«Los grandes grupos gestores de residencias son los que más se nutren de dinero público»

Manuel Rico, periodista responsable de la sección de investigación del medio digital Infolibre, acaba de publicar un libro titulado 'Vergüenza. El escándalo de las residencias' y ha mantenido una charla dentro ciclo 'Palabras mayores' de UNATE, La Universidad Permanente'
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Más de 13 meses de pandemia. Un tiempo que puede ser muy largo, o muy corto, depende de lo que se quiera medir. Si hablamos de estos 13 últimos, seguro que es muy difícil encontrar a alguien que diga que se le han pasado volando. Es posible que en las residencias de mayores sea todavía más complicado.

A estos centros se han dirigido muchas miradas durante este tiempo. Por las cifras, aterradoras, que ha dejado la COVID-19. Pero también porque han tenido lugar muchas experiencias que tienen que ver con el miedo, el dolor, la ansiedad, la incertidumbre o la soledad.

Una de las miradas que se ha dirigido hacia las residencias es la del periodista Manuel Rico, y que se ha plasmado en un libro que ahonda en la gestión que se hace de estos centros en España. El título da más que una pista sobre lo que se ha encontrado: ‘Vergüenza. El escándalo de las residencias’.

En su trabajo de investigación se ha encontrado con muchos datos que muestran cómo funciona este sector en España. Y también ha hallado mucha opacidad, por parte de algunas empresas que gestionan residencias en nuestro país, pero también por parte de las administraciones públicas, especialmente la autonómicas, que son quienes tienen la competencia adjudicada.

Hablamos de un sector casi completamente privatizado. «Un 89% de las residencias sonde gestión privada. En Cantabria, un 95%», cuenta. «Estamos hablando de más de 20.000 fallecidos en la primera ola, probablemente 35.000, si miramos al exceso de mortalidad, y 30.000 hasta la fecha, unos 45.000 en cifras reales», refiere Rico.

«Es difícil que sea un ‘best seller’ un libro sobre un tema tan duro», reconoce, pero lo que le parece fundamental al sacar este libro es que se abra un debate sobre el modelo que funciona en España y que se pueda avanzar hacia su mejora, sobre todo pensando en los servicios que reciben los usuarios.

Rico explica en la charla mantenida con UNATE, La Universidad Permanente, que su libro se divide en tres partes: primero, analizar lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia; segundo, ver quién se está enriqueciendo con el modelo actual; tercero, cómo debe cambiar la administración para que haya una fiscalización del funcionamiento de estos centros.

«La administración tiene que vigilar lo que sucede en las residencias», comenta el periodista. Y lo que se ha encontrado es que «ni hay una legislación adecuada, ni una inspección adecuada ni unas sanciones adecuadas». Por lo tanto, faltan cosas por cambiar para que el sistema funcione de otra manera, y con bastante margen de mejora respecto a cómo están las cosas en la actualidad.

Señala dos grandes anomalías en el sistema. Por un lado, que hay «grandes grupos en manos de fondos de capital privado que son inadecuados para cumplir esta función». Lo que buscan, según Rico, es poder maximizar el beneficio de su actividad durante un plazo de cinco años, para después vender la propiedad con la máxima plusvalía posible y «dar un pelotazo». Para lograr un buen rendimiento mientras gestionan el espacio, «o consigues muchos mayores o recortas condiciones laborales», resume.

La otra gran anomalía la ve en la Iglesia. Explica que es el «principal operador» en España en el sector de las residencias, gracias a «diversas órdenes religiosas que funcionan con un concepto de caridad del siglo XIX», de manera que buscan fondos con algo tan antiguo como pedir limosna. «No se puede depender de que las monjas vayan a pedir limosna para atender mejor a los mayores», estima el autor.

También quiere defender que no todas las empresas son iguales. Algunas de las que se encargan de gestionar residencias son pequeñas empresas familiares. Son los grandes grupos quienes tienen ese comportamiento que alude a un capitalismo exacerbado, donde el ‘leitmotiv’ en torno al que gira todo es la rentabilidad. Algo que, cuando hablamos de la atención a los mayores o a cualquier colectivo con algún tipo de vulnerabilidad, no resulta quizá el punto de vista más adecuado.

Rico apunta que hay unas 5.200 residencias de mayores en España. De ellas, unas 1.346 son de titularidad pública, pero 754 de ellas están privatizadas en su gestión. Y otro dato que le parece preocupante es la escasísima construcción de nuevos centros de titularidad y gestión pública. Además, señala, «esto va más allá del color político», porque esa tendencia se produce en comunidades como Madrid, donde el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1995 (los dos últimos años en un Gobierno de coalición con Ciudadanos), Extremadura, donde el PSOE ha gobernado todas las legislaturas menos una, o la Comunidad Valenciana, donde ha estado más tiempo el PP en el poder, pero el PSOE también ha tenido etapas de Gobierno, como los seis últimos años, gobernando con Compromís.

El periodista de Infolibre habla de una doble opacidad. Por un lado, la de la administración, en lo que califica como «desierto estadístico» en este sector. Y por otro, el de esas empresas en manos privadas que suelen pasar por algún país de la Unión Europea, generalmente Luxemburgo y Holanda, para tener la propiedad de una residencia o un grupo de ellas con sede en la isla de Jersey, un territorio británico que es un paraíso fiscal, y donde se hace imposible conocer la identidad de un inversor. Es el caso de Domusvi, líder en España en el sector.

El siguiente problema, añadido al de la opacidad, es que son estos mismos grupos inversores «los que más se nutren del dinero público». El dato que aporta en la conversación es que en 2019, el último año cerrado del que hay cifras oficiales, «2.000 millones de dinero público acabaron en manos de empresas privadas que gestionan residencias, la mayoría del dinero para grandes empresas». Quieren vivir con unas normas legales, pero opacas, pero después viven del dinero de todos, y lo hacen ocultando su identidad, según el relato de Rico.

Por eso señala que la inspección de las administraciones debería ser mucho más profundo. Y pone el ejemplo de cómo funciona eso en Alemania, donde los inspectores recaban información y la envían a un organismo independiente. Además, se preocupan de investigar los accidentes que suceden en los centros, como que un usuario sufra una caída, y también seleccionan a nueve residentes de cada institución para saber de primera mano cómo es su vida allí. También se reúnen con la dirección para ver en qué se puede mejorar, y después se publica el informe de la inspección. Es un modelo mucho más transparente.

Aunque Rico insiste en decir que las residencias son competencia de las Comunidades Autónomas, sí que responsabiliza al Gobierno central de no «haber facilitado los datos que le llegaban de las Comunidades Autónomas», una manera, estima el autor, «de tratar a los ciudadanos como a niños». Se escudaba en la baja calidad de los datos recogidos, pero eso es algo que también se podría haber explicado.

El periodista relata que algunas comunidades no han querido facilitarle todos los datos que ha pedido. Y de nuevo, no importa el color político. Destaca que le ha ocurrido con Castilla y León, donde gobiernan PP y Ciudadanos, con Aragón, donde el PSOE lleva el gran peso del Ejecutivo, pero en coalición con Podemos-Equo, la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, y con la Diputación Foral de Vizcaya, donde manda el PNV. Sin embargo, afirma que Cantabria fue una de las comunidades que menos tiempo tardó en remitirle la información que precisaba.

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