Torrelavega y Santander deberán reformular la movilidad en sus calles para cumplir con los requisitos del Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética que la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la última semana a propuesta del Gobierno.

El proyecto, abierto a enmiendas hasta el 16 de junio de 2020, contempla numerosas medidas, recomendaciones y obligaciones para el conjunto del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

En este último ámbito, el municipal, los dos núcleos de población de Cantabria que superan los 50.000 habitantes estarán obligados, de aprobarse esta Ley, a introducir en la planificación de ordenación urbana “medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad”.

Así, Torrelavega y Santander tendrán que establecer zonas de bajas emisiones “no más tarde de 2023”, además de “medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables”.

En este sentido y como consecuencia de las exigencias de distancia de seguridad provocadas por la COVID-19, el ayuntamiento de la capital cántabra ha creado carriles bici por distintas zonas de la ciudad, como en las calles Reina Victoria y Alcalde Vega Lamera. Sin embargo, desde el Ayuntamiento se refieren a estos carriles como “provisionales”.

El proyecto de Ley también recoge la necesidad de “medidas para la mejora y uso de la red de transporte público y para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano”, así como el fomento “del uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga o el impulso de la movilidad eléctrica compartida”.

Según el texto registrado en el Congreso se entiende por zona de baja emisión “el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuó, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.

Las medidas recogidas en el proyecto de Ley están en sintonía con la Estrategia Española de Economía Circular, aprobada recientemente, y que sitúa a Cantabria en el furgón de cola en esta materia al no contar con legislación propia pese a los anuncios hechos por la Consejería de Medio Ambiente a principios de legislatura.