El juez Acayro declara nulo el Pleno que tumbó el convenio de Conservas Lolín
El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 4 de febrero, al rechazar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para la entrada en vigor del convenio que el Consistorio suscribió con la empresa para su traslado al polígono de Vallegón y la construcción de un centro comercial en los terrenos que actualmente ocupa.
El auto ha trascendido por una nota de prensa del PRC en la que pide «responsabilidad» al Ayuntamiento de Castro Urdiales. La resolución, consultada por EL FARADIO, estima el incidente de ejecución planteado por la empresa y declara nulo el Pleno porque «bajo la apariencia de rechazo» a la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 23 del PGOU «se esconde» una «revocación arbitraria» del convenio, contraria a una sentencia firme del 7 de enero de 2019, que a su vez rechazó el recurso presentado por el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela situada frente a la conservera, César Barco.
En el auto, Acayro acuerda retrotraer el expediente a la convocatoria del Pleno del pasado mes de febrero a fin de que, en un plazo de 5 días, se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado, y con «apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas».
EL CONVENIO
El convenio urbanístico, aprobado en un tenso Pleno en el Ayuntamiento, el 30 de mayo de 2017, con la presencia de trabajadores de la fábrica y vecinos, y responsables del PRC como el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, o la consejera de Justicia y secretaria de Organización regionalista, Paula Fernández, facilita el traslado de esa industria del entorno urbano al polígono de Vallegón.
Por otra parte, permite el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar, debiendo la empresa ceder al Ayuntamiento un local de 950 m2 en el edificio, además de construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.
Para permitir la aprobación del convenio en el Pleno, tuvo que dimitir el líder del PRC en Castro Urdiales, Jesús Gutiérrez, ya que al tener intereses se habría tenido que ausentar de la votación, lo que hubiera frustrado la mayoría política necesaria (la suma de Castro Verde, que gobernaba, y el PRC, en la anterior legislatura).
El partido ecologista Equo también había advertido de irregularidades relacionadas con el convenio, al considerar que se estaría encubriendo la apropiación de suelo público, además de un exceso de aprovechamiento urbanístico, o que la zona es inundable según los mapas de riesgo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).
Convenio Lolín: “No se puede condicionar el urbanismo a intereses particulares”
No obstante, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobó el convenio en la primera reunión de la legislatura.
La primera reunión con los constructores en la CROTU aprueba los planes de Lolín en Castro Urdiales
EL PRC PIDE «RESPONSABILIDAD» PARA «PONER FIN AL CONFLICTO»
El Partido Regionalista de Cantabria ha pedido “responsabilidad” al Ayuntamiento de Castro Urdiales para “poner fin” al conflicto que mantiene con Conservas Lolín.
Tras conocer la resolución judicial, el PRC se ha reafirmado en la postura y los argumentos esgrimidos por sus representantes municipales, que junto a los de Castro Verde fueron los únicos que apoyaron la modificación urbanística por entenderla ajustada a Derecho y contar con todos los informes preceptivos favorables.
Aunque estuvo presente en la sesión plenaria del 4 de febrero, la dirección regionalista no se había pronunciado hasta ahora sobre el asunto por la implicación personal de su portavoz en Castro Urdiales, el propietario de la empresa, Jesús Gutiérrez.
Pero una vez conocido el fallo judicial, explican en nota de prensa, ha valorado que “despeja cualquier posible duda” que pudiera existir sobre la legalidad del cambio en el PGOU y demuestra que si existe alguna razón para impedirlo “no es de orden jurídico”.
Por el contrario, destaca la “rotundidad” del juez al señalar que “bajo la apariencia de rechazo a la aprobación definitiva de la modificación se esconde una revocación arbitraria del convenio” suscrito en su día por la empresa y el Ayuntamiento para propiciar el traslado y el destino del suelo que ahora ocupa la fábrica a un centro comercial, y que ya fue respaldado hace algo más de un año por otra sentencia judicial.
Ante esta situación, el PRC opina que el Ayuntamiento “debe estar a la altura, asumir su error y enmendarlo, sin crear más trabas, ni poner en peligro los 50 puestos de trabajo que genera en este momento Conservas Lolín”.
El Partido Regionalista traslada además su solidaridad y apoyo a la plantilla de la conservera, cuyo futuro se ha visto “en el aire, como consecuencia de una decisión política que ahora resulta contraria a Derecho”.