El Sector de Sanidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha remitido una carta al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez, en la que solicita recuperar la gestión pública del transporte sanitario en la comunidad, en la actualidad adjudicado a la empresa privada Ambuibérica, que acumula sentencias y sanciones.

La misiva, enviada en nombre de la propia sección sindical de UGT en la empresa concesionaria del transportes sanitario de Cantabria, subraya que si algo ha demostrado la pandemia de la Covid-19 es «la necesidad de reforzar la calidad que se presta al ciudadano», tras denunciar que Ambuibérica «viene exponiendo gravemente a la población receptora de sus servicios y a sus trabajadores, al no poder garantizar una asistencia de calidad, como evidenciaría una auditoría de gestión, y al no cumplir con el pliego del contrato de adjudicación, como se ha demostrado en una auditoría realizada recientemente».

Para UGT, «esta situación es inconcebible en un servicio de urgencias y emergencias que no garantiza la idoneidad del material ni de los vehículos, que no protege en todo momento los intereses de los pacientes ni de los técnicos de emergencia sanitaria (TES) y profesionales del servicio y hace peligrar la salud de los usuarios cuando se dan retrasos injustificados».

En este sentido, la sección sindical de UGT en Ambuibérica matiza que «el 70% de los avisos de emergencia sanitaria que se dan en Cantabria están siendo afrontados por TES, que durante la pandemia han visto y vivido situaciones dramáticas, adentrándose en domicilios y lugares contaminados por el virus».

«Si algo se ha confirmado con esta crisis es que los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Cantabria son grandes profesionales pero con pocos derechos laborales, lo que no tiene justificación si la empresa adjudicataria cumpliera el contrato que firmó», agrega la carta del sindicato.

Además, UGT destaca la incertidumbre que ha generado en el transporte sanitario cántabro «las órdenes y normas bidireccionales», ya que los profesionales del servicio «no sabían si acatar las que provenían de la empresa o las dictadas por la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud».

UGT recuerda que «el transporte sanitario es una de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud» y que la crisis sanitaria de la Covid-19 «ha reafirmado que lo público gestiona el sector sanitario igual o mejor que las adjudicatarias privadas», por lo que insta a que «pase de ser un servicio gestionado por una empresa privada a ser gestionado por el Gobierno de Cantabria, como ya ha hecho el Gobierno de Islas Baleares con resultados muy positivos».

«Si no cambian las condiciones de vida y de producción, vendrán más pandemias y emergencias sanitarias desconocidas y las administraciones públicas deben estar preparadas para atajarlas», agrega el escrito remitido por UGT al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

El Sector de Sanidad de UGT asienta su propuesta en distintos informes en los que expertos coinciden en que «el protagonismo de lo público echará raíces y traerá un gran cambio en el sistema sanitario, por lo que el transporte sanitario no debe quedarse al margen para garantizar lo que los ciudadanos esperan y lo que el derecho a una sanidad universal les garantiza».

«Esta crisis ha sacado a la luz escandalosamente todo un legado de redes de Seguridad Social erosionadas, modelos laborales precarios y de bajos salarios, que acentúan la necesidad de equilibrar la distribución de riesgos y beneficios entre la sociedad, el Gobierno y el sector privado», añade la carta.

Para UGT, «si los expertos ya apuntan a que el Estado va a desempeñar un nuevo papel en la economía y va a terminar rescatando sectores estratégicos, el Gobierno de Cantabria debería sopesar si un mando único y coordinado en el transporte sanitario hace más eficaz y eficiente el servicio para el usuario que lo recibe».

«Los intereses que guían al Gobierno no son intereses económicos sino sociales, todo lo contrario al sector privado», puntualiza la carta enviada por UGT a Rodríguez, que concluye que «ya es llamativo ver como un servicio tan esencial para todos y de todos está siendo maltratado y abandonado de una manera vulgar y sin respeto, reincidiendo en el problema de la privatización».

ALCALDES DEL PRC INSTAN AL SCS A NO USAR LA COVID COMO EXCUSA PARA «RETROCEDER» EN LA ATENCIÓN SANITARIA EN EL MUNDO RURAL

Los alcaldes regionalistas de Arredondo, Leoncio Carrascal; Ruesga, Jesús Ramón Ochoa; Soba, Julián Fuentecilla; y Valle de Villaverde, Javier Pérez, han instado a la Consejería de Sanidad a que “no utilice” la situación derivada de la COVID19 para “retroceder” en la cobertura sanitaria existente en el mundo rural.

En su opinión, la COVID19 “no debe ser pretexto” para el cierre de consultorios o para la reducción de personal y horarios de atención.

Los alcaldes regionalistas han mostrado su preocupación por “el cierre temporal” de los consultorios médicos de sus localidades como consecuencia de la crisis de la COVID19, ya que los vecinos deben trasladarse al centro médico de Ramales de la Victoria.

Al hilo, han apuntado que entienden que el SCS decretara su cierre en lo peor de la pandemia, pero han recordado que son más de 2.000 vecinos, la mayor parte de edad avanzada, los que deben hacer kilómetros para recibir atención sanitaria.

Por ello, han insistido en la necesidad de reestablecer el servicio de sus consultorios médicos, manteniendo el mismo número de profesionales y de horas de atención.

De hecho, los alcaldes de Arredondo, Ruesga, Soba y Valle de Villaverde han demandado al SCS “más comunicación y más información” sobre “la apertura o cierre” de los consultorios. “Se trata de decisiones que afectan a nuestros vecinos y debemos estar informados puntualmente de cualquier cambio organizativo en los consultorios”, han concluido.