Según alerta STOP DESAHUCIOS, el juzgado de instrucción nº 5 de Santander tiene programado un nuevo lanzamiento para el viernes 13 de diciembre a las 10 horas en la calle Enrique Gran, 7 de Santander (zona Río de la Pila-Entrehuertas, Escuelas Verdes), por lo que convoca acción de apoyo a las nueve de la mañana.

En este caso la denuncia presentada por Liberbank va dirigida contra una pareja, Noemí y Andrés, de 46 y 29 años de edad. Andrés es pintor y Noemí ha trabajado en el sector de la limpieza. Actualmente, no trabajan ninguno de los dos y llevan en desempleo desde hace cinco o seis años. Sobreviven gracias a una exigua renta básica de 430 euros y a las ayudas de familiares, como la madre de Andrés, que es vecina en un piso de alquiler del mismo edificio.

La pareja entró a vivir en el piso de la calle Enrique Gran hace dos años, a finales de 2017. A raíz de sus problemas económicos y después de agotar todos sus ahorros, no les quedó otro remedio.

Según Andrés, que vivió anteriormente con su madre en el mismo bloque de viviendas, el inmueble propiedad de Liberbank llevaba vacío más de 30 años. En ese sentido, la plataforma Stop-Desahucios, que apoyan a la pareja, informan que este piso, que no ha sido habitado durante décadas, fue adquirido por CajaCantabria en 2010 después de un proceso de ejecución hipotecaria.

Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, señala que todos estos procedimientos deberían hacerse por la vía civil.

“Las entidades bancarias suelen denunciar por usurpación porque los procesos penales son más baratos. Lo ético y lo más razonable desde el punto de vista jurídico sería que optaran por el procedimiento civil, ya que el sistema penal no está creado para practicar desahucios sino para otras cuestiones. De hecho, no hay normas específicas que avalen muchos de los desalojos practicados por los juzgados de instrucción. Y que se gane o no el juicio depende demasiado de la pericia del abogado de turno y de la sensibilidad del juez que toque”, expresa Mazorra.

Según la plataforma Stop-Desahucios, uno de los problemas que se encuentran los afectados y las plataformas es la negativa de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria a ayudar a estas familias, en la que, según detallan, el criterio es ofrecer viviendas de alquiler social sólo a las personas que sufren una ejecución hipotecaria o que dejan de pagar el alquiler, pero no casos como este.

Para Roberto Mazorra, esto no es comprensible: “el tema legal es importante ya que la ley no establece diferencias entre afectados o entre procedimientos judiciales, lo cual sería discriminatorio e inconstitucional. Además, muchos de los llamados ‘ocupas’ no son tales ya que proceden de antiguas ejecuciones hipotecarias o impagos de alquiler, así como de cesiones de inmuebles y de muchas otras circunstancias. Las visicitudes de los precarios y los mal llamados ‘ocupas’ son un mundo mucho más complejo que lo que se visualiza en los medios. Sin embargo, lo más relevante es el tema humano: ¿qué hacemos con todas estas familias, muchas de ellas con menores y algunas con personas con discapacidad?, ¿las dejamos en la calle?”.

“En este momento, sólo en la plataforma existen diecisiete casos –precarios, ocupas y otras circunstancias similares– con riesgo inminente de desahucio por denuncias de las entidades bancarias. A todos ellos los rechazan las administraciones públicas, es una vergüenza”, concluye Mazorra.

CAROLINA LOGRA UNA VICTORIA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido suspender el desalojo de Carolina y su familia de su vivienda en Astillero, ahora en manos de un fondo financiero, en una medida cautelar que ordenó el pasado mes de octubre el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander.

Carolina recurrió ese auto (que el Ministerio Fiscal quiso que quedara confirmado) alegando que se trataba de una medida desproporcionada, ya que el perjudicado no era una persona física, sino un fondo financiero (Global Belice) ligado a Liberbank.

Había dos opciones a la hora de tramitar este caso, según explica el auto al que ha tenido acceso EL FARADIO: un juicio a cuyo término la sentencia estableciera las medidas que se adoptaran, entre ellas el desalojo, o la opción por la que se optó en este caso, la petición de medidas cautelares previas al juicio.

Para que la medida cautelar tuviera sentido, razona la Audiencia Provincial, era necesario que el daño fuera irreparable y que el retraso en la celebración del juicio impidiera que se arreglara (como sucedería, por ejemplo, con el inicio de unas obras que se considerara ilegales: si el juicio tardara meses, las obras que se pretendía declarar ilegales habrían quedado ejecutadas). Pero en este caso se opta por esperar al juicio, por la vía penal, que es lo que se celebró ayer. La novedad es que el desalojo no será inmediato, sino en función de lo que diga la sentencia.