El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno de Cantabria y a la Demarcación de Costas que mejoren su coordinación para evitar que vuelvan a producirse situaciones como la tala de árboles en el bosque de Loredo, en Ribamontán al Mar.

El asunto, que despertó la alarma vecinal y ecologista –con la plataforma SOS POL Somo-Loredo y el trabajo del partido municipalista Iniciativa Vecinal Ribamontán al Mar, junto a figur,  ante una tala que luego la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) acabó declarando ilegal, ha llegado al Defensor del Pueblo, que lo refleja en su informe anual, consultado por EL FARADIO.

La tala es consecuencia de una situación administrativa compleja: Medio Rural aseguró en su momento que no tenía competencias en la zona, al ser un terreno urbano, pero también era zona afectada por el POL (Plan de Ordenación del Litoral) y parte de ello iba incluida en la línea de protección de Costas.

Y sí se ajustó a las especies declaradas por el promotor (pinos y eucaliptos, de crecimiento rápido;rl promotor eran los administradores de la constructora en concurso Emilio Bolado).

Pero en casos como estos, en los que bastaba con la mera declaración del solicitante, el Defensor del Pueblo cree que la Administración al menos podía haber realizado funciones de inspección por sí mismos, sin esperar a que se presentara denuncia.

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Desde la Consejería de Medio Rural trasladan al Defensor del Pueblo que aplicarán la Ley de Montes en talas en este tipo de suelos, lo que implica una serie de controles y garantías, hasta que se aprueben normas urbanísticas específicas para la zona (un Plan Parcial o PGOU) que especifiquen lo que hay que hacer.

Además, esta institución estatal que fiscaliza disfunciones en el funcionamiento de la Administración, considera que al autorizarse la tala no se analizaron sus efectos sobre el ecosistema, en concreto, lo que suponía la eliminación de la vegetación sobre el sistema dunar que lo protegía.

Y recuerda que si bien la Ley de Montes acepta la tala con usos madereros, también establece la protección del suelo y criterios de diversidad biológica o paisaje, así como que no se produzca ·merma” de la masa de árboles, especialmente las que puedan afectar a zonas dunares, de alto valor ecológico.

Con todo, se introduce un matiz: al afectar a parte de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (una franja de la costa con protección especial) y no tenerse un instrumento de gestión del monte, como ha confirmado el Gobierno de Cantabria, hubiera sido necesario la autorización de Costas, responsable de ellos en ausencia de planes específicos.

“Al no disponer el monte de instrumento de ordenación, era preceptivo que el promotor de la tala hubiera solicitado la autorización de la Administración de Costas”, asevera el Defensor del Pueblo, que reprocha al Gobierno su interpretación “incorrecta” de la legislación.

Por tanto, le pide que traslade este asunto a Costas y “aclare” la forma de trabajar de cara a futuras ocasiones, para que ambas se “coordinen” y garanticen el cumplimiento de las normas para que las talas en zonas como esta tengan el control administrativo “adecuado” y usos “compatibles” con los requisitos de reforestación, respeto al paisaje y mantenimiento del equilibrio ecológico.

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