El acoso inmobiliario continúa, con o sin nueva Ley de Vivienda

Volvemos al caso de María, una familia con un hijo menor que vive en Piélagos y que lleva ya muchos con la amenaza de desahucios muy presente. Esta semana han vuelto a sufrir acoso inmobiliario, una situación ante la que no se defiende a las familias, sino a los acosadores
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Este mismo jueves les han avisado de que alguien estuvo en su casa haciendo fotos, incluso colocando un cartel de se vende para que constara en una fotografía, aprovechando que no había nadie. Un comportamiento que denota impunidad.

Por si esto fuera poco, el visitante dejó una nota para que esta familia, que lleva años luchando por permanecer en su casa, se ponga en contacto con él para ver, en resumen, de qué manera puede rendirse la familia y entregar la casa a un fondo de inversión. Altamira es quien ha estado detrás de caso. Este fondo estuvo primero en manos del Banco Santander, pero después se integró en Los Peñicas, otro fondo de inversión ligado a Liberbank.

Pero lo más sangrante para María es que esa nota no se dejó en un buzón, sino en la puerta exterior de la vivienda, a la vista de todo el que pasara por allí. La consecuencia de hacerlo de esa manera es que se estigmatiza y humilla a quienes viven dentro, se les señala como si fueran unos okupas cualquiera, obviando que viven en su casa.

«Si abandono mi casa sería faltar a mi ética tras 13 años»

Un fondo de inversión, o de capital riesgo, o buitre, como también se les denomina a menudo, no haría este tipo de cosas si no hubiera un consentimiento detrás.

Hace ya 15 años del estallido de la burbuja inmobiliaria y de que el drama social que son los desahucios empezase a ser algo mucho más habitual. Y todavía no se ha conseguido solucionar esta situación. Se aplican parches, como que se hayan frenado, por decreto, desahucios de casos como el de María, porque hay una situación de vulnerabilidad demostrada. Y ahora se aprueba una Ley de Vivienda estatal con el recelo de los colectivos antidesahucios, porque supone un avance en cosas como que los alquileres no disparen sus precios en zonas denominadas como tensionadas, pero no ataja el grave problema de que los fondos de inversión puedan campar a sus anchas, deshumanizando a personas que se las ven y se las desean para pagar su hipoteca o su alquiler, y acosando sin consecuencias a quienes quieren expulsar de sus casas.

Es decir, la legislación sigue sin poner en el centro a quienes tienen derecho a una vivienda, sino que blinda el derecho a especular con ese bien básico. Hasta un exministro socialista, del actual Gobierno central, dijo que la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado. Ahí está el problema. Se hacen retoques que pueden ser útiles, pero no se alcanza la raíz.

Los fondos de inversión, muchas veces, tienen detrás a un banco que los crea y los usa como un brazo ejecutor. Es una forma de actuar sin mancharse las manos públicamente. Esto en Cantabria lo hemos visto claramente con Liberbank, ahora dentro de Unicaja, pero que surgió de una unión de cajas de ahorro, entre ellas Caja Cantabria. Una entidad financiera que contó con la confianza de muchísimas ciudadanas de esta comunidad, pero que acabó transformándose en algo mucho menos social, más egoísta, pero también cruel hasta llevar la salud mental de numerosas familias a una situación insostenible.

Son ya muy numerosos los intentos de familias a nivel particular y de colectivos como la PAH de Santander o Stop Desahucios, o la nueva Red Antidesahucios en Cantabria, de hablar con las instituciones y tratar de negociar para que no se sigan produciendo casos como el de María. Y ya se han cansado de las buenas palabras. Ni siquiera se trata de poner en cuestión que una administración pueda tener una buena voluntad para resolver un problema o casos puntuales. Pero lo que proponen y hacen se queda corto. No sirve para solucionar muchos casos, ni evita el acoso inmobiliario, ni tampoco se encarga de velar por la salud mental de las familias, que avanzan en un día a día sin garantías de que al día siguiente les llegue una carta del juzgado que les obligue a abandonar su hogar.

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A menudo oyen y leen que se hace todo lo posible por mejorar, que saldremos más fuertes de una determinada crisis, pero eso no se traduce en que sus vidas mejoren. Por cierto, para las familias que están al borde de un desahucio, también sube la cesta de la compra.

Y mientras se sigue desviando el debate público casi a diario con los mensajes sobre los okupas, pero sin distinguir lo que es un verdadero okupa de familias que viven en la desesperación de no poder permitirse un alquiler, no digamos una hipoteca, y que no tienen el sustento suficiente por parte de quienes dicen defenderles.

Este domingo también será el día de esas madres como María, que velan por niñas y niños que crecen marcados por la vulnerabilidad, que no han podido salir todavía de la crisis de hace 15 años, que sufren las siguientes que van viniendo y que aguantan como buenamente pueden para tener siempre una sonrisa y un beso para sus pequeños, aunque con el dolor de no darles todo lo que merecen o lo que desearían darles. Y mientras, soportando humillaciones y acosos que nadie debería de sufrir en la vida y que no deberían tener amparo legal.

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