El Gobierno de Cantabria ha desestimado en su reunión de este jueves la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por el Ayuntamiento de Santander por la resolución del convenio urbanístico firmado con Caja Cantabria en 2010, como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana.

Tanto los servicios jurídicos como el Consejo de Estado consideran que no procede la indemnización de casi 7 millones de euros requerida al Ejecutivo por falta de legitimación del reclamante y prescripción de la acción para reclamar, tal y como ha informado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, el socialista Pablo Zuloaga, al informar este jueves de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, informa, en rueda de prensa, de los acuerdos del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno ha desestimado esta reclamación en base a los informes de los servicios jurídicos y al dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 11 de julio, que determinan la prescripción de la acción para reclamar y la falta de legitimación del reclamante.

El Ejecutivo ha adoptado esta decisión al considerar que no está acreditado el daño real y efectivo (requisito para la responsabilidad patrimonial), ni se aprecia en la Dirección General de Urbanismo, ni en la CROTU tacha alguna de posible ilegalidad o negligencia en el momento de aprobar definitivamente el PGOU, que pudiera determinar algún tipo de responsabilidad.

El Ayuntamiento reclamaba los 6.940.892 euros correspondientes a las plusvalías pagadas por Caja Cantabria en cumplimiento del convenio firmado por ambas instituciones en diciembre de 2010, por el que el Consistorio se comprometió a clasificar como suelo urbano consolidado, para uso residencial, la parcela propiedad de la entidad bancaria en la calle Cardenal Herrera Oria.

Este convenio tuvo que ser resuelto como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, el 20 de noviembre de 2017, que impedía concretar esos usos, lo que obliga al Ayuntamiento a devolver las plusvalías generadas por el cambio de uso del inmueble.

A raíz de la anulación del PGOU, y desterrada la idea de redacción de un plan de transición que planteó en un primer momento el equipo de Gobierno del PP, se han realizado o planteado varias modificaciones del principal instrumento urbanístico de la ciudad, como el que permite el traslado del colegio La Enseñanza, otro para permitir la instalación de superficies comerciales, otra para facilitar la instalación de ascensores o la que dará cabida al proyecto del MUPAC (el Museo de Prehistoria) en Puerto Chico.

Junto a ellos, el anuncio de recurrir a la empresa de vivienda para hacer una modificación puntual en el Cabildo,, o la que permitirá cubrir la Plaza Porticada (anuncio del equipo de Gobierno en campaña, con un coste de más de 7 millones de euros y que había sido una propuesta en el pasado de PRC y PSOE).

La posibilidad de modificaciones puntuales del plan en el propio Cabildo o Tetuán fue pedida durante años por los vecinos de estos barrios para dar solución a distintos problemas urbanísticos, sin respuesta.

La anulación del PGOU se convirtió en la tercera mayor inversión económica en los presupuestos de este año, al implicar indemnizaciones o gastos en expropiaciones, por situaciones como estel convenio de Caja Cantabria en Cazoña, o los casos de las expropiaciones en Fuente Llata (en la zona de Mataleñas) o de un terreno junto a Pronillo.