Este martes se reanuda en la Audiencia Provincial de Cantabria el juicio sobre el desarrollo urbanístico en la zona de Castro Urdiales conocida como La Loma, con seis acusados por delitos como cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental en concurso  con prevaricación. Las sesiones del juicio continuarán esta semana los días 27 y 28.

Sin embargo, lo que se presentaba como un macrojuicio a la corrupción urbanística en Castro Urdiales se ha quedado en un juicio común, después de un cambio de criterio de la Fiscalía para una drástica reducción de acusados, que al inicio eran 45.

Frente al criterio de la Fiscalía, algunos afectados o el Ayuntamiento de Castro Urdiales, se ha posicionado la Junta de Santullán, que mantiene las acusaciones, después de asistir al cambio de criterio y la reducción de acusados con cierta incredulidad, como manifestó públicamente la abogada Yolanda Merino.

La acusación del ministerio fiscal se limita a los exalcaldes Fernando Muguruza (exregionalista) y Rufino Díaz Helguera (exsocialista); el exsecretario municipal, César Sáiz;, el arquitecto Valentín Galdós; el exarquitecto municipal Pedro Restegui y Yolanda Sánchez Sebastián, exingeniera del Consistorio.

Pero también ejerce acusación la Junta Vecinal de Santullán, que solicita condenas para once personas: el que fuera alcalde y los miembros de la junta de gobierno local entre los años 2004 y 2006 –cuando se fueron aprobando los instrumentos urbanísticos objeto del procedimiento-; el secretario municipal, la ingeniera del ayuntamiento, el arquitecto contratado por el consistorio y un promotor inmobiliario.

Entiende que los delitos cometidos son los de prevaricación en concurso con falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho.

SANTULLÁN NO ENTIENDE LAS RAZONES PARA RETIRAR ACUSACIONES

“No entendemos como el Ayuntamiento de Castro Urdiales sigue defendiendo intereses de promotores, ni las razones de la Fiscalía para retirar acusaciones, a aquellos que han utilizado a los vecinos de la loma como rehenes”, denuncia en un comunicado la Junta de Santullán, que respalda la actuación de su representación legal en la Audiencia.

Así, la Junta de Santullán ratifica “totalmente” las acusaciones que se han realizado por sus representantes en el Juicio “contra las personas y los hechos que consideramos son delitos graves contra todos los castreños”.

“Mantenemos nuestra acusación a quienes han vulnerado el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente adecuado, y a un uso racional del suelo, y confiamos en la justicia para reparar los daños que se han causado en la Loma”, añade en un escrito difundido el fin de semana previo a la reanudación de las sesiones del juicio, una vez redimensionada la causa.

En el escrito difundido, la Junta vecinal asegura que “defiende y va a seguir defendiendo los intereses del pueblo de Santullán y de los castreños en general”, por un sentido de la “obligación de proteger los terrenos y caminos rústicos de los pueblos, para evitar que se ocupen por la fuerza,  como ha pasado en la Loma”.

“Queremos proteger las vías verdes, y en especial la vía del ferrocarril, comprada por el Ayuntamiento de Castro con ese fin,  para fomentar el desarrollo sostenible del suelo y el respeto a nuestro pasado histórico”, así como el río Suma, que “no tiene capacidad y se desborda inundando las viviendas a su orilla”, mientras que la construcción del SUNP 12 “supone el vertido de aguas residuales”.

“Nos oponemos y opondremos a que se construyan 1.200 viviendas en la Loma sin que los promotores realicen una vía de servicio de conexión con la nueva variante proyectada hacia la  Autovia A-8”, que, si no se realiza, “se colapsarán tanto la rotonda de acceso a Castro como el propio pueblo de Santullán, que no puede soportar esa carga de vehículos”, advierten.

“Si no se hace una nueva ordenación  en la Loma, pasará como con el depósito de agua…que lo tendremos que pagar entre todos”, recuerdan.

En el mismo sentido, aseguran defender que “siempre que haya nuevas construcciones, los pueblos ganen en espacios verdes de uso adecuado”, frente al parque del SUNP 12, que consideran “inaceptable” que sea “el talud de la autopista”.

Al tiempo, defienden “espacios libres de uso público, sin cargas, para poder hacer un colegio, aparcamientos y zonas de esparcimiento”.

LAS ACUSACIONES DE FISCALÍA

El ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en la zona denominada SUNP (suelo urbanizable no programado) 12.

Se trata de los exalcaldes Fernando Muguruza (exregionalista) y Rufino Díaz Helguera (exsocialista); el exsecretario municipal, César Sáiz;, el arquitecto Valentín Galdós; el exarquitecto municipal Pedro Restegui y Yolanda Sánchez Sebastián, exingeniera del Consistorio.

Además, en el caso de algunos de los acusados que ostentaban cargo público, el ministerio público señala que recibieron contraprestaciones económicas por “promover y silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación” de los instrumentos urbanísticos señalados.

Por todo ello, advierte la comisión de delitos de cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística, así como falsedad documental en concurso con prevaricación.

El exalcalde Fernando Muguruza (exregionalista), por un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, se enfrenta a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 2 años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.

Para el exalcalde Rufino Díaz Helguera (exsocialista), la Fiscalía pide 4 años de prisión por un delito continuado de cohecho, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 años y multa de 149.082€ con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

El exsecretario municipal, César Sáiz, está acusado por los delitos continuado de cohecho, falsedad documental en concurso con prevaricación y prevaricación, por lo que el ministerio fiscal solicita hasta siete años de prisión, inhabilitación durante la condena para cargo público y para funciones técnicas por 3 años, y varias multas, de 7 meses con cuota diaria 50€, con aplicación del artículo 53 del Código Penal en caso de impago y de 1.087.334 euros con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.

Por falsedad documental y cohecho, el último de los acusados, el arquitecto Valentín Galdós, se enfrenta a cinco años de prisión,inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 8 meses con cuota diaria de 50€ y con aplicación del artículo 53 del CP en caso de impago y multa de 18 meses con cuota de 50 euros.

Por el mismo delito, continuado de cohecho, el exarquitecto municipal Pedro Restegui se enfrenta a una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración por 13 años y multa de 1,8 millones de euros, con arresto sustitutorio de 90 días en caso de impago.

Al igual que Yolanda Sánchez Sebastián, exingeniera del Consistorio, para quien pide 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena; inhabilitación especial para empleo o cargo público que consista en el ejercicio de funciones técnicas en la Administración por 10 años y multa de 442.336 € con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.