La semana ha comenzado con el inicio de los trabajos de pintado del faro de Ajo (Bareyo) por parte del grafitero cántabro Okuda San Miguel, en un proyecto con fines turísticos que han impulsado el Gobierno de Cantabria, el Puerto de Santander y el Ayuntamiento de Bareyo.

El proyecto ha levantado multitud de críticas que inciden en su impacto sobre el paisaje, en el deterioro del patrimonio y en la entrega a un modelo de comunidad basado en el turismo, y, dentro del turismo, el menos sostenible.

Así se han pronunciado colectivos como DEBA o el Grupo Alceda, además de expertos como Alberto Santamaría, profesor universitario especializado en análisis de la cutura, o la gestora Marta Mantecón, entre otros, mientras que partidos como Izquierda Unida han expresado dudas sobre la legalidad de esta intervención, al igual que el movimiento Cantabria No Se Vende.

EL PROYECTO

El proyecto consiste en pintar con más de 72 colores, los característicos de Okuda, el faro de Ajo y los dos edificios anexos, gracias a la colaboración entre el Gobierno autonómico, la Autoridad Portuaria de Santander (propietaria de la finca) y el Ayuntamiento de Bareyo, que financiarán la actuación con una aportación conjunta de 75.000 euros, si bien tras las críticas se apostó por convertirlo en una intervención temporal, no permanente, durante ocho años, y el presupuesto se redujo a 40.000.

Para financiar los trabajos, fue necesario aprobar una modificación del presupuesto municipal de Bareyo para este mismo año.

CRÍTICAS

Viñeta Paisà García

Desde el mundo cultural, asociaciones profesionales como PECCA (la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria), Movimiento en Red, el Instituto de Arte Contemporáneo , ACEPAE (Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas) y AGACC (Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria) han hecho hincapié en la falta de participación desde los profesionales de la cultura en un proyecto que supone un desembolso importante para un único proyecto en un momento en que la cultura demanda apoyo.

Contra el faro se han posicionado colectivos como Alceda, grupo de defensa del patrimonio que emitió una tribuna firmada por profesionales como Luis Villegas, Maricel Losada, Ramón Maruri, Esperanza Botella, Miguel de la Fuente, Aurelio G Riancho, Domingo Lastra, Simón Marchan, Carmen Alonso, Esther Sainz-Pardo, María García-Guinea, Rosa Coterillo, Juantxu Bazán, Fernando Mantilla, Orestes Cendrero, Eva Fernández, María José G-Acebo, Mina Moro, Ana Lastra, Juan Carlos Zubieta, Virgilio F-Acebo, Karen Mazarrasa, Javier Gómez-Acebo, Lourdes Ortega, Alfonso Moure, Daniel Martínez Revuelta, Claudio Planás, Javier Marcos, Mercedes Fernández, Ignacio Lombillo, Jesús Ruiz, Javier R. Carvajal, Joaquín Mantilla, Fernando Abascal, Angela de Meer, Fernando Vierna y Ana Rubio.

Y una petición en Chanhe.org superó las 5.000 firmas, apelando al excesivo gasto del proyecto, mientras que el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga (PSOE) ha evitado apoyar públicamente el proyecto.

DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

Además, se han planteado distintas dudas sobre la legalidad de esta intervención.

Así, desde Izquierda Unida se ha recordado que el faro del Cabo de Ajo está incluido dentro del Catálogo de Protección de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico del Plan General de Ordenación Urbana de Bareyo, en el cuál se describe el grado de protección del edificio.

Está catalogado como protección integral en el PGOU, por lo que no puede ser modificado con la técnica que se pretende, ya que “violaría” la normativa recogida en el Plan.

En concreto, el PGOU recoge en el apartado de ‘Normas comunes a los distintos grados de protección’ que “las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de interés que hubieran motivado su protección”.

También este apartado del PGOU de Bareyo, refiere que “en los materiales de acabado de fachadas, […] protegidos o que tengan interés, aparte de las obras de conservación, sólo se permite su reposición”, siendo ésta definida como la “sustitución de partes o elementos de un edificio por otros que tengan características similares a los originales”.

El citado plan recoge que la protección integral considera que “los edificios deben conservar su estructura y disposición general, manteniendo íntegramente su aspecto exterior” o que sólo “se admiten obras de acondicionamiento parcial siempre que no afecten a los espacios o elementos arquitectónicos, escultóricos o decorativos más significativos, […] salvo que en la documentación que acompañe al proyecto se justifique su escaso valor de origen o a causa de modificaciones posteriores de menor interés”.

En uno de los puntos, el 7, se explica literalmente, que “no podrán realizarse obras que afecten al exterior de la edificación fuera de las de conservación y consolidación. Los materiales empleados en el revestimiento de fachadas, cubiertas y carpintería de los huecos deberán ser acordes con la condición de elemento catalogado del edificio, sus características compositivas y su historia. Las obras de modificación de los huecos de fachada o los elementos volados quedarán prohibidas salvo que se incluyan en un proceso de restauración”.

LOS FINES DE LOS FAROS

Y desde Cantabria No Se Vende se han remitido a la Normativa de Puertos y Costas, así como por la Orden de 28 de abril de 1994 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (publicada en el BOE del 6 de mayo de 1994).

Esta normativa adscribe los faros y sus parcelas a las Autoridades Portuarias con los únicos y exclusivos fines de señalización marítima, con la única excepción de intervenciones destinadas a la conservación del patrimonio arquitectónico de cada faro (artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante), algo no aplicable en el caso de Ajo al haber declarado expresamente desde el Gobierno que la finalidad del proyecto de pintado es única y exclusivamente turística.