudiar las posibilidades de intervención de las administraciones públicas.
Por otra parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Dani Fernández, ha cuestionado que se utilice la falta de recursos económicos como argumento para descartar actuaciones en materia de vivienda.
En este sentido, ha señalado que la liquidación del presupuesto municipal refleja, según los datos que ha expuesto, 101 millones de euros sin invertir, una cifra que ha contrapuesto a las dificultades económicas alegadas para intervenir en situaciones como la de Hermanos Calderón.
El Ayuntamiento de Santander, gobernado por el Partido Popular (PP), ha descartado hasta ahora la adquisición municipal de los inmuebles, mientras las familias continúan reclamando una solución que les permita permanecer en sus viviendas y mantener unas condiciones de alquiler asequibles.
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