La solvencia de CELSA, es decir, su capacidad para aguantar económicamente gastos, ha sido objeto de profundo debate a base de informes y contrainformes en el proceso judicial que ha desembocado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona conocida este lunes y que ha dado la razón a los fondos financieros que en su día compraron la deuda y ahora han conseguido convertirla en las acciones que les hacen propietarios de este grupo industrial que en Cantabria tiene emblemas industrial como GSW –la antigua Nueva Montaña Quijano- o Trefilerías Quijano.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL FARADIO y con un enfoque muy basado en los aspectos económicos, se concluye que el grupo es “claramente viable”, si bien arrastra el problema de una “deuda histórica” que “lastra su actividad y futuro”.

Hablamos de una deuda que en 2022 ascendía a 1.270 millones de euros, y que en lo financiero –préstamos y operaciones complejas en esa línea– supera los 2.908 millones de euros tras sucesivas deudas y préstamos o traspasos de deudas (los bancos llegaron a vender la deuda por debajo de su valor y ahí fue cuando la compraron los fondos).

Para determinar si era viable o no en las circunstancias actuales, ambas partes en el proceso (los dueños de CELSA y los fondos acreedores que compraron la deuda a los bancos con quienes se tenía originalmente) y movilizaron a economistas o consultoras internacionales, previsiones de mercado de organismos o asociaciones internacionales.

CELSA RECUERDA QUE PUEDE CON LOS PAGOS DE NÓMINAS Y PROVEEDORES

Los acreedores cuestionan que la empresa tenga caja suficiente para hacer frente a sus pagos

Frente a esa tesis, el grupo CELSA defendía su solvencia, apoyados en informes, y se apoyaban en elementos como que estaban atendiendo todas sus obligaciones, salvo las que dan lugar a este proceso.

Así, enumeraba que paga regularmente a trabajadores o proveedores, habiendo mejorado tras la pandemia su situación económica con la que poder hacer frente a las deudas.

Y precisaba que la empresa vale más que lo que plantean los acreedores al querer convertir su deuda en todas sus acciones. 1.351 millones de deuda frente a 6.000-8.000 millones de valor del grupo.

LAS AYUDAS PÚBLICAS, FÓRMULA PARA IMPEDIR LA INSOLVENCIA

El grupo industrial planteaba la existencia de otras fórmulas para satisfacer lo pendiente, la emisión de deuda por sus filiales extranjeras, la desinversión en alguna filial, la salida a Bolsa o la búsqueda de un socio financiero.

Sin embargo, son fórmulas que ya descartó hace un año la Unión Europea: la situación de la empresa llevó a la petición de ayuda pública, articulada a través de la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y con fondos europeos.

Fueron, según recuerda la sentencia, 545 millones aprobados hace un año por la Comisión Europea.

Y para apoyarlo, tuvo en cuenta que era una medida de “último recurso” porque la empresa era “incapaz” de servirse de recursos ni de sus accionistas, el mercado o las propias empresas hermanas.

Es decir, no la veía financiable en condiciones normales de mercado, asequibles.

“La insolvencia de Celsa España no puede evitarse por medios menos restrictivos que la ayuda estatal”, concluyó.

La ayuda de la SEPI (empresa pública estatal para la industria) se dirigía, añade al juez, a pago a acreedores, por tanto, no a aumento de circulante (dinero en efectivo con el que contar, liquidez).

CELSA INTENTÓ QUE LA DEUDA FINANCIERA NO CONTARA PARA EL CÁLCULO DE LA DEUDA DEL GRUPO

Durante el proceso judicial, complejo y “enconado”, CELSA trató de rebatir las cifras alegando que parte de la deuda estaba siendo objeto de debate en otras instancias judiciales. Una tesis que los expertos citados vieron irrelevante, ya que no suponía negar la existencia de estas deudas.

De hecho, para la sentencia los informes en que se apoya CELSA (uno de ellos de la consultora Pwc) llegan a esa “errática” conclusión de que el grupo es solvente porque llevan a un “limbo”, “diseñado” por ellos mismos, unos 2.300 millones de euros de deuda financiera.

Una “cirugía contable” que “amputa” la deuda de una forma “injustificada” y “absolutamente arbitraria”, reprocha el magistrado, para quien si  esa conclusión  fuera correcta “las consecuencias avocarían al catastrófico colapso de los mercados de crédito”.

LOS ACREEDORES, PROFESIONALES CON UN “EXTRAORDINARIO MÚSCULO FINANCIERO”

La sentencia considera que el Plan de Reestructuración ofrece una perspectiva “razonable” para garantizar la viabilidad del Grupo Celsa.

Pero desde CELSA negaban que el Plan de Reestructuración elaborado por los acreedores y que ha desembocado en este proceso judicial, garantizara la solvencia del grupo, y consideran que el plan tiene muchas inexactitudes (como datos no actualizados).

En cualquier caso, el magistrado ve a la empresa “claramente viable”. El problema no es su día a  día, sino el “peso muerto” de la deuda “histórica”, que “lastra su actividad y su futuro”.

En la sentencia se analizan no sólo los sucesivos informes de ambas partas y el del experto encargado para el proceso, sino los diagnósticos y evolución del sector en el que trabaja CELSA, el metal y la chatarra, así como las previsiones, el impacto de la pandemia o las encadenadas crisis de precios (la guerra de Ucrania, la electricidad…).

Y se concluye que por lo general el grupo tiene una evolución similar a la de su propio sector –hay informes de la empresa que ofrecían datos incluso superiores-, además de haberse recuperado a la pandemia o adaptado en la tecnología a los requisitos medioambientales: desde reducción de costes hasta la introducción del denominado acero verde que plantea la Unión Europea.

El plan de reestructuración, origen del pleito,  es “la única alternativa viable” y los acreedores pueden dar estabilidad económica a la estructura financiera del grupo.

Un plan que, recalca, es estrictamente financiero, relacionado con la deuda, y no con medidas industriales.

Para el juez, los acreedores, los fondos que serán ahora accionistas, son “instituciones de inversión profesionales de ámbito global, con una dilatada experiencia y un extraordinario músculo financiera”.

Por eso considera, frente a las objeciones de la empresa a que un cambio en el accionariado perjudique a la viabilidad económica, que si CELSA puede en la actualidad con sus pagos más cotidianos pese a su deuda, con mayor razón seguirá poniendo si esta se regulariza con los nuevos propietarios.