Durante años, la relación entre el Ayuntamiento de Santander y SADISA venía siendo “pacífica”, como la ha definido el propio grupo constructor refiriéndose al contrato de basuras de la capital que gestionan dos de sus empresas, ASCAN y GEASER (que forman CUIDA SANTANDER).

Y así lo argumentó en sus alegaciones a la apertura del expediente de resolución del contrato, abierto tras años de quejas ciudadanas, asociativas y políticas por la suciedad en las calles.

Aparte del propio contrato de las basuras—que consiguió frente a las grandes del sector a nivel estatal–, estaban otras adjudicaciones o la procedencia de empresas del grupo de ediles y altos cargos con competencias en obras y urbanismo, o la influencia que tuvo el grupo en la definición del convenio de San Martín.

Por eso, cuando se abrió el expediente, ahora camino del Consejo de Estado y de una más que probable judicialización, tanto la empresa como su líder, Santiago Díaz, reaccionaron con una mezcla de extrañeza, sorpresa y, en consecuencia, enfado: el empresario, en su esperada rueda de prensa, en la que apuntaba a factores externos y nuevos en el plano político; y la empresa, en sus alegaciones ante el propio Ayuntamiento.

En ellas, relatadas por EL FARADIO, recordaba al Consistorio la ausencia de penalizaciones (sanciones) hasta el último año, o cómo “pregonaba” las bondades del contrato y su sistema tecnológico en todo tipo de foros.

Estas alegaciones, las respuestas con las que trata de desmentir los incumplimientos por valor de 7 millones de euros que le atribuye el Consistorio, son rechazadas por un informe de la Dirección General de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso EL FARADIO.

En la respuesta de su titular, Belén Domínguez, cargo de confianza nombrado en su día por De la Serna, esa “pacífica” relación da paso a calificaciones hacia representantes de la empresa en la que les afea su “inventiva” o intento de “intrigar y enmarañar” a base de “artificio”.

«VOLUNTAD» DE INCUMPLIR

En el expresivo informe de Medio Ambiente para rechazar las alegaciones de CUIDA SANTANDER (es decir, la suma de ASCAN y GEASER, ambas del grupo SADISA), se muestra sorpresa por la “inventiva” del gerente de la UTE (Unión Temporal de Empresas) cuando presume de cumplimiento de contrato durante los siete años.

Con los contenedores se habla de una “inobservancia reiterada y mantenida” (que llevó a un informe específico sobre contenedores, en julio de 2019, que detectó 40 incidencias en un único día, que además no fueron corregidas, ninguna, al girarse una segunda inspección 24 horas después). Hay, insisten, una “voluntad por parte de la UTE de no atender los compromisos contraídos”.

«IMPOSTURA Y ARTIFICIO»

El de la plataforma de gestión –con retrasos que dificultaron las labores de control– es uno de los argumentos que emplea la directora general de Medio Ambiente para rebatir que el contrato se desarrollara de forma pacífica hasta este año, como sostiene el grupo SADISA.

De hecho, elabora un cuadro en el que repasa los distintos avisos (todos a partir de 2018, en cualquier caso), frente a la negación de la empresa, en lo que este departamento califica de “impostura”.

Para la directora general, la “insistencia” de la empresa en este argumento “no es más que otro artificio para desviar la atención frente a los incumplimientos de sus obligaciones”.

Además, Medio Ambiente recrimina a la empresa que quiera “sembrar la confusión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones en el plano tecnológico: por un lado está la plataforma de gestión del servicio, y, por otro, el repositorio de datos, objeto de otro contrato distinto. La UTE se refiere a ambas indistintamente.

En su informe, la directora general continúa subiendo el tono: “aunque el concesionario no ceje en su empeño de intrigar y enmarañar con sus conjeturas en lo que respecta a los avances tecnológicos requeridos, la realidad es que se trata de dos plataformas diferentes, con diferente objeto, siendo palmario el incumplimiento de las funcionalidades (…) para la plataforma de gestión del servicio”.

Tras repasar los argumentos de la empresa con las alegaciones — incluyendo las relacionadas con el personal–  Medio Ambiente llega a la conclusión de que plataforma, papeleras y contenedores suponen en la práctica el incumplimiento del objeto del propio contrato de las basuras.

AFIRMACIONES «INTIMIDATORIAS»

En sus alegaciones, la empresa trató de presentar los pagos periódicos como una conformidad por parte de la administración con el servicio, y la Dirección General de Medio Ambiente les responde que no lo implica, sino que son abonos a cuenta de un precio periódico para financiar el coste del servicio y el cumplimiento del contrato se valora en realidad a su término.

Medio Ambiente tilda las afirmaciones del gerente de la UTE de “falsas” y que “podrían calificarse de intimidatorias”, al poner en boca de la responsable del contrato “pronunciamientos que no se corresponden” (al referirse a documentos distintos firmados por cargos distintos).

FALTA DE COLABORACIÓN

También le afea la falta de respuesta a requerimientos de documentación, tanto de entidades de control como del propio Ayuntamiento, hasta el punto de que fue necesario establecer fechas y horas para que los técnicos, “después de varias ocasiones”, acudieran a las instalaciones de la empresa para comprobar que estuvieran allí los medios catalogados como no vistos en informes, para comprobar que en efecto estuvieran disponibles. Esa “falta de respuesta” se ha demorado “más allá de lo justificable”.