La actividad de los órganos judiciales en Cantabria sufrió un importante descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la crisis sanitaria causada por la covid-19.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

El mayor impacto en los órganos judiciales de Cantabria se observa en los lanzamientos practicados, que de abril a junio fueron 58, frente a los 164 del mismo periodo de un año antes, lo que supone un descenso del 64,6 por ciento.

A nivel nacional, la caída es aún mayor, del 90,6 por ciento, y es que Cantabria es la comunidad autónoma donde el descenso es más suave, seguida de Castilla y León, que vio cómo sus lanzamientos practicados fueron un 77,2 por ciento menos que en 2019.

Pero no sólo los lanzamientos disminuyeron, también las ejecuciones hipotecarias (un 61 por ciento), los concursos de acreedores (un 30,8 por ciento), los despidos (un 23,2 por ciento), las reclamaciones de cantidad (un 18,1 por ciento) y los procedimientos monitorios (un 12,1 por ciento).

Además, durante este periodo el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y el nº 2 bis, encargados de tramitar y resolver todos los procedimientos relativos a cláusulas suelos y otras acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias que se presentan en Cantabria, registraron 852 nuevos asuntos y dictaron 648 sentencias, de las que el 97,5 por ciento estimaron las pretensiones de los particulares.

Junto a ello, los juzgados de primera instancia de la región ingresaron diez procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda y resolvieron siete, quedando pendientes al final del periodo veintidós.

Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.

Todos estos datos proceden del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al segundo trimestre de 2020.

Donde menos caen los lanzamientos por impago de hipoteca

El informe analiza una serie de procedimientos que se tramitan en los juzgados de primera instancia: los lanzamientos, las ejecuciones hipotecarias, los procedimientos monitorios y los verbales por ocupación ilegal de la vivienda.

De los 58 lanzamientos practicados durante el trimestre, 44 se debieron al impago de un alquiler, lo que supone un descenso del 66,4 por ciento, una caída menor que la experimentada por la media del país, que fue del 89,8 por ciento.

Otros doce fueron debidos al impago de una hipoteca, esto es, un 36,8 por ciento menos que un año antes. Cantabria se sitúa nuevamente como la comunidad autónoma donde el descenso es más suave, ya que a nivel nacional la caída de lanzamientos por este motivo fue del 92,1 por ciento de media.

Por otro lado, los procedimientos de ejecución hipotecaria que se presentaron entre abril y junio en los juzgados de primera instancia de Cantabria ascendieron a 23, frente a los 59 de un año antes, lo que representa un descenso del 61 por ciento.

Al contrario de lo ocurrido en los parámetros analizados anteriormente, en este caso Cantabria es la región que experimenta una caída más acusada y es que a nivel nacional las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 12,2 por ciento.

Junto a ello, los juzgados de primera instancia registraron 1.795 procedimientos monitorios frente a 2.041 de un año antes, lo que supone un descenso del 12,1 por ciento, frente a una media nacional en la que el descenso casi fue el doble (23 por ciento). En este tipo de procedimientos se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Los concursos de particulares sí crecieron

Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander -que responden a procedimientos sobre empresas-, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región -que son los que se refieren a particulares.

En el segundo trimestre de 2020 se presentaron un total de 18 concursos –siete de empresas y once de persona física-, frente a 26 en el mismo periodo de 2019 –dieciocho de empresas y ocho de persona física. Ello supone un descenso global en los concursos del 30,8 por ciento, frente al 22,7 por ciento de caída a nivel nacional.

No es habitual que los concursos de particulares superen a los de empresas y esta peculiar circunstancia se traduce, además, en que este parámetro es el único de este informe que experimenta una evolución positiva.

Así, mientras los concursos de empresas disminuyeron un 61,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2019 (a nivel nacional la caída fue del 34,7 por ciento), los concursos de personas naturales aumentaron un 37,5 por ciento (a nivel nacional disminuyeron un 6,2 por ciento).

Además, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró siete concursos (cuatro menos que en 2019); otros dos fueron declarados y concluidos (en 2019 no registró ningún procedimiento de este tipo); en dos se abrió fase de convenio (uno más que en 2019) y en cinco se fue a la liquidación (seis menos que en 2019).

Junto a ello, este órgano judicial declaró un concurso consecutivo (dos en 2019), que son aquellos que afectan a personas físicas, empresarios o no, en situación de insolvencia y a personas jurídicas, con un pasivo inferior a cinco millones de euros, bienes y derechos con un valor inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores.

Finalmente, este Juzgado recibió un expediente de regulación de empleo presentado por una empresa que se encuentra en situación de concurso, frente a cinco EREs que ingresaron en el mismo periodo del año anterior.

Incidencia en los juzgados laborales

La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.

Durante el segundo trimestre de 2020, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 208 demandas por despido, 63 menos que las que se presentaron un año antes, lo que supone un descenso del 23,2 por ciento. La media nacional experimentó una caída del 2,6 por ciento.

Las reclamaciones de cantidad fueron 381, 84 menos que un año antes, lo que se traduce en una disminución del 18,1 por ciento. A nivel nacional, este tipo de procedimientos registró un descenso del 36,7 por ciento.