El equipo de Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Santander ha sacado adelante en el Pleno de este jueves, con el apoyo del concejal de VOX, Guillermo Pérez-Cosío, el inicio de acciones judiciales por la anulación del PGOU de 2012, frente al Gobierno de Cantabria, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).

El resto de partidos (PSOE, PRC y Unidas por Santander) se ha abstenido por temor a una condena en costas al Ayuntamiento, a lo que el exconcejal de Urbanismo y actual edil de Obras, César Díaz, ha reaccionado acusando a la oposición de guiarse por criterios «partidistas» y no «jurídicos».

La iniciativa aprobada este jueves se adopta a pesar de que el Consejo de Estado desestimó sendas reclamaciones patrimoniales.

El órgano consultivo del Gobierno central y el Gobierno de Cantabria tumbaron la reclamación del Ayuntamiento por los 7 millones de euros del frustrado convenio con Caja Cantabria en la Residencia de Cazoña. Ese dictamen, del 11 de julio, se conoció tras el Consejo de Gobierno del pasado 8 de agosto.

La última resolución en trascender, como publicó EL FARADIO el 29 de agosto, fue antes en el tiempo, el pasado 7 de febrero, y rechazaba igualmente la reclamación por los más de 3 millones de euros de la contratación de la redacción del planeamiento urbanístico.

El Ayuntamiento inició su particular batalla jurídica en octubre de 2017, cuando se iba a cumplir un año de la anulación del PGOU (noviembre de 2016, y tras negar que fuera a tener consecuencias jurídica.

En todos los casos, el Ayuntamiento solicita la responsabilidad por la anulación a otras administraciones, Gobierno de Cantabria y Gobierno de España (Ministerio para la Transición Ecológica y Confederación Hidrográfica del Cantábrico), ya que la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó la norma urbanística municipal se basó en que el abastecimiento de agua quedaba “en entredicho”, al estar anulado también el Bitrasvase del Ebro.

El Ayuntamiento siempre sostuvo que la sentencia anulatoria era por circunstancias “externas” y “sobrevenidas”.

DÍAZ (PP) ACUSA A LA OPOSICIÓN DE «PARTIDISMO»

El teniente de alcalde, actual concejal de Obras y exconcejal de Urbanismo que guió el PGOU frustrado en los tribunales, César Díaz (PP), ha asegurado que existe un informe del director de los Servicios Jurídicos municipales, “muy trabajado y muy fundamentado”, que apunta a que la reclamación del Ayuntamiento está “justificada” y puede “prosperar”.

El actual concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs), se ha pronunciado en la misma línea, al igual que el edil de VOX, el abogado Pérez Cossío.

El resto de partidos, PSOE, PRC y Unidas por Santander se han abstenido por “temor” a que el Ayuntamiento pueda ser condenado en costas, a lo que Díaz ha replicado que sus “dudas” no son “jurídicas” sino “partidistas”.