El movimiento por la vivienda tiene una cita este miércoles, con la concentración en recuerdo del primer aniversario de la muerte de las dos hermanas, mayores, que aparecieron muertas en su vivienda en la calle Burgos y que vivían con el temor al desahucio de la vivienda: .será a las 19.30 horas en la Plaza del Reenganche, convocada por la PAH, STOP DESAHUCIOS, la Plataforma de Pensionistas de Santander y las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria.

Pero además, este jueves 18 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentarán llevar a cabo el lanzamiento de un veterano activista del movimiento antidesahucios, Roberto Mazorra.

Desde la Red Antidesahucios, así como desde la PAH y la plataforma Stop-Desahucios se hace un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la movilización contra el lanzamiento de Roberto, que se producirá el próximo jueves 18 de mayo a las 8.15 horas en la calle León Felipe nº 7 de Santander.

Este sería el segundo intento de desahucio que sufre Roberto, ya que en octubre de 2022 hubo otro lanzamiento programado pero se suspendió por causas jurídicas.

En este momento ya se han agotado todos los recursos judiciales, a pesar de la existencia de informes médicos sobre su estado de salud -es un enfermo del corazón que ha sufrido dos infartos en los últimos años- y de vulnerabilidad socioeconómica.

DE ALQUILER SOCIAL A FONDO

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuando la extinta LIBERBANK cede la vivienda en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble es adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PEÑICAS, S.L.

En 2018, DESARROLLOS LAS PEÑICAS, fondo al que LIBERBAK derivó sus viviendas para alquiler social, denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente ya que contaban con la autorización del propietario en su momento, LIBERBANK.

Posteriormente, el fondo vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil), recibiendo sentencia a su favor, después de diferentes recursos, a finales de 2021.

DE FONDOS A EMPRESAS

Unos meses antes de la sentencia definitiva, en mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados.

Durante varios meses, el supuesto nuevo propietario se puso en contacto telefónico con los afectados, amenazándolos en numerosas ocasiones y contratando a una empresa alicantina dedicada a la «extorsión de inquilinos».

Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un bufete de Valladolid, que no se quedó atrás en cuanto a las amenazas y coacciones:  “Vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera. Y si os tienen que dar dos hostias os las van a dar. Que a esa gente no se la pone nada por delante”. Las víctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsión, daños, etc., contra los responsables.

UN ACTIVISTA VETERANO

Roberto Mazorra lleva más de una década militando en el movimiento antidesahucios; es asesor legal tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios, y actualmente es portavoz de la Red Antidesahucios, que es el colectivo constituido de forma reciente y dedicado única y exclusivamente a parar los lanzamientos judiciales.

Mazorra describe unos hechos “muy turbios”, en su opinión: “Inicialmente, me pareció absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes’ y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensaría que utilizando la fuerza y las amenazas nos íbamos a ir de forma inmediata de nuestra casa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. Se trata de un negocio. En el caso de que sea el propietario real y no un testaferro”.

Mazorra también carga contra la actuación de los abogados del turno de oficio en el proceso civil o que no se le haya recibido desde las instituciones para abordar el tema.